Berlín y París piden ampliar a cuatro años el control de fronteras en la UE

La circulación sin barreras en el seno de la UE se topa con nuevos obstáculos. Un grupo de cinco países, capitaneados por Alemania y Francia, propone ampliar de dos a cuatro años los controles fronterizos excepcionales que marca la ley. La iniciativa se escuda en la “amenaza terrorista de largo plazo” que afronta Europa, aunque los países que la defienden coinciden en buena medida con los que han aplicado o aún aplican controles fronterizos por la crisis migratoria. Bruselas es reacia a admitir más excepciones al código de Schengen.

La combinación de dos fenómenos distintos, migración y terrorismo, está poniendo a prueba uno de los símbolos más preciados de la integración europea: la libre circulación en el espacio Schengen. Alemania, Francia, Austria, Dinamarca y Noruega (país ajeno a la UE, pero integrado en el espacio Schengen) piden al resto de Europa más margen para controlar las fronteras interiores de ese territorio de circulación libre de pasaportes.

La propuesta figura en un documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, remitido al resto de Estados. Los ministros del Interior se reúnen este jueves en Bruselas para hablar de inmigración y de terrorismo. Schengen no figura en la agenda, aunque es posible que se aborde de manera informal.

A raíz de los atentados que sacudieron París en 2015, Francia comenzó a aplicar controles fronterizos excepcionales, que también se extendieron a otros países. El ejemplo cundió en 2016, pero por motivos distintos. La gran afluencia migratoria llevó a Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega (casi los mismos Gobiernos que piden ahora más manga ancha) a generalizar esos controles en algunos de sus pasos fronterizos, una medida que aún mantienen pese a que la presión de llegadas de extranjeros ha disminuido significativamente.

Reticencias de Bruselas

En pleno apogeo de desembarcos en suelo comunitario, la UE ya amplió de seis meses a dos años ese periodo en el que los guardias de fronteras pueden exigir identificación a quienes crucen de un país a otro en el espacio de libre circulación, formado por 22 países de la UE más otros cuatro del entorno europeo (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein). El eje francoalemán cree que no basta. “La limitación [actual] no responde a las necesidades en el contexto de una amenaza terrorista de largo plazo”, defiende el documento, de apenas tres páginas. Los cinco países piden a la Comisión que presente legislación para enmendar el código Schengen, que ahora fija las limitaciones en un máximo de 30 días, prorrogables en principio hasta seis meses. Solo en circunstancias excepcionales pueden extenderse hasta dos años. La nueva propuesta sitúa el periodo inicial en tres meses, ampliables hasta dos años, con una extensión adicional de otros dos en casos extremos.

La iniciativa, fechada el 5 de septiembre, se produce poco antes de que venza el último visto bueno que otorgó la Comisión Europea a los controles de fronteras en los cinco Estados que las aplican desde la crisis migratoria: Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia y Noruega. Aunque legalmente los controles selectivos se podrían extender hasta mayo de 2018, Bruselas ya se mostró muy reticente a autorizar esa última excepción a Schengen. El motivo es que las razones esgrimidas para aplicarlos —el descontrol de las fronteras en Grecia, también miembro del espacio Schengen— son hoy difíciles de sostener. Pero los cinco países se resisten a renunciar a este instrumento, que les permite chequear el tránsito en algunos pasos fronterizos sin tener que justificarlo.

Está por ver cómo recibirán otros países las iniciativas de este núcleo duro. Algunos, como España o Italia, no simpatizan de entrada con las excepciones a Schengen, pero en el contexto actual nadie se opone categóricamente a un mayor margen de actuación. El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, deslizó hace unos días que esas inspecciones deberían cesar a partir de noviembre, fecha en que vence el actual permiso.

Para mitigar la sensación de que el cambio legal requerido supone abrir la puerta al fin de Schengen, el documento de los cinco países matiza que solo se recurriría a los cuatro años ante “amenazas de gravedad particular y de largo plazo a la seguridad interna”.