La policía registra la vivienda del presidente del Congreso de Brasil
Además del domicilio de Cunha, los agentes registran los de dos ministros de Rousseff Las autoridades buscan pruebas relacionadas con el 'caso Petrobras'
Agentes de la policía brasileña irrumpieron el martes muy de mañana en las dos residencias, una en Brasilia y otra en Río de Janeiro, de Eduardo Cunha, el polémico presidente del Congreso brasileño, a fin de registrarlas y de proveerse de pruebas del caso Petrobras, en el que Cunha está implicado. La policía, entre otras cosas, se apropió de dos teléfonos portátiles del político brasileño, dirigente del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), de su miniiPad y de su ordenador portátil. La policía no solo acudió a la casa de Cunha. Ese mismo día, y a esa hora, entre otros, registraron también las casas y los despachos de dos ministros brasileños, de varios diputados y senadores, casi todos del PMDB, partido cada vez más escindido entre los aliados del Gobierno de Dilma Rousseff, con el que forma coalición, y sus enemigos más acérrimos, como Cunha.
La acción de la policía brasileña tiene el efecto de pegar una patada —una más— al avispero del Congreso en Brasilia, donde las alianzas, contra alianzas, traiciones y divorcios políticos se suceden a una velocidad de vértigo, con la presidenta Dilma Rousseff como principal blanco, debilitada ya de por sí por el proceso de destitución parlamentaria puesto en marcha hace dos semanas.
Cunha, uno de los líderes de ese partido, acusado por la Fiscalía de poseer 5 millones de dólares en cuentas suizas provenientes de sobornos de Petrobras, fue el que, por potestad de su cargo —y por venganza, según muchos— desencadenó el denominado impeachment. La causa formal de este impeachment es jurídicamente endeble: en esencia, alterar las cuentas públicas para disimular el déficit. Pero políticamente es una bomba, ya que los diputados no juzgarán a Rousseff por eso, o no solamente por eso. Y ahí el PMDB tiene una importancia crucial, ya que el peso de sus escurridizos y volubles diputados puede inclinar la balanza para un lado o para otro.
Uno de los ministros investigados, Celso Pansera, titular de Ciencia y Tecnología, es declaradamente anti-impeachment. El otro, Henrique Eduardo Alves, de Turismo, parece más cerca del vicepresidente Michel Temer, también del PMDB, que la semana pasada se apartó de la presidenta –a fin de postularse a sí mismo- por medio de una incendiaria carta que también sacudió el Congreso brasileño y al país de arriba abajo. Otro de los diputados cuya casa fue registrada el martes es Aníbal Gomes, próximo al presidente del Senado, Renan Calheiros, que puede también a partir de ahora, por venganza o simple cálculo político, cambiar de bando y situarse en la trinchera anti-Rousseff. De este modo, el partido que debía en teoría dar estabilidad a un Gobierno en apuros se desintegra en facciones antagónicas cuando Rousseff más lo necesita.
Había rumores esta mañana de que Eduardo Cunha anunciaría su dimisión de la presidencia de la Cámara por la tarde. Pero no. Cunha ha acudido a una rueda de prensa esta tarde, a las 15.00 (18.00 en España), para asegurar que seguirá en su puesto, el tercero en la línea de sucesión del país, a pesar da la operación de esta mañana y las acusaciones en su contra. Sobre la acción de la Policía Federal en sus residencias, ha ironizado: “No me sorprende. Yo mismo ya les había dicho a ustedes que me despierto a las seis de la mañana y que la puerta de mi casa estaría abierta. Hay una investigación en marcha y es algo normal”. Ha rechazado tajantemente que esté involucrado en la trama corrupta de Petrobras –“soy inocente”– y ha explicado que el culpable por el “asalto” a la petrolera pública es “el Partido de los Trabajadores”. “El hecho de que acudieran a mi casa a buscar pruebas significa que no tienen pruebas”. Y ha concluido: “Es raro que los objetivos de las operaciones policiales sean solo los miembros del PMDB, y nunca del PT”.
Y como todo en la crisis brasileña tiene tendencia a girar hacia el surrealismo puro, dos horas después de que la policía iniciase los registros, la Comisión de Ética del Congreso se reunió, en una sesión acordada anteriormente, para decidir si debe discutir o no la destitución de Cunha por mentir hace meses al afirmar —en una sesión parlamentaria— que no tenía cuentas en el exterior. Es la octava vez que esa comisión de Ética se reúne sin decidir nada excepto el volver a reunirse. Este martes, en esta comisión inverosímil el abogado de Cunha, Marcelo Nobre, que había sido citado con anterioridad, aprovechó su turno de palabra para, en una sorprendente declaración, asegurar que el hecho de que la policía entrase en la casa de su cliente solo significaba que la Fiscalía carecía de pruebas. “Van a buscarlas porque no tienen”, añadió, tranquilamente.
La Comisión de Ética tiene de ética solo el nombre. La mitad de la veintena de sus integrantes arrastra cuentas pendientes con la justicia. Y la semana pasada el país asistió en directo por la televisión entre estupefacto y abochornado al espectáculo de dos diputados de esta comisión liándose a guantazos y trompadas entre insultos al discutir una cuestión de procedimiento.
Dentro de todo este lío parlamentario, con el legislativo paralizado, el ministro de Economía, Joaquím Levy, recuerda cuando le dan oportunidad y en los esquinazos de los periódicos que hay que aprobar ajustes presupuestarios a fin de que la economía no embarranque definitivamente. Mañana miércoles se harán públicos los nuevos datos del paro —que se prevén malos, por encima del 9%— y la agencia de calificación Moody's ya amenazó la semana pasada con rebajar la nota de Brasil, cosa que, según varios expertos, hará pronto, desencadenando una nueva sacudida en el país, que no se recobra nunca de tanta desgracia sucesiva.
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