La UE estrena en un paso entre Bulgaria y Turquía su nueva policía fronteriza
Al menos 1.500 oficiales deberán estar listos para desplegarse rápido ante cualquier crisis migratoria
La Unión Europea cuenta desde este jueves con un cuerpo de policía de fronteras. Casi 200 agentes refuerzan ya la frontera entre Bulgaria y Turquía en lo que representa el primer despliegue de esta guardia recién creada. La puesta en marcha de ese proyecto, un año después de experimentar la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, evidencia que la prioridad del bloque comunitario reside en el control de las lindes europeas. El cuerpo está integrado por 1.500 oficiales, listos para intervenir en cualquier foco fronterizo crítico.
Aunque la antigua Frontex aún tardará en convertirse en una verdadera agencia con más competencias –y personal- para gestionar los límites exteriores de la UE, la misión en Bulgaria supone el primer paso, con 192 uniformados provistos de un brazalete o un chaleco en los que se lee: European Border and Coast Guard Agency (Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, la nueva denominación de este organismo).
Pese a que la frontera búlgara no constituye el punto más crítico de llegadas de migrantes y refugiados a Europa, sus autoridades han sido las primeras en solicitar esa intervención comunitaria. El cierre casi definitivo de la ruta del Egeo, que trajo a más de un millón de personas desde Turquía hacia Grecia en 2015, ha provocado una desviación de parte de ese tráfico hacia algunos tramos de los 260 kilómetros de frontera que comparten Bulgaria y Turquía. En julio se produjo un pico de más de 2.000 llegadas, que duplicaba con creces las de mayo, lo que alarmó a las autoridades búlgaras.
Tres meses después, la cúpula de la UE y el presidente de Bulgaria, Boyko Borisov, se han desplazado al cruce fronterizo Kapitan Andreevo para inaugurar el cuerpo europeo, que dispondrá al menos de 1.500 oficiales preparados para acudir con celeridad a cualquier frontera exterior terrestre o marítima -también a la española- donde se desate una crisis, esencialmente migratoria.
“Hoy estamos mejor equipados que antes para hacer frente a una situación urgente. No podemos prever dónde aparecerá el problema. Todos los Estados miembros deben entender que pueden necesitar ayuda en algún momento”, ha subrayado el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos. El representante del Ejecutivo comunitario aludía así a las resistencias que han opuesto algunos países –singularmente Grecia durante buena parte de la crisis de refugiados del año pasado- a recibir ayuda de otros Estados en la gestión de sus fronteras.
Para evitar esos titubeos –y también los que muestran los Gobiernos a la hora de enviar personal a países en crisis-, la nueva agencia de fronteras ampliará sus competencias. Realizará al menos una vez al año un análisis de riesgo de protección de fronteras y podrá tomar la iniciativa para decidir un despliegue. La última palabra, pese a todo, siempre recaerá en el Estado miembro, que deberá autorizar cualquier entrada de policías europeos a su territorio.
España aporta 111 oficiales
La agencia, además, no dispondrá de un verdadero cuerpo al servicio exclusivo de sus necesidades. Los Estados miembros alimentarán ese contingente con aportaciones ligadas al peso de cada país. Eso sitúa a España como el cuarto con el mayor cupo asignado (111 policías). Al contrario de lo que ocurría hasta ahora, cuando Frontex lanzaba la solicitud de oficiales y recibía ofertas voluntarias, esos contingentes deberán estar preparados para el despliegue. “Hace un año era muy difícil lograr contribuciones. En septiembre de 2015 pedimos 775 oficiales y apenas pudimos reclutar a la mitad”, ha ilustrado Fabrice Leggeri, director de la antigua Frontex, que confía en que la situación cambie a partir de ahora.
Con el lanzamiento de la guardia europea de fronteras en un tiempo récord para los usos comunitarios (menos de un año desde la propuesta inicial), la UE evidencia que sus esfuerzos en el ámbito migratorio se centran ahora en frenar las entradas al área Schengen. Tras la fuerte discordia desencadenada respecto a las políticas de acogida –algunos países, especialmente los del Este, se niegan a asumir una parte de los refugiados llegados a Europa-, Bruselas ha encontrado en el control de fronteras el principal punto de convergencia. “No hay ningún país que pueda hacer frente en solitario a este problema”, ha alertado el presidente Borisov.
Para el comisario europeo, la distinción está clara: “Europa mantendrá las puertas abiertas para quienes necesiten protección internacional, pero permanecerá cerrada para los migrantes irregulares”. Por eso la nueva agencia ampliará también sus atribuciones para expulsar a los extranjeros sin derecho a asilo. En la práctica, la diferencia es mucho más difusa. Porque Bruselas acaba de firmar un acuerdo político con Afganistán para poder repatriar a los ciudadanos de ese país que la UE rechace como refugiados. Pero precisamente los afganos figuran entre las nacionalidades con mayor nivel de aceptación del estatus de asilado (se concede al 67% de los candidatos, según datos de Eurostat, la agencia estadística de la UE).
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