‘Juan sin tierra’ vuelve a casa en Colombia

Cuando encontraban los cadáveres, lo primero que hacían era revisar los bolsillos de la ropa. En un pedazo de papel los guerrilleros solían escribir la razón por la que esa persona estaba muerta: no pagó una extorsión, no abandonó su finca a pesar de las advertencias, denunció ante las autoridades… Cualquier cosa. En las calles polvorosas y casi intransitables de la localidad de Ovejas, en Montes de María, en el Caribe colombiano, no cesan las historias que desde los años ochenta vivieron a cuenta de la guerra. Hablan del pasado como un cuento de terror que no quieren repetir.

“La funeraria siempre estaba llena. Todos los días un muerto nuevo. No había autoridad y si había, estaba corrompida”, cuenta El Mono, un habitante de la zona, de los pocos que resistieron, y que pesar de las amenazas, permaneció en su región. Tiene tantos relatos para contar que prefiere resumirlos en breves frases: “Acá cerca fue la masacre de El Salado (la matanza de 70 campesinos), también fue la de Chengue (el asesinato de otros 27). La guerrilla cerraba la vía y solo podía pasar quienes ellos permitieran. A veces entraban a las fincas y si no les daban lo que querían, mataban a machetazos al ganado”.

En Ovejas, una población de 20.000 habitantes, la mayoría distribuida en zonas rurales, el conflicto golpeó desde todas las esquinas. Eran blanco de las FARC, de los paramilitares, de los agentes de Estado corrompidos y aliados con grupos armados. Muchas familias tuvieron que dejar sus ranchos y huir. Ceder sus tierras a punta de hostigamientos. Pasaron muchos años y corrió mucha sangre antes de la desmovilización de los paramilitares (2003-2006) y de la creación, en 2011, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que por primera vez le daba una esperanza de retorno a los campesinos que habían sido despojados. Según la Unidad de Tierras, que acompaña a las víctimas, 23.000 colombianos han sido restituidos y cerca de 200.000 hectáreas fueron ya devueltas.

Un porcentaje importante de la ruralidad en Colombia, no tiene origen legítimo. Una informalidad que no ha permitido que se invierta y apoye el campo y que ha facilitado el robo de las tierras. Por eso, este es uno de los aspectos clave en el acuerdo de paz con las FARC. No solo es el primer punto, también es la primera vez que se habla de una regularización seria de la propiedad, de democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Desde Montes de María, en donde se empezó el anhelado censo de baldíos, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, anunció la puesta en marcha para lograr el 100% de la formalización de predios, principalmente en municipios golpeados históricamente por el conflicto armado.

Según el pacto alcanzado la pasada semana en La Habana se espera que “el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades”. Además, se creará un Fondo de Tierras, que dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros diez años.

La Unidad de Tierras asegura que se han recibido 93.686 solicitudes de restitución, de las cuales el trámite de 36.717 ya ha finalizado, con 23.236 personas beneficiadas y un total de 189.424 hectáreas restituidas. El mayor número de solicitudes llegan por baldíos usurpados por la guerrilla (40%), seguidos por los paramilitares (35) y delincuencia común (24%). Y las zonas en donde hay más reclamantes es el departamento de Antioquia (17.019) y Bolívar (6.355). De este último, es Carmen Márquez, una mujer que supera los 60 años. Dice que su edad no la marca el día de su nacimiento sino todo lo que ha tenido que vivir. Tiene guardadas las cuatro balas con las que mataron a su esposo. “Es para que no se me olvide nunca”, dice. Y describe la noche en lo que mataron como si hubiera sido ayer. “Él estaba viendo la televisión, de repente golpearon la puerta insistentemente hasta que entraron. Él intentó correr, pero las balas lo alcanzaron”. Lo mataron por ser líder campesino. Murió acribillado delante de sus hijos, dentro de su propia casa.

Francisco Narváez cuenta a sus muertos con los dedos. Primero fue un hermano, después otro. Hubo un tercero. También le desaparecieron a un sobrino. Hasta el día de hoy lo único que sabe de él es que se lo llevaron los paramilitares el mismo día que mataron a uno de sus hermanos. Ser líderes campesinos les salió caro. Francisco tuvo que huir. Dejar sus cosechas (Montes de María es una tierra rica en cultivos) y sus animales para intentar sobrevivir en la ciudad. En Colombia hay al menos seis millones de personas desplazadas. Francisco, que decidió confiar en la promesa de que, con la paz, la normalidad volverá a la vida campesina, habla del perdón como la única salida. “Hay que apoyar la paz para que podamos vivir tranquilos, sin la presión de la guerra”, dice entusiasmado, después de que sus tierras ya tengan titulación.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, asegura que tras el acuerdo se llegará a zonas donde el conflicto no permitía atender a las víctimas de despojo o abandono forzado, se devolverá las tierras a sus legítimos dueños y se procurará que en toda la geografía nacional haya verdadera institucionalidad. Del total de familias que ya cuentan con un fallo judicial a su favor, el 89,2% han manifestado que retornarán al predio. Francisco Narváez, que ya está de nuevo en su tierra, espera que el despojo que sufrieron miles de campesinos como él no se vuelva a repetir.