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Estrasburgo condena a Rumanía y Lituania por complicidad con las cárceles secretas de la CIA

Los jueces consideran que colaboraron en el traslado ilegal y la retención de dos árabes presos ahora en Guantánamo

Instalación utilizada por la CIA como cárcel secreta en Bucarest, Rumanía.
Instalación utilizada por la CIA como cárcel secreta en Bucarest, Rumanía. AP

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Lituania y Rumanía por permitir a la CIA interrogar, retener y torturar a sospechosos de terrorismo en su territorio tras los atentados del 11-S. El veredicto considera probado que ambos países europeos facilitaron apoyo logístico a la Agencia de Inteligencia estadounidense para realizar traslados aéreos de sus detenidos, así como para encerrarlos en cárceles secretas donde recibieron un trato inhumano. En dos sentencias paralelas, los magistrados han concluido que con su complicidad se cometieron múltiples violaciones de los derechos humanos.

El tribunal, con sede en Estrasburgo, obliga a Vilnius y Bucarest a indemnizar con 100.000 euros a dos hombres que alegaron haber sido torturados y retenidos en estas prisiones secretas entre 2004 y 2006. Los demandantes son el palestino apátrida nacido en Arabia Saudí, Zayn Al-Abidin Husayn (conocido como Abu Zubaydah), de 47 años, sospechoso de preparar los atentados del 11-S y de ser uno de los principales líderes de Al Qaeda, que ha de recibir el dinero de Rumanía y obtendrá también 30.000 euros en concepto de costas del proceso. Y el saudí de origen yemení Husseyn Muhammad Al Nashiri, de 53 años, acusado de haber participado en el atentado contra el navío estadounidense USS Cole que provocó la muerte de 17 soldados en el puerto yemení de Aden en octubre de 2000, cuya demanda fue interpuesta contra Lituania. Fueron capturados en Pakistán y Dubai respectivamente, y actualmente permanecen encarcelados en Guantánamo. En 2014, los tribunales ya ordenaron que ambos fueran indemnizados con cantidades similares por Polonia.

La primera en reaccionar ante el varapalo judicial ha sido Lituania. El Gobierno de Vilnius no excluye recurrir el fallo, pero dada la extensión del escrito, de más de 300 páginas, todavía está analizando su contenido y no ha tomado una decisión al respecto. "Estamos considerando esa posibilidad", ha declarado a la agencia France Presse el ministro de Justicia, Elvinas Jankevicius.

La Corte ha lamentado no haber podido tener acceso a los denunciantes debido a que permanecen recluidos en condiciones muy restrictivas, pero ha concluido que Lituania y Rumanía violaron derechos fundamentales de Al Nashiri y Husayn. Entre ellos cita el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho al respeto a la vida privada y familiar, el derecho a tener un recurso efectivo, el derecho a un proceso justo y el derecho a la vida, este último por exponerles a ser condenados a la pena capital por EE UU. Como recomendación, pide a ambos Gobiernos que exijan a las autoridades norteamericanas garantías de que no van a ser ejecutados, y les insta a acelerar sus investigaciones internas para sancionar a los responsables de las violaciones de derechos.

Poco después del 11-S, la denominada guerra contra el terror iniciada por el presidente George W. Bush llevó a territorio europeo vuelos secretos de la CIA que trasladaban a centros de detención encubiertos a sospechosos de pertenecer a Al Qaeda. La existencia de este tipo de instalaciones carcelarias fuera de la ley se conoció en 2005 gracias a una investigación del Washington Post, y el propio Bush admitió la existencia de estas cárceles fuera de EE UU un año después, aunque negó que en ellas se torturase.

La primera condena de la Corte europea relativa a estas detenciones y vuelos secretos fue contra Macedonia en 2012 por torturas al ciudadano alemán de origen libanés Jaled El-Masri. Países como Polonia siguen sin reconocer la existencia de esas cárceles. Otros como Lituania sí han admitido su presencia. Un comité parlamentario determinó en 2009 que las prisiones secretas existieron en su territorio, si bien descargaba toda la responsabilidad sobre la agencia norteamericana y exculpaba a sus gobernantes.

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