El reto de las pequeñas ciudades ante los riesgos de desastres

Los desastres no son ajenos a Colombia. Solo en 2016, casi un millón de colombianos se vieron afectados por desastres asociados a eventos naturales, principalmente inundaciones y sequías, según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En los últimos años, los daños a la propiedad, la infraestructura y los medios de vida se han seguido multiplicando, en gran medida por la vulnerabilidad que resulta, entre otros, de un crecimiento urbano a veces no planificado y descontrolado, una inadecuada gestión ambiental y planificación del uso de la tierra. A esto se suma, algunas veces, una aplicación limitada de las normas y códigos de construcción.

Pero no solo las grandes urbes son escenarios de desastres. Como demostró la última avalancha en Mocoa en abril pasado, los eventos que pueden ser muy localizados afectan duramente las ciudades intermedias y pequeñas, y dentro de ellas, a los hogares más pobres. Esto tiene una incidencia directa y de alto impacto en la sostenibilidad del crecimiento del país.

Un estudio del BID y la CEPAL señala que la temporada invernal del fenómeno de La Niña 2010-2011 - además de los dos millones de personas damnificadas- dejó alrededor de 11.200 millones de dólares en pérdidas, equivalentes al 2% del PIB de Colombia en 2011.

Si todavía falta camino por recorrer para fortalecer los sistemas de gestión del riesgo de desastres e integrarlos a la planificación de las grandes ciudades, la situación en las ciudades intermedias y pequeñas es aún más delicada.

En una región como la latinoamericana, donde entre 1970 y 2014 se triplicó la ocurrencia de estos fenómenos, fortalecer las políticas en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptarse al cambio climático es vital y cobra cada día mayor importancia.

Desastres y más pobreza

La nueva población urbana, formada en su mayoría por familias de bajos recursos, se encuentra en barrios marginales y asentamientos irregulares generalmente fuera del perímetro de los servicios de la ciudad. Ocurre en los municipios o ciudades pequeñas con el agravante que estas tienen menor capacidad para gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e integrarlo en el diseño e implementación de sus políticas de planificación urbana y de ordenamiento del suelo.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2016 el 28% de los colombianos estaba en condición de pobreza, es decir, alrededor de 13 millones de personas. La pobreza en las cabeceras municipales es del 24,9% y en los centros poblados y zonas rurales dispersas del 38,6%. En cuanto a pobreza extrema, en 2016 el 8,5% del total de la población se encontraba en esta condición, lo que representa unos cuatro millones de colombianos. En las cabeceras municipales la pobreza extrema se calcula en un 8,6% y en los centros poblados en el 18,1%.

En este contexto, es importante tener en cuenta que Colombia se ha consolidado como líder en América Latina en el desarrollo de un enfoque integral para la GRD y el programa del país se fortalece con cada nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Los avances en el monitoreo, implementación de sistemas de alerta y organización de la respuesta y manejo de la emergencia han dado como resultado una reducción significativa de la pérdida de vidas ante los eventos naturales adversos.

Para Oscar Anil Ishizawa, especialista sénior en Gestión del Riesgo de Desastres del Banco Mundial, uno de los grandes retos pendientes en Colombia es fortalecer la implementación de las políticas de planificación territorial y el uso del suelo incorporando consideraciones de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Existe un marco legal e institucional que crea los instrumentos y mecanismos, pero aún no una implementación eficiente a nivel territorial.

Una inadecuada planeación territorial y uso del suelo contribuye en gran medida al incremento de la vulnerabilidad ante desastres, como se vio en la tragedia del municipio de Mocoa, donde el desbordamiento de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa ocasionaron la destrucción de 17 barrios y la muerte de más de 320 personas.

Actuar antes y no después

En Colombia, el énfasis de la política nacional se ha concentrado en la respuesta a emergencia y no en construir un marco de acción para fortalecer la aplicación de políticas e inversiones a nivel sectorial y territorial. Existe una gran debilidad de los gobiernos municipales para incorporar la reducción del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial y una evidente desarticulación entre los diferentes instrumentos de planificación territorial que existen en el país.

Según Ishizawa, la manera de tener una gestión del riesgo de desastres eficiente y con resultados concretos (pero invisibles porque cuando se hacen bien las cosas en el tema de gestión del riesgo de desastres, estos no ocurren o su magnitud se reduce drásticamente), es incorporar criterios de reducción de riesgo en todas las inversiones públicas sectoriales, así como en las políticas e instrumentos de desarrollo urbano y territorial.

Lo que significa construir y diseminar de manera abierta y transparente la información de peligros y riesgos específica requerida por los diferentes sectores nacionales, así como, la información con una resolución suficiente para ser utilizada por los niveles departamentales y municipales. La capacidad técnica en el país existe, se necesita de coordinación y definición de objetivos claros a corto, mediano y largo plazo.

Entre las recomendaciones principales está el fortalecer capacidades de los gobiernos municipales medianos y pequeños para poder implementar estas tareas. Las agencias a cargo de la GRD deben ser técnicas y ágiles para cumplir con su papel de coordinación interinstitucional para facilitar la implementación de medidas de reducción del riesgo y guiar el diseño de las políticas públicas que incorporen criterio de gestión del riesgo de desastres a nivel territorial y sectorial, que corresponden a una agenda de mediano y largo plazo. La responsabilidad de la respuesta y manejo de las emergencias debe ser planteado en una institución que pueda manejar el día a día y que tenga una capacidad inmediata de movilización y acción para poder liderar la coordinación en todos los niveles de gobierno.

La GRD no es un sector específico y no se debe considerar como uno. Se debe de trabajar de la mano con los responsables de la planificación tanto sectorial como territorial quienes son los ejecutores y los dolientes en este tema, concluye Ishizawa.

Jairo Bedoya es comunicador del Banco Mundial