El Estado de California intenta parar en los tribunales el muro de Donald Trump

La denuncia fue presentada este miércoles por el fiscal general, Xavier Becerra, y la Comisión de Costas de California, con un anunció público junto a la valla que separa Tijuana de San Diego. El texto pide a los jugados federales de San Diego dicten que una orden para frenar la construcción del muro. El Gobierno de EE UU pretende comenzar la construcción de los prototipos del eventual muro en una zona de San Diego, donde el terreno es propiedad federal.

“La Administración Trump ha ignorado leyes que no le gustan para resucitar una promesa de campaña de construir un muro en la frontera sur”, dijo Becerra. “Si quieres hacer negocios en California, y eso incluye al presidente, tienes que estar dispuesto a cumplir la ley”. “Respetamos la política de inmigración. Entendemos que es una cuestión federal. Pero si ocurre en nuestro patio trasero, exigimos que se haga de la forma correcta y respetando la ley”, añadió Becerra.

Los abogados del Estado californiano han encontrado la forma de atacar judicialmente el muro en un detalle técnico en la norma que el Departamento de Seguridad Nacional está utilizando para ejercer su autoridad en esta cuestión. La norma data de 2008 y daba permiso al Gobierno para ignorar cualquier legislación que complicara la construcción de “vallas adicionales”, dentro del proyecto de refuerzo de la frontera que se aprobó con el Gobierno de George W. Bush y se ejecutó en el de Barack Obama.

El Gobierno pretende comenzar la construcción en partes de San Diego y de Calexico. La fiscalía general californiana entiende que las normas excepcionales que permitían construir y reformar de manera urgente partes de la valla fronteriza caducaron en 2008 y además no se referían a los puntos donde se quiere hacer ahora, ni se refería a un muro nuevo. El Gobierno de Trump, por tanto, no tiene permiso para hacer ninguna valla sin el correspondiente informe de impacto ambiental.

El permiso para construir en Calexico que se ha dado a sí mismo el Gobierno de Trump, amparándose en esa norma excepcional de 2008, pretende pasar por encima de 27 leyes federales, además de leyes estatales y locales, afirma la denuncia. Por tanto “los demandantes solicitan a la Corte que impida al Departamento de Seguridad Nacional comenzar cualquier planificación, diseño y construcción relativas a instalar barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo la construcción de prototipos y cualquier otra infraestructura que aparece en los proyectos de San Diego y Calexico hasta que cumpla con las leyes” medioambientales federales y californianas.

El desafío judicial a la construcción del muro es solo el último de una cascada de denuncias de California y otros estados y ciudades contra las principales políticas de Donald Trump. Poco después de la victoria del empresario en las elecciones, el pasado noviembre, los principales líderes del Estado, en el que los demócratas ocupan todos los puestos clave, prometieron utilizar todos los recursos legales a su alcance para torpedear los planes del presidente.

Alrededor de un tercio de los inmigrantes irregulares de Estados Unidos viven en California. El Legislativo californiano ha aprobado una docena de leyes en este año para proteger a los inmigrantes. California ha llevado a Trump a los tribunales en multitud de asuntos polémicos, desde el veto migratorio hasta la decisión de eliminar el programa DACA.

El Gobierno de Trump todavía no tiene el dinero que necesita para iniciar la construcción del muro. El propio presidente ha ido rebajando su promesa hasta reconocer que no hace falta un nuevo muro en toda la frontera. El muro es en estos momentos la piedra de toque de la negociación del presupuesto en el Senado de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó 1.600 millones de dólares de los 22.000 que se calcula que costaría todo el proyecto. Trump pretende forzar a los senadores republicanos a que aprueben los fondos este mismo año, y ha tratado de enlazar esa negociación con otras como el fin del programa DACA o los fondos de ayuda para Texas por el huracán Harvey.