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La movilización social empuja los avances contra la corrupción en América Latina

“La Lava Jato es solo la punta del iceberg”, dice el ministro de Justicia de Brasil

El líder indígena Tashka Yawanawa, de la etnia yawanawa, que asistió a las sesiones del WEF en São Paulo.
El líder indígena Tashka Yawanawa, de la etnia yawanawa, que asistió a las sesiones del WEF en São Paulo. REUTERS

La movilización social ha sido decisiva para que la lucha contra la corrupción en América Latina haya conseguido avances impensables hasta hace poco, como ver a cuatro expresidentes encarcelados por ese tipo de prácticas. Pero en la mayoría de los países subsiste una mentalidad comprensiva hacia los corruptos que es necesario erradicar, según los especialistas que intervinieron en la jornada de clausura del World Economic Fórum (WEF) para América Latina celebrado esta semana en São Paulo.

Una de las tradicionales lacras de las democracias latinoamericanas ha recobrado actualidad en los últimos meses tras destaparse la gigantesca red de sobornos que, a lo largo de todo el continente y de todo el espectro político, había urdido durante años la constructora brasileña Odebrecht. De un lado, la revelación de esos escándalos ha sacudido los sistemas políticos, pero al mismo tiempo ha servido para constatar que, en algunos países, la justicia está empezando a acabar con la impunidad, apuntaron varios de los asistentes a la cumbre del WEF celebrada estos días en São Paulo.

Frente a ese mensaje de optimismo tampoco faltaron las advertencias de que es preciso no bajar la guardia mientras permanezca una arraigada mentalidad condescendiente con las prácticas corruptas, esa idea de que el político “roba pero cumple”, como expresó la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira. “La justicia estaba durmiendo y ha despertado”, apuntó Ferreira. “Ahora es preciso que la sociedad entre en la fase de la posindignación, que no es solo salir a la calle, sino dirigir esa energía a crear canales de participación”. Ferreira también se refirió a que el sector privado no está libre de responsabilidad y broméo: “En Argentina decimos que la corrupción es como el tango, no se puede bailar sin dos”.

La mexicana Denise Dresser, analista política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que la solución solo es posible que nazca de la sociedad, porque la “clase política que se beneficia de la corrupción no puede ser la que la combata”. Dresser, que señaló que la corrupción se come el equivalente al 9% del PIB de México, pidió más implicación cívica en esa lucha y puso un ejemplo: “Los familiares del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari siguen pululando por fiestas sociales y cócteles. A esa gente no habría ni que darle la mano. Es necesario abonar una nueva cultura”.

Brasil está en el epicentro de los escándalos, después de que el estallido de la Operación Lava Jato, que se inició como una investigación sobre los contratos de la petrolera pública Petrobras, se acabase propagando a todo el continente. Pero la Lava Jato, explicó el ministro de Justicia de Brasil, Torcuato Jardim, “es solo la punta del iceberg”. “Sabemos solo lo que ocurre en las grandes capitales, donde hay medios de prensa. Pero el resto del país queda fuera de las investigaciones”. Y puso un ejemplo: un estudio del Gobierno sobre 3.500 municipios reveló que dos tercios de ellos desvían partidas destinadas a comidas escolares, material didáctico y medicamentos.  Jardim también relató como en los últimos 10 años en Brasil se han producido 16 procesos para renegociar con descuentos las deudas de empresas que no cumplieron con sus obligaciones fiscales. "Eso es una prueba del inmenso poder de los lobbies sobre el legislativo", señaló el ministro.

Algunas de las herramientas para combatir la corrupción también pueden venir de la tecnología, según apuntó la presidenta de Microsoft Brasil, Paula Bellizia. Ahora ya existen instrumentos para mantener un mayor control sobre las compras públicas y la aplicación de algoritmos incluso puede permitir anticipar fraudes en el manejo de dinero por las instituciones del Estado.

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