Trump rectifica y mantiene intacta la protección de los ‘dreamers’

Casi 800.000 personas se habían acogido a este programa. Desde la victoria de Trump en noviembre, los llamados dreamers vivían con el terror de ver cancelada esta política que les ha permitido estudiar en universidades y trabajar. En muchas ocasiones son el único trazo de legalidad en sus familias. El programa DACA no es un permiso de residencia, solo saca de los objetivos de deportación a estos jóvenes.

Desde el día uno de su campaña (del que se cumplían dos años exactos este viernes), Donald Trump se destacó como el candidato más duro contra la inmigración irregular en décadas. Prometió deportar a los 11 millones de indocumentados que se calcula que viven en el país, pero en sucesivas entrevistas dio la impresión de estar dispuesto a hacer una excepción con los dreamers. Hasta este jueves no lo ha puesto en negro sobre blanco.

La situación de estas personas era especialmente delicada. Son cientos de miles que han dado todos sus datos al Gobierno federal con la confianza de que no van a ser utilizados para deportarlos a ellos o a sus familias, y que desde hace cinco años están trabajando o estudiando con normalidad. Cuando Trump ganó las elecciones, el pánico a volver a las sombras se extendió entre estas personas y sus familias.

Ese miedo ha sido alimentado estos meses con una agresiva política de detenciones y deportaciones. Trump ha eliminado la política de Obama que establecía prioridades para la policía de inmigración, que básicamente solo podía concentrarse en los indocumentados con antecedentes criminales graves y dejar a todos los demás en paz. Ahora, todos son objetivo. Se conocen al menos dos casos de dreamers detenidos para ser deportados en este tiempo. Las órdenes ejecutivas en las que Trump definió su política de deportaciones no afectaban a estos jóvenes.

Al tiempo que anunciaba la continuación del programa DACA, el Gobierno dijo que cancela definitivamente el llamado programa DAPA, que establecía unas condiciones parecidas para los padres indocumentados de niños nacidos en Estados Unidos, una población estimada en 3,6 millones de personas. El programa lo puso en marcha Obama en noviembre de 2014 a través de una orden ejecutiva ante la frustración por el boicot republicano en el Congreso a una reforma migratoria que estaba pactada en el Senado.

El programa DAPA fue parado en los tribunales tras una denuncia de 26 estados gobernados por los republicanos y liderados por Texas. El caso llegó al Tribunal Supremo, que falló contra el Gobierno Obama con el argumento de que no podía imponer ciertas políticas a los estados. La protección de estas personas estaba muerta de facto antes de que Trump decidiera eliminar el programa.

La decisión del jueves fue acogida por las asociaciones de defensa de los inmigrantes con extrema cautela, debido a la sensación de improvisación y falta de reglas claras de la Administración Trump en cuestiones de inmigración. Eliminar el programa para los padres, cuando mucha gente ya había dado sus datos al Gobierno, “muestra que la prioridad de la Administración sigue siendo criminalizar y aterrorizar a las familias inmigrantes. No tienen compasión, ni sentido común, ni humanidad”, dijo Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles.