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Guerra de cuerpos en Tierra Santa

Israel retiene los cadáveres de cinco palestinos atrapados en un túnel para canjearlos por dos militares muertos

Milicianos de Hamás rezan en la frontera con Israel, cerca del túnel destruido en Gaza, el día 3.
Milicianos de Hamás rezan en la frontera con Israel, cerca del túnel destruido en Gaza, el día 3. REUTERS

En Oriente Próximo se puede llegar a valer más muerto que vivo. Cuando el vehículo de este corresponsal fue bloqueado la semana pasada por milicianos de Hamás cerca de Jan Yunis, en el sureste de la Franja de Gaza, algunos cuerpos todavía seguían sepultados. Una patrulla del grupo islamista palestino cerraba el paso hacia el descampado donde arrancaba un túnel recién destruido por el Ejército de Israel desde su sector de la frontera. Murieron atrapados 10 brigadistas de Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, que excavaban el subterráneo, junto a otros dos de Ezedin al Qasan, ala militar de Hamás. Sus cadáveres fueron pronto inhumados como mártires al término de airados cortejos fúnebres en el enclave

El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Jacques de Maio, acababa de solicitar autorización al oficial de enlace para los territorios palestinos, el general Yoav Mordejai, a fin de que los equipos de salvamento palestinos pudieran rescatar al resto de los milicianos soterrados. Pero el permiso para acceder a la zona de protección militar que rodea la Franja no fue concedido por “falta de progresos en la cuestión de los prisioneros de guerra”. El Ejército hebreo prosiguió horadando en la parte del túnel que penetraba en su territorio hasta que el domingo localizó los cadáveres de los últimos cinco milicianos de Yihad islámica.

“Tenemos una regla simple: atacamos a todo aquel que nos ataque. Y además no damos nada a cambio de nada”, puntualizó al día siguiente Benjamín Netanyahu. El primer ministro no dejaba ninguna duda sobre su determinación de utilizar los cuerpos de los islamistas como baza negociadora para el intercambio con dos militares israelíes, muertos en la guerra de 2014, cuyos restos fueron ocultados por Hamás en Gaza. “Traeremos a nuestros hijos a casa”, prometió, en referencia al teniente Hadar Goldin y el sargento Oron Sahul.

El duelo que no cesa

Para los musulmanes, aun más para los judíos, el duelo de las familias no cesa mientras no se hayan inhumado los restos tras preceptivos ritos funerarios. Leah Goldin, madre del teniente muerto hace tres años durante la Operación Margen Protector, advirtió al Gobierno de que tenía que aprovechar la oportunidad de recobrar los cuerpos de los dos militares retenidos en Gaza. “Es túnel contra túnel. Mi hijo murió a manos de terroristas que irrumpieron bajo tierra durante un alto el fuego y luego se llevaron su cuerpo. Nuestra pena no tendrá fin hasta que vuelva con nosotros”, dijo a la Radio del Ejército de Israel.

La macabra puja por el valor de los restos

En la macabra puja por el valor de muertos en Oriente Próximo, las partes en conflicto han dejado de lado valores éticos y referencias morales en busca de ventajas políticas. El retorno, aunque sea en un ataúd, de los militares israelíes cautivos agita intensos debates en el Estado judío, donde un servicio militar de hasta casi tres años de duración es obligatorio tanto para hombres como para mujeres a partir de los 18 años. Lo mismo ocurre con los cadáveres de los atacantes, en su gran mayoría muy jóvenes, en la sociedad palestina. La situación de los más de 6.500 detenidos en penales bajo control israelí es además una seña de identidad nacional. Un 40% de los hombres adultos, casi una quinta parte de la población de Palestina, han estado alguna vez entre rejas a lo largo de medio siglo de ocupación.

Durante la llamada Intifada de los cuchillos, la ola de violencia que estalló hace dos años, el Gabinete de Netanyahu reactivó la retención de cadáveres, represalia con ecos de castigo bíblico que llevaba una década sin aplicarse. En la mayor serie de ataques tras la Segunda Intifada (2000-2005) han perdido la vida 50 israelíes, 7 extranjeros y 297 palestinos, dos tercios de los cuales fueron abatidos por las fuerzas de seguridad por ser considerados agresores.

En el enclave costero de Gaza se encuentran secuestrados ahora dos civiles israelíes que supuestamente se internaron en el territorio a causa de trastornos mentales. Human Rights Watch califica de “cruel e indefendible” la detención prolongada de Avera Mengistu, judío de origen etíope, y del beduino Hicham al Sayed.

Las transacciones suelen ser más exigentes para Israel, que ha intercambiado unos 7.000 detenidos palestinos por 19 israelíes vivos y los restos de ocho fallecidos en los cuatro últimos decenios. En 2011, el Gobierno de Netanyahu puso en libertad a más de un millar de prisioneros a cambio del soldado Gilad Shalit, que permaneció cautivo durante cinco años en la Franja de Gaza.

Israel considera que los túneles que penetran en su territorio desde Gaza son objetivos ofensivos que deben ser destruidos para evitar que grupos armados se infiltren en su territorio con el fin de perpetrar ataques o cometer secuestros. En las últimas semanas se ha acelerado la construcción de un muro subterráneo en torno a los 65 kilómetros de frontera con la Franja de Gaza. Este proyecto del Ministerio de Defensa israelí para bloquear ataques por el subsuelo contra poblaciones próximas a la frontera cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de shequels (unos 750 millones de euros).

La ONG humanitaria palestina Al Haq ha contabilizado más de 160 casos de retención de cadáveres por parte de Israel desde 2015 , de los que 14 cuerpos —incluidos los de los cinco miembros de Yihad Islámica ahora capturados— permanecen en las cámaras de las morgues policiales.

Desde del Gabinete israelí, el ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, argumenta que los funerales oficiados tras la muerte de agresores palestinos se convierten a menudo en actos de incitación a la violencia contra Israel, y que la retención de los cadáveres contribuye a disuadir a posibles nuevos atacantes.

Las ONG defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, advierten de que implica un castigo colectivo, que además viola las convenciones sobre derecho de guerra. Y altos responsables de inteligencia del Ejército y del Shin Bet (servicio secreto interior) han puesto en duda la eficacia de la medida punitiva.

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