Una investigación constata “graves fallos” con el terrorista de Berlín

La investigación independiente encargada por el Gobierno de la ciudad de Berlín sobre el atentado cometido en el mercado de Navidad de la capital alemana el pasado diciembre revela “graves fallos” policiales y de coordinación. 12 personas murieron y un centenar resultaron heridas en el ataque perpetrado con un camión por el tunecino Anis Amri, de 23 años, y reivindicado por el autodenominado Estado Islámico. Amri murió cuatro días después abatido por la policía italiana tras ser identificado en Milán. 

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El ex fiscal general del Estado, Bruno Jost, concluye tras seis meses de pesquisas que hubo “una alta probabilidad” de que el sospechoso pudiera haber sido encarcelado al menos de forma temporal antes de que cometiera el ataque. En su extenso informe, Jost considera que si la policía hubiera hecho bien su trabajo, Amri, que estaba bajo vigilancia, habría pasado a disposición judicial. “Todo lo que se pudo hacer mal, se hizo”, dijo Jost durante la presentación del informe de 72 páginas en alusión a una ocasión en la que Amri fue detenido y después liberado. En él, habla de actuaciones “inadecuadas”, “tardías”, o “poco profesionales”. 

A Amri se le había denegado el asilo en Alemania en junio de 2016 y estaba a la espera de ser repatriado. Había sido sometido a vigilancia por ser considerado un islamista potencialmente peligroso hasta semanas antes de que cometiera el atentado. El informe establece que, a pesar de que los servicios secretos no disponían de pruebas concluyentes sobre sus posibles vínculos con terroristas islamistas, los distintos cuerpos policiales sí dejaron escapar varias ocasiones en las que podrían haberlo encarcelado por tráfico de drogas o por falsificación de documentos y deportado a Túnez. 

Durante el verano de 2016, Amri fue detenido e interrogado durante dos días en Friedrichshafen (al suroeste del país), por posesión de pasaportes falsos italianos con los que planeaba huir a Suiza. El tunecino fue interrogado por la policía de Baden-Württemberg, que no conocía su historial sospechoso y relacionado con el tráfico de drogas del detenido. La ficha policial de Amri en ese momento le describía como "persona asociada al espectro islamista, presunta relación con el Estado Islámico”. Amri sin embargo fue liberado. 

Explica, por ejemplo, que a pesar de ser durante un tiempo el sospechoso número uno en Berlín, fue monitoreado apenas cerca de un mes, en lugar de los seis meses en los que se suponía que debía haber sido vigilado. Además, durante esas semanas, solo fue controlado de lunes a viernes, quedando el fin de semana fuera del radar policial. Por las noches tampoco estaba sometido a vigilancia. 

Jost detalla también cómo, a pesar de que desde la primavera de 2016 había constancia de que Amri traficaba con drogas, la falta de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad hizo posible que por momentos no quedara claro quién era el responsable del dossier. El informe critica la actuación de la policía de Berlín, pero también de las de Renania del Norte-Westfalia y la de Baden-Württemberg. 

El caso de Anis Amri y su deportación fallida ha contribuido a alimentar las tesis de quienes vinculan los ataques terroristas con la llegada de refugiados a Europa y sobre todo ha incrementado la presión para acelerar las deportaciones de aquellos cuyas demandas de asilo sean rechazadas.