Gobierno y PSOE niegan toda validez a la Constituyente de Maduro

Venezuela se ha convertido en asunto de política interna en España. La legitimidad de la Asamblea Constituyente, con la que Maduro pretende sustituir al Parlamento controlado por la oposición, ha sido rechazada por el Gobierno del PP, el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria, mientras que Izquierda Unida ha salido en defensa del régimen chavista. Podemos, el partido más vinculado en sus orígenes al Gobierno venezolano, a través de la fundación CEPS, ha sido el más lacónico y ha evitado pronunciarse de manera clara.

El Gobierno español fue el primero de la UE que rechazó la legitimidad de las elecciones del domingo en Venezuela. El Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó, a través de un comunicado difundido en la madrugada del lunes, que el régimen de Maduro hubiera “decidido seguir adelante con un proceso constituyente que no es aceptado por la mayoría de los venezolanos y conculca principios democráticos esenciales”. Como los principales gobiernos iberoamericanos, advirtió de que “no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente”. Sin aludir expresamente a la imposición de sanciones, añadía que “estudiará, junto con sus socios de la UE y países amigos de la región [latinoamericana], medidas adicionales que puedan ser efectivas para promover la restauración de la institucionalidad democrática y constitucional” en Venezuela.

La vice secretaria general del PSOE, Adriana Lastra, respaldó la negativa del Gobierno a reconocer a la Asamblea Constituyente y pidió “una salida dialogada a la situación actual”, para lo que el régimen de Maduro debería iniciar “un proceso sincero de negociación" con los partidos opositores. El portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Congreso, Antonio Gutiérrez Linones, se mostró a favor de que la UE estudie medidas adicionales de presión “basadas en el consenso” internacional.

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Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, reclamó al Gobierno que tome medidas “más contundentes” ante la situación de Venezuela, como llamar a consultas al embajador español en Caracas para “escenificar su rechazo al proceso”. Coalición Canaria también negó cualquier legitimidad a la asamblea salida de las elecciones del domingo, boicoteadas por la oposición.

La voz discordante la puso Izquierda Unida, que calificó de “éxito” la elección de la Constituyente y felicitó a los venezolanos por "responder con democracia frente a la violencia, el golpismo y la campaña de miedo protagonizada por las fuerzas opositoras reaccionarias alentadas y apoyadas por Estados Unidos y la UE". Su coordinador, Alberto Garzón, llegó a comparar a la oposición con el dictador Pinochet. “Mientras la oposición pone bombas contra la policía y da palizas a votantes, muchos medios españoles la ensalzan como demócrata. Chile 1973”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mucho más cauto fue Podemos. Su dirigente Rafael Mayoral respaldó a Garzón, pero admitió que en Venezuela “hay un problema de conflicto institucional”, por lo que abogó por un “proceso de reconciliación” y pidió que los partidos españoles “no echen más leña al fuego”.

Pese a su habitual activismo en las redes sociales, los principales dirigentes de Podemos evitaron en las últimas horas comentar la situación de Venezuela y se limitaron a retuitear un tuit enviado el sábado por su líder Pablo Iglesias, en el que aseguraba estar al “100% de acuerdo” con el comunicado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mediador entre el régimen de Maduro y la oposición, quien declaró que solo “la negociación, la concertación y el acuerdo pueden dar salida” a la crisis venezolana.