Presión en la UE para suspender dos años la libre circulación de personas

Los Veintiocho están alarmados por la persistencia del flujo migratorio hacia Europa. Más de un millón de personas entraron el año pasado en el club comunitario y en lo que va de enero ya lo han hecho otras 30.000, según ilustró el comisario europeo del Interior, Dimitris Avramopoulos. La ONU cifra las entradas en más de 46.000. “Se nos está acabando el tiempo y no nos podemos permitir continuar con este ritmo”, admitió este responsable del Ejecutivo comunitario.

Los Estados emplean estas cifras, y el caos que les generan, para exigir una medida que disgusta a la Comisión, pero que finalmente se acabará adoptando. Se trata de dar vía libre a que los Estados prolonguen las actuales excepciones a Schengen —poder restablecer los chequeos en las fronteras interiores de la UE— hasta dos años, en principio. “Los plazos actuales ya no bastan”, argumentó el ministro holandés Klaas Dijkhoff, cuyo país regenta ahora la presidencia de turno de la UE. El sentimiento es compartido por la amplísima mayoría de Estados miembros. No así por Grecia, que ve en ese gesto un reflejo de la voluntad de aislarla por considerar que incumple su papel de guardiana de frontera exterior.

Incómoda con una medida que hace temblar los cimientos de la libre circulación, un símbolo europeo, la Comisión insta a los Estados a cumplir su parte del pacto en esta crisis —por ejemplo, repartirse a los refugiados— en lugar de defender los cierres de fronteras. En privado, fuentes comunitarias dejan caer que esa evaluación que acredite una “deficiencia seria” en el control de las fronteras por parte de Grecia, necesaria para extender los controles dos años, llegará pronto, probablemente antes de la cumbre europea de mediados de febrero.

Solo dos países, Austria y Suecia, evocaron públicamente —no lo hicieron en la reunión, según las fuentes consultadas— la amenaza de expulsar a Grecia de Schengen, algo legalmente imposible. “Si no conseguimos proteger la frontera greco-turca, entonces la frontera exterior de la UE se va a desplazar hacia Europa central”, avisó ante los periodistas la ministra austriaca, Johanna Mikl-Leitner. En un mensaje similar, el titular sueco del Interior, Anders Ygeman, declaró: “Al final, si un país no cumple con sus obligaciones, tendremos que restringir su conexión con el área Schengen”.

La retórica es más política que práctica. Porque por vía terrestre, Grecia ya está de hecho aislada de la zona Schengen (sus vecinos son Turquía, Bulgaria, Albania y Macedonia). Y aun así la ruta más común de los refugiados implica abandonar la UE vía Macedonia y volver a entrar por Hungría. Sacarla de Schengen no resolvería, por tanto, el problema.

Los Estados lo saben, pero desean elevar la presión para que Grecia registre a todos los migrantes (tanto los demandantes de asilo como los que huyen de sus países por otros motivos) e impida que se dirijan al norte de Europa. Atenas alega que es imposible gestionar el ingente número de llegadas al que tiene que hacer frente cada día.

Otra medida evocada este lunes para poner a Grecia contra las cuerdas es que las autoridades helenas garanticen la retención de esos extranjeros, de forma que quienes no tengan derecho al asilo sean expulsados y los posibles candidatos vean analizada su solicitud allí mismo. España consideró excesiva esta petición, que sobrepasa las capacidades del territorio griego.

Para evitar la ruta de los refugiados hacia el norte de Europa, Eslovenia ha propuesto a la Comisión enviar una misión de policías europeos a Macedonia, zona de tránsito de refugiados hacia Alemania y Suecia, sus principales destinos. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha comunicado por carta al primer ministro esloveno, Miro Cerar, su apoyo a esta medida, que debería hacerse con acuerdos bilaterales entre países europeos y las autoridades macedonias.

Hacia una policía europea

El compromiso más claro adquirido este lunes fue la necesidad de acelerar la policía europea de fronteras. Se trata de una propuesta presentada por la Comisión en diciembre del año pasado y que contempla la creación de un cuerpo común de hasta 2.000 personas disponible para desplegarse en cualquier frontera exterior en apuros. La iniciativa encierra un elemento polémico: Bruselas quiere atribuir a esos guardias potestad para desplegarse si los Estados lo aprueban por mayoría cualificada, aun con el rechazo del país cuyas fronteras hay que supervisar.

“Es un asunto muy sensible, muy delicado. Tengo una reserva clara porque afecta a las fronteras, que son soberanía nacional”, receló el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los más críticos con el proyecto. Pese a todo, la mayoría acordó tratar de cerrarlo antes del verano.