Italia, denunciada ante Estrasburgo por refozar a la Guardia Costera libia

Diecisiete nigerianos que sobrevivieron a un naufragio mortal en el Mediterráneo a finales de 2017 denunciaron este martes a Italia ante la Corte Europea de Derechos Humanos por violar sus derechos al coordinar las operaciones de Libia para frenar la salida de migrantes, según han informado en Roma las ONGs que han presentado la querella. Esta es la primera denuncia contra los acuerdos alcanzados el año pasado por el Gobierno de Italia con las autoridades libias para reforzar a su Guardia Costera y que han supuesto que uno de cada tres migrantes que sale desde sus costas rumbo a Europa sea interceptado por los guardacostas libios. Los activistas que rescatan migrantes en el mar sostienen que el país norteafricano no es el puerto seguro que la ley internacional exige.

Los roces entre las autoridades italianas y libias y el puñado de ONG que se afanan por salvar a los que intentan cruzar el Mediterráneo central en patera son cada vez más frecuentes. Este mismo martes 105 migrantes tuvieron que esperar 30 horas a bordo del velero Astral, de Proactiva Open Arms, a que las autoridades italianas permitieran su traslado al barco fletado por SOS Mediterranee y Médicos Sin Fronteras para que fueran llevados a Italia.

La operación que origina la querella, suscrita por la ONG Global Legal Action Network (GLAN), ocurrió el 6 de noviembre de 2017. Una zódiac en la que viajaban 130 migrantes se hundía cuando, según los denunciantes, “la Guardia Costera de Libia interfirió en los esfuerzos de los activistas de la ONG Sea Watch por rescatarlos. Al menos 20 murieron”. Los que sobrevivieron fueron devueltos por los libios a tierra firme, donde sufrieron “detenciones en condiciones infrahumanas, palizas, extorsión hambre y violaciones. Dos de los supervivientes fueron posteriormente vendidos y torturados”, según una nota de GLAN.

La denuncia coloca en el punto de mira el último esfuerzo de Italia (y la Unión Europea) por frenar la llegada de migrantes a sus costas: los acuerdos del Ministerio del Interior italiano con el Gobierno libio reconocido por la ONU (que se disputa el poder sobre el terreno con un segundo Gobierno y varios clanes y milicias) han supuesto una creciente colaboración, la entrega de siete barcos y la instrucción por parte de la UE de 190 guardacostas.

La consecuencia ha sido un fuerte descenso de las llegadas y un gran aumento de los interceptados por Libia. Mientras casi 7.000 personas alcanzaban Italia desde el país árabe en lo que va de año, según el Ministerio del Interior italiano, otras 5.000 que lo intentaron fueron interceptadas según la guardia costera de Libia. En el mismo lapso de 2017 unos 41.000 completaron con éxito esa ruta.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tardará varios años en fallar sobre el caso. Italia ya perdió en 2012 un caso vinculado a su política migratoria y Libia. El tribunal declaró entonces a Italia culpable de haber violado la legislación internacional por haber devuelto al país norteafricano a 24 personas interceptadas en aguas internacionales, en una decisión judicial que le obligó a revisar sus operaciones migratorias en el Mediterráneo.

“Usar a los guardacostas libios como representantes para devolver barcos es simplemente una nueva manera de camuflar la estrategia [de Italia] de luchar contra la inmigración irregular en el Mediterráneo dejándolos atrapados en lo que el Ministerio de Exteriores italiano mismo ha calificado de un infierno”, ha declarado al anunciar la denuncia la abogada Violeta Moreno –Lax, de Global Legal Action Network.