California prepara un muro legal para proteger a los inmigrantes de Trump
En el primer día de actividad tras las elecciones, el Legislativo presenta una ley para garantizar representación legal en los procesos de deportación
La batalla ha comenzado. El primer día de vuelta al trabajo después de las elecciones, los legisladores de California decidieron mandar un mensaje contundente a Donald Trump. Las primeras leyes que se presentaron en el Capitolio de Sacramento tienen como objetivo proteger a millones de personas que viven sin papeles en el Estado y que el presidente electo ha prometido deportar. El movimiento deja entrever la clase de batalla judicial contra el próximo Gobierno federal para la que se está preparando California.
“El presidente ha prometido abordar el tema de la inmigración en el primer día. Este es nuestro primer día. Estamos haciendo lo mismo”, dijo el líder de la Asamblea californiana, Anthony Rendón. Tanto la Asamblea como el Senado californianos aprobaron sendas resoluciones pidiendo al presidente que no haga deportaciones masivas, uno de sus principales puntos de campaña.
Pero además, se presentaron dos leyes que inician el camino de una defensa legal de los inmigrantes a gran escala y desde el máximo nivel institucional. Una de ellas establece un fondo presupuestario para que el Estado le pague la defensa a cualquier inmigrante que se vea en un proceso de deportación. Actualmente, la asesoría legal no está garantizada. Según cifras facilitadas por la oficina del presidente del Senado, Kevin de León, el 68% de los inmigrantes sin papeles presos en California no tiene representación legal. Entre los que no están detenidos pero tiene abierto un proceso de deportación, casi un tercio (27%) no tiene abogado. La otra ley presentada destina fondos estatales a crear centros de entrenamiento para abogados de oficio en temas de inmigración, de forma que haya más abogados especializados disponibles.
En su discurso de apertura de la sesión, De León dijo que “California nunca se llevará bien con aquellos que tratan de recortar nuestra prosperidad o privar a nuestra gente de derechos humanos fundamentales. Nos negamos a regresar a las políticas de buscar cabezas de turco y sacar provecho de hostilidades religiosas, raciales y étnicas”.
California está en estado de choque desde las elecciones. Además del gobernador, el Partido Demócrata tiene mayoría de dos tercios en las dos cámaras legislativas y todos los puestos electos estatales. El Partido Republicano ha quedado reducido casi a la marginalidad en las elecciones del 8 de noviembre. En las presidenciales, Hillary Clinton ganó por 28 puntos y 3 millones de votos. En la elección de senador, ni siquiera hubo un republicano en la papeleta, se eligió entre dos demócratas.
Además, los latinos son el primer grupo étnico (el 39%) entre los 39 millones de habitantes de California. Los dos líderes del Legislativo son latinos, como también el nuevo fiscal general, Xavier Becerra. Es el Estado con más inmigrantes, y con más de ellos irregulares, alrededor de cuatro millones, la mayoría mexicanos. Becerra, que como máxima autoridad judicial deberá liderar cualquier posible conflicto con la Casa Blanca, fue nombrado el pasado lunes. Es hijo de inmigrantes y solo su nombramiento ya anticipa que el Estado se ha puesto en modo de alerta máxima. Ese día, preguntado por su actitud ante las políticas de Trump que van en dirección contraria al Estado, Becerra dijo: “Que vengan a por nosotros”.
Las máximas autoridades del Estado han dejado claro desde el día uno después de las elecciones que utilizarán todos los medios legales para impedir que el presidente electo interfiera en las políticas de California en lucha contra el cambio climático, expansión del sistema sanitario y defensa de los inmigrantes.
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