La vida después de dejar las armas

La primera vez que agarró un arma tenía 18 años. Desde entonces no dejó de sentir miedo. Francisco, como pide que le llamen porque todavía hoy no se atreve a decir su nombre y apellido, entró a las FARC cuando tenía 15, pero hasta que no fue mayor de edad no le permitieron usar el uniforme y cargar un fusil. Antes de hacerlo se dedicó a hacer trabajo político en Bogotá. Era un guerrillero aunque no estuviera en el monte. “Empecé con trabajo de propaganda en la ciudad, pero se presentó la oportunidad de ir a un campamento y acepté”, recuerda hoy, dos años después de su desmovilización.

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“Cuando llegué me presentaron a los comandantes, yo estaba bajo el mando de ‘El Paisa’ [uno de los líderes más sanguinarios]. Creía que conocía mucho de las FARC, pero al estar allá fue todo muy complejo”, dice. Cuenta que acoplarse a la vida en el campo le tomó tiempo. Su pesada contextura, su baja estatura y un par de gafas de vidrio grueso le impidieron participar en combates. Le dejaban echarse encima un arma para que la usara en caso de que hubiera una emboscada del Ejército, pero su trabajo siempre fue político. Y aún estando en lo “más seguro” dentro de las FARC, sentía miedo. “Llega un momento en el que el ideal se pierde y el miedo crece. Uno no sabe si al siguiente minuto va a estar vivo. Casi nunca se duerme en el mismo lugar, la muerte siempre está ahí”, dice Francisco, uno de las 59.000 desmovilizados que han entrado en los últimos trece años en procesos de inclusión a la vida civil, según cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

“Yo empecé a planear salirme de las FARC cuando me enfermé. Tuve una infección estomacal y no tenía posibilidad de acceder a medicinas. Fue muy duro. Pensaba que si iba a morir en el monte debía ser en un combate y como no tenía opción de estar en uno, tomé la decisión de salvarme, de salir de allí”, recuerda Francisco, que optó por no regresar al campamento, tras uno de sus viajes a la ciudad, que eran habituales en su papel dentro la guerrilla. Dejar a las FARC no fue fácil. Sabía que aunque podría salir de allí, como lo había hecho en otras oportunidades, lo perseguirían por “traición”. Al llegar a Bogotá fue hospitalizado. Estaba a punto de una peritonitis. Tras su recuperación, se presentó ante la justicia para formalizar su proceso de desmovilización. El delito que le aparecía en su expediente era el de rebelión. No pagó un solo día de prisión.

Desde el sur de la ciudad, cuenta que “al volver del monte” buscó un lugar donde vivir lejos de donde residía antes de entrar a las FARC. No solo tenía que cargar con el estigma de desmovilizado, también tuvo que soportar por mucho tiempo llamadas intimidatorias, amenazas. Incluso hoy dice sentir la persecución de la guerrilla por haberse escapado. Las personas con las que había hecho trabajo político antes de irse para la selva, lo acosaban. “Ellos [los guerrilleros] saben dónde está uno y eso se siente”. Francisco trata de no tomar siempre la misma ruta y no da su número de teléfono. Le tiene miedo a la venganza de las FARC por haber escapado y al rechazo de la sociedad por haber sido parte de la guerrilla.

Para Joshua Mitrotti, director de la ACR, el reto de la sociedad colombiana es entender lo que implica dejar las armas. “Los desmovilizados son de carne y hueso. Tienen sueños, tienen temores. La diferencia entre ellos y nosotros es simplemente que ellos estuvieron en el lugar equivocado y les tocó vivir cosas muy complejas en torno a la guerra”. El 75% de personas que han empezado un proceso de reintegración tras dejar las armas eran analfabetas. Hoy, según cifras de la ACR, más de 22.000 han culminado la básica primaria, 14.000 alcanzaron el bachillerato, 2.800 han accedido a educación superior y 500 son profesionales.

Luis Barón, de 35 años, se vinculó a las FARC cuando tenía 13 porque no le gustaba la escuela y tenía fascinación por las armas. “No fui obligado”, asegura. En Caquetá, la región donde nació, era “normal” entrar a la guerrilla. A los tres meses de su ingreso, le dieron se primer fusil. “Cuando llegué a ser comandante, las FARC intensificaron las tomas a los pueblos y a las bases militares”. Las emboscadas y las bombas eran parte de su cotidianidad. Contarlo como lo hace ahora le costó tiempo. Tal vez sintió por primera vez que podía hacerlo cuando tuvo de frente a una de sus víctimas. Wilson Barreto, un expolicía, le perdonó que una acción del grupo que él lideraba lo haya dejado ciego.

El Gobierno y las FARC acordaron crear el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), que estará dirigida por dos miembros del Estado y dos de la guerrilla, que tendrán la función de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación, según los términos acordados en La Habana. Después de los 180 días en que estarán concentrados tras la firma del acuerdo, cada miembro de las FARC recibirá un pago único cercano a los 600 dólares y durante dos años un subsidio mensual de 200 dólares, que equivale al 90% del salario mínimo en Colombia. Tras cumplirse ese periodo y si se comprueba que el beneficiario ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación, se establecerá otra asignación mensual cuyo monto se definirá a través de una ley. Un modelo que no varía del que existe actualmente, en donde los desmovilizados de diferentes grupos armados también reciben subsidios por valores similares.

Una investigación realizada en el 2014 por la Fundación Ideas para la Paz analizó la situación de 1.158 desmovilizados de grupos paramilitares y guerrilleros de diferentes partes del país y determinó que el 76% no había vuelto a incurrir en crímenes, frente al 24% que sí lo había hecho. “En la cárcel el 70% vuelve a reincidir al cabo de tres años. Es menor la reincidencia de quienes se desmovilizan”, advierte el director de la ACR. Como el caso de Luis, que hoy camina por Bogotá con Wilson, antaño enemigo, como dos ciudadanos más.