El Supremo de Israel prohíbe retener los cadáveres de palestinos abatidos
El tribunal abre un debate moral al avalar que el Gobierno pueda legalizar la confiscación de los cuerpos
El Tribunal Supremo de Israel ha declarado ilegal una práctica de las fuerzas de seguridad con reminiscencias de castigo bíblico: la retención de los cuerpos de los atacantes palestinos abatidos, por no estar amparada por el derecho en el Estado judío. Desde 2015 se han registrado 160 casos de confiscación de cadáveres, de los que 14 siguen aún en las morgues policiales y militares, según datos de la ONG palestina Al Haq.
El Alto Tribunal ha reabierto también un debate moral con su fallo del pasado jueves al establecer que el Gobierno, si promueve y logra aprobar en el plazo de seis meses una nueva norma que lo autorice expresamente, podrá conservar los despojos humanos para utilizarlos como baza negociadora en un eventual intercambio con los restos de dos militares —el teniente Hadar Goldin y el sargento Oron Sahul— escamoteados en Gaza por Hamás en la guerra de Gaza del 2014.
“Hasta los más despreciables asesinos tienen derecho a ser enterrados, y sus familias tienen derecho a ofrecerles un funeral”, reza el fallo de la justicia israelí que ha dado la razón a varios demandantes palestinos. La decisión de retener los cuerpos, que no se adoptaba desde el final de la Segunda Intifada (2000-2005), fue aprobada por el Gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu como “medida disuasoria” tras el estallido en octubre de la llamada Intifada de los Cuchillos, una ola de violencia que se ha cobrado la vida de medio centenar de israelíes, siete extranjeros y tres centenares de palestinos, dos tercios de los cuales fueron abatidos por las fuerzas de seguridad al ser considerados atacantes.
A finales de noviembre, el Ejército israelí se apoderó de los cuerpos sin vida de cinco miembros del grupo Yihad Islámica que habían quedado atrapados en un túnel bajo la frontera de Gaza que había sido destruido por los militares. “Tenemos una regla simple: atacamos a todo aquel que nos ataque. Y además no damos nada a cambio de nada”, dijo entonces Netanyahu para confirmar que no iba a devolver los cadáveres.
Los cuerpos y el derecho
“Debe ser destacado que Israel, que se rige como un Estado de derecho, no puede retener cuerpos humanos con el propósito de negociar con ellos, ya que no hay ninguna ley específica y clara que lo permita”, precisa tajantemente la sentencia ahora dictada por el Supremo.
En los cuatro últimos decenios, el Estado hebreo ha intercambiado unos 7.000 detenidos palestinos por 19 israelíes vivos y los restos de ocho fallecidos. En 2011, el Gobierno de Netanyahu puso en libertad a más de un millar de prisioneros a cambio del soldado Gilad Shalit, que permaneció cautivo durante cinco años en la Franja de Gaza.
El primer ministro israelí ha considerado que la resolución del Alto Tribunal es una “muy problemática decisión”, ya que obliga a buscar una “solución práctica y legal para mantener la presión sobre Hamás”. Netanyahu y varios ministros de su Gobierno, considerado como el más derechista de la historia de Israel, han anunciado que impulsarán iniciativas legales para que sea aprobada con rapidez en el Parlamento una norma acorde con el fallo del Tribunal Supremo.
Desde el Gabinete israelí, el ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, ha venido argumentando que los funerales oficiados tras la muerte de agresores palestinos se convierten a menudo en actos de incitación a la violencia contra Israel, y que la retención de los cadáveres contribuye a disuadir a posibles nuevos atacantes.
ONG defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, advierten de que esta medida aplicada por Israel implica un castigo colectivo, que además viola las convenciones sobre derecho de guerra. Altos responsables de inteligencia del Ejército y del Shin Bet (servicio secreto interior) pusieron en duda además la eficacia disuasoria de la medida punitiva en los momentos de mayor tensión de la última ola de violencia.
Líneas rojas morales
El debate en Israel por la sentencia queda reflejado en el editorial publicado el domingo por Haaretz. “El hecho de que un grupo terrorista retenga cuerpos de soldados, no autoriza a que Israel actúe de manera similar”, precisa. “Hay que fijar líneas rojas morales que no está permitido atravesar, como negar el derecho a la inhumación”.
Para musulmanes y judíos, el duelo de las familias no cesa mientras no se hayan enterrado los cadáveres tras los preceptivos ritos funerarios. Pero en la macabra puja por los muertos enemigos en Oriente Próximo, las partes en conflicto hace tiempo que han dejado de lado valores éticos y referencias morales en busca de ventajas políticas.
El editorial de Haaretz, no obstante, califica de “preocupante” una sentencia del Supremo que solo se apega a la frialdad de la ley —de la ausencia de ley, en este caso— para buscar su fundamento. “El fallo no se basa en el hecho de que es inmoral retener esos cadáveres”, enfatiza el diario israelí. “En un país normal, el derecho del Estado a confiscar cadáveres para negociar con ellos nunca se hubiera llegado a plantear ante un tribunal".
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