La misteriosa sociedad panameña del ‘caso Gilligan’
El empresario que compró la firma del ex alto cargo de Macri tuvo cuentas en Andorra y una mercantil en el paraíso fiscal centroamericano
El exsubsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, escondió tras una muralla societaria sus negocios en Andorra, un país entre España y Francia blindado hasta el año pasado por el secreto bancario. El exdirigente -que dimitió el pasado lunes después de que EL PAÍS desvelara sus vínculos con una cuenta en Andorra con 1,2 millones de dólares (980.000 euros)- figuró entre 2012 y 2104 como director, representante y accionista de una firma británica que controló el depósito en el país pirenaico. El 100 % de esta mercantil, sin embargo, fue propiedad de una sociedad panameña, Nashville, cuyos dueños son un misterio. Cuando Díaz Gilligan vendió su firma al magnate del fútbol Francisco 'Paco' Casal, en noviembre de 2014, Nashville desaparece de escena. Y emerge entonces como único amo de la sociedad Casal, un hombre conocido en los cenáculos del balompié como el dueño del fútbol uruguayo.
La conexión panameña de Díaz Gilligan también se extiende a Casal. El factótum del fútbol manejó en 2014 dos cuentas en la Banca Privada d'Andorra (BPA). Una nominal -a nombre de una mercantil constituida en Panamá- y otra numerada, una coraza para enmascarar su identidad real, según un documento confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El banco reiteró en un informe interno que Díaz Gilligan “vendió” Line Action –la sociedad tras la cuenta andorrana con 1,2 millones- el 3 de noviembre de 2014, cuando el político llevaba once meses en el cargo de director de Promoción Turística del Ayuntamiento de Buenos Aires.
El ex alto cargo del Ejecutivo de Mauricio Macri justificó a este periódico que fue accionista de Line Action entre enero de 2012 y noviembre de 2014 para hacerle “un favor” a “su amigo” Casal, quien estaba siendo investigado por el fisco uruguayo por un presunto delito fiscal.
La BPA abordó en un informe interno los problemas de Casal con Hacienda. “La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay inició una investigación contra Casal por presunta evasión fiscal entre 1998 y 2007. Los residentes en Uruguay no tributan por su renta mundial, sino únicamente por la nacional y, en este sentido, la discusión se centraba en si el traspaso de jugadores era una gestión que se desarrollaba en Uruguay o en el extranjero”, indicó la institución financiera.
El documento proseguía: “El importe total de la reclamación [del fisco uruguayo] ascendía a 104 millones de dólares en impuestos no pagados, una cifra que en 2009 el ministro de Economía rebajó hasta 10 millones”.
El banco destacó que Casal superó la inspección fiscal. “El caso acabó con una resolución firmada por el presidente de Uruguay para dejar sin efecto la resolución de la DGI y con la destitución del director nacional de rentas que inició la demanda contra Paco Casal”.
Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Casal.
Célebre por la representación de jugadores y explotación de derechos audiovisuales, Casal es propietario de los canales GolTV Estados Unidos y GolTV Latinoamérica, que emite en 15 países “100 % fútbol”, según su web.
El nexo Gilligan-Casal aflora de nuevo en las actas de Line Action. El ex alto cargo de Macri inscribió en el registro mercantil británico esta sociedad -que figuró como titular de la cuenta andorrana- con una dirección de Montevideo del domicilio de la firma Calitecs de Casal.
La BPA dispuso de un departamento dedicado casi en exclusiva a abrir cuentas en Panamá. Trabajó para decenas de selectos clientes, algunos vinculados poco tiempo antes a actividades políticas en una docena de países de América. El objetivo final de esa estructura era evitar que trascendiera la identidad del verdadero propietario de los depósitos.
Andorra eliminó el secreto bancario el pasado año. Y las autoridades de este país de 78.264 habitantes intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan las acusaciones.
Investigacion@elpais.es
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