Bruselas crea una policía de fronteras con 1.500 agentes

Un golpe de mano; quizá una provocación. La Comisión Europea lanzó este martes un ambicioso plan que ampliaría de forma fulminante su poder, con una nueva policía europea de fronteras capaz de intervenir en caso de urgencia, incluso contra la opinión del país afectado. Alemania y Francia apoyan la propuesta. Italia y España no se oponen, aunque vacilan sobre el aspecto más polémico: si Bruselas puede mandar a los guardias a un país que se oponga a esa medida extrema. Otras capitales lo ven como una intromisión intolerable en uno de los reductos de la soberanía nacional en Europa: las fronteras.

Bruselas azuza a los Veintiocho para que resuelvan de una vez lo irresoluble, la crisis de refugiados y migratoria provocada por el avispero de Oriente Medio, por las discutidas fotos de la canciller Angela Merkel con los migrantes y por otras muchas razones, entre las que destaca una diferencia de renta per cápita de más de 20.000 euros al año entre las dos orillas del Mediterráneo, una cifra que ejerce un poderosísimo efecto llamada. La Comisión, consciente de lo controvertido de su propuesta, hizo una calculadísima puesta de largo ante la Eurocámara. Al cabo, el Ejecutivo comunitario necesita primero el apoyo del Consejo Europeo (cuyas voces críticas podrían rebajar el nivel de ambición de la iniciativa) y después de los europarlamentarios.

Se cumple así aquel viejo adagio: “Europa avanzará en las crisis”. La combinación de crisis de asilo —con la entrada de millón y medio de personas en lo que va de año— y de seguridad —tras los atentados de París— ha dado munición al Ejecutivo comunitario para anunciar ese atrevido plan. La nueva agencia se llamará Guardia Europea de Costas y Fronteras. Su presupuesto duplicará el actual de Frontex. Contará con una plantilla fija de 1.000 empleados —el triple que Frontex— y además con un contingente de 1.500 agentes adicionales, cedidos por los Estados miembros y listos para intervenir en un plazo máximo de tres días, “cuando las deficiencias no se corrijan en un Estado miembro, bajo presión migratoria significativa y cuando eso ponga en peligro el área Schengen”, según el texto final.

Por mayoría cualificada

Será la Comisión quien apriete el botón nuclear y envíe a la nueva policía común en casos de urgencia, tras someter esa decisión al voto por mayoría cualificada de los Veintiocho. Se trata de una medida extrema que solo se usará “como mecanismo de último recurso, como última opción”, según fuentes europeas, “y siempre en coordinación con los Estados miembros afectados”, según fuentes europeas. Pero esa mayoría cualificada traerá cola: la solución elegida sortea un eventual veto del propio país afectado, que se vería obligado a ceder el control de su frontera contra su voluntad.

Esa decisión redefine la sacrosanta soberanía de los Estados nación sobre sus fronteras, después de comprobar que algunos países son incapaces de controlar la marea migratoria de los últimos meses. Más de 700.000 personas han entrado por Grecia en 2015, lo que ha acabado obligando a Atenas a solicitar ayuda europea tras enormes presiones de los socios. Ese es a día de hoy el principal agujero de Schengen, a la espera de que funcionen las medidas de emergencia activadas hace unos días en Grecia.

“La crisis cuestiona la zona Schengen; los riesgos de seguridad son evidentes tras los ataques de París. El control de las fronteras exteriores debe reforzarse para salvar Schengen”, explicó ante el Parlamento Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión. Timmermans anunció una modificación del código Schengen para poder hacer controles sistemáticos en frontera a ciudadanos europeos, con las bases de datos policiales. Y reforzó ese paquete con una propuesta de mecanismo voluntario de recolocación desde Turquía.