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La batalla por las ciudades santuario se encamina a los juzgados

California se convierte en el primer Estado en denunciar al Gobierno de Estados Unidos por retirar fondos como represalia por la protección a los inmigrantes

La batalla del Gobierno de Donald Trump por aplicar la máxima dureza en la detención y deportación de inmigrantes irregulares se encuentra con un nuevo desafío judicial, esta vez por parte de California. Se trata del primer Estado que presenta una denuncia contra el Gobierno federal por las amenazas y represalias a las llamadas ciudades santuario, que no colaboran con la policía de inmigración. Como en el veto migratorio, la solución la darán los tribunales.

El fiscal general de California, Xavier Becerra (derecha), y el de San Francisco, Dennis Herrera, el pasado lunes en San Francisco.
El fiscal general de California, Xavier Becerra (derecha), y el de San Francisco, Dennis Herrera, el pasado lunes en San Francisco. AP

La batalla del Gobierno de Donald Trump por aplicar la máxima dureza en la detención y deportación de inmigrantes irregulares se encuentra con un nuevo desafío judicial, esta vez por parte de California. Se trata del primer Estado que presenta una denuncia contra el Gobierno federal por las amenazas y represalias a las llamadas ciudades santuario, que no colaboran con la policía de inmigración. Como en el veto migratorio, la solución la darán los tribunales.

La denuncia es la primera a nivel estatal y se suma a las que ya habían presentado las ciudades de San Francisco y Chicago, que consideran inconstitucional la retirada de fondos federales a las llamadas ciudades santuario. El término tiene una definición muy amplia que varía de una jurisdicción a otra, pero en general se refiere a aquellas ciudades en las que la policía local (que tiene las competencias de seguridad) no se interesa por el estatus legal de los ciudadanos y no comparte información con la policía de inmigración (federal, a las órdenes del Departamento de Interior, que tiene las competencias de inmigración). La mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos con una población inmigrante significativa entra en esta definición.

El Gobierno Trump considera que las ciudades santuario son “una desgracia”, en palabras del presidente, y que su política de no perseguir inmigrantes irregulares pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Desde el principio de su campaña electoral, Trump ha señalado a los inmigrantes irregulares como la principal fuente de crimen en Estados Unidos. Su fiscal general, Jeff Sessions, hace de esa idea en el centro de todas sus actuaciones y lo está convirtiendo en política real.

Es en ese contexto que Trump firmó una orden ejecutiva en la primera semana como presidente en la que establecía que se retiraran fondos públicos federales para las ciudades que no colaboraran con la fuerza federal de detención y deportación de indocumentados. En Estados Unidos hay alrededor de 11 millones de sin papeles y apenas unos miles de agentes de inmigración. La promesa de deportaciones masivas es inaplicable son la colaboración de las policías de ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Houston.

Para las grandes ciudades, la situación es exactamente al revés. Aterrorizar a una parte de sus ciudadanos con la posibilidad de ser deportados hace que no colaboren con la policía, que no denuncien crímenes ni quieran ser testigos, y eso supone una mayor amenaza a la seguridad.

El Gobierno Trump, a través del fiscal general, Jeff Sessions, ha utilizado las transferencias de fondos federales como arma política para obligar a las ciudades a cambiar de actitud. Esta amenaza fue contestada en los tribunales por las ciudades de San Francisco y Richmond y el condado de Santa Clara (la zona de Siicon Valley), en California. El pasado 25 de abril, un juez federal de California ordenó paralizar la aplicación de la orden ejecutiva mientras se resuelve la cuestión constitucional de fondo. La amenaza de Trump a las ciudades santuario, calificada de chantaje por los líderes californianos, está parada igual que ocurrió con el veto migratorio. Los Estados de California, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, and Washington se han personado en la causa en apoyo del condado de Santa Clara.

Durante las sesiones preliminares de ese juicio quedó claro que el Departamento de Justicia apenas puede bloquear una pequeña parte de los fondos federales. Se trata de partidas relativas a programas de seguridad. En California supone 28,3 millones de dólares (de un total de 260 para todo el país) que se utilizan principalmente para programas de formación policial.

Pero la amenaza es suficiente para que el Estado haya decidido presentar su propia demanda, en coordinación con la de San Francisco, para un juez decida si se puede amenazar a las administraciones de esta manera. “La Administración Trump no puede manipular las condiciones de los fondos federales para presionar a estados, condados o ciudades para que apliquen las leyes de inmigración”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, el pasado lunes en la presentación de la denuncia.

Cuando el juez dictó la orden cautelar de paralizar el plan de Trump, el presidente tuiteó: “¡Nos vemos en el Tribunal Supremo!”. El precedente del veto migratorio indica que el Gobierno está dispuesto a ir en este asunto hasta la máxima autoridad judicial. Al final, la agresividad de Trump contra los inmigrantes acaba convertida en una cuestión constitucional que se resolverá por una sentencia.

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