Un Estado maniatado

La prensa internacional ha reseñado de forma prominente la crisis de Puerto Rico. Algunos han hecho comparaciones con Grecia y aun con una potencial crisis española. Aunque puedan encontrarse semejanzas, la situación de Puerto Rico tiene características propias a la hora de justipreciar lo que ocurre en este país del Caribe de 3,5 millones de habitantes, que desde 1898 está bajo la soberanía de Estados Unidos tras cuatro siglos de colonialismo español.

Lo que la mayoría de los informes noticiosos destacan es el agudo problema fiscal que impide al país cumplir con las obligaciones contraídas con sus acreedores. Ese fenómeno es real. Diversos factores han contribuido a que se haya acumulado una deuda pública de 73.000 millones de dólares (unos 66.800 millones de euros) que no se podrá satisfacer sin afectar adversamente las operaciones del Gobierno y los servicios a la ciudadanía. En los pasados días por primera vez Puerto Rico dejó de realizar varios pagos requeridos para amortizar parte de esa deuda.

Estos desarrollos tienen en ascuas a inversores, firmas calificadoras de crédito y a la prensa financiera estadounidense y global. También ha provocado ansiedad en colectivos de la sociedad puertorriqueña. Por ejemplo, esos primeros impagos han afectado al sector cooperativista, que ocupa un lugar de importancia en la economía isleña, pues un porcentaje significativo de sus activos ha sido invertido en bonos del Gobierno de Puerto Rico.

Las dificultades fiscales han impulsado al Ejecutivo a tomar medidas de austeridad desde 2009 que han conducido al despido de trabajadores, la modificación de planes de pensiones, recortes en los servicios públicos y aumentos tributarios onerosos. Aun así la insuficiencia fiscal no amaina. Peor aún, las respuestas a la crisis han afectado de forma particular a los más vulnerables.

Con todo lo que esto importa, las dificultades fiscales de hoy son solo un síntoma de problemas estructurales más profundos. Una condición estructural de envergadura es la carencia de un desarrollo económico endógeno sostenible. Esta ha sido una característica constante durante los pasados 117 años. Aun en sus momentos de mayor crecimiento económico, entre 1950 y 1970, Puerto Rico dependió excesivamente de la inversión extranjera, principalmente estadounidense, para crear empleos y generar riqueza. Buena parte de esa riqueza retornaba a su país de origen. Desde hace tiempo, Puerto Rico también exhibe serios problemas sociales: un alto índice de pobreza (45% de la población) y bajos niveles de participación laboral (solo el 40% de los aptos para trabajar está en la economía formal). En diversos momentos ha experimentado emigraciones masivas hacia EE UU y en décadas recientes un aumento de la delincuencia, sobre todo la relacionada con el narcotráfico.

Ni EE UU ni el país caribeño han hallado un lugar nuevo para esta colonia que exhibe disfuncionalidades

A mediados del siglo XX, Puerto Rico tuvo avances sociales de envergadura. Entre ellos, la reducción de los niveles de pobreza extrema y la mejora de la educación y la sanidad públicas. Esos logros respondieron, en parte, a las luchas de sectores progresistas internos, pero también a la convicción de agentes del aparato de poder estadounidense de que eran necesarios para garantizar la estabilidad y la hegemonía de EE UU sobre un enclave estratégico-militar ubicado en el Caribe. Esas conquistas nunca han sido suficientes para erradicar los males endémicos de la pobreza y la desigualdad. De ahí que cualquier crisis tenga repercusiones dramáticas sobre porcentajes elevados de la población.

Luego está el tema de la relación con EE UU. Puerto Rico no es un Estado de la Unión estadounidense. Tampoco es un país soberano. En los inicios del siglo XX, el Tribunal Supremo de EE UU dispuso que a Puerto Rico debía considerársele un “territorio no incorporado” de Estados Unidos. Concluyó, además, que está subordinado a los “poderes plenos” del Congreso estadounidense. Ese entendido prevalece aun después de establecido el Estado Libre Asociado, que se adoptó en 1952 mediante autorización del Congreso.

Puerto Rico dejó de realizar este agosto  pagos para amortizar parte de su deuda

Todo ello significa que Puerto Rico ha de enfrentar sus crisis dentro de los parámetros fijados por la Constitución de Estados Unidos y los dictámenes del Congreso de ese país, en el que no tiene participación efectiva. Muchas de esas determinaciones han contribuido a crear o profundizar las crisis recurrentes. Por ejemplo, el Congreso ha dispuesto que las mercancías que llegan desde EE UU a Puerto Rico por mar deben hacerlo en barcos de fabricación, matrícula, propiedad y tripulación estadounidenses, lo que encarece absurdamente el costo de vida en el país. A propósito de la crisis fiscal actual, se ha cobrado conciencia de las repercusiones perniciosas de la decisión del Congreso de prohibirle a Puerto Rico adoptar su propia ley de bancarrotas a la vez que le niega acceso a la Ley de Quiebras de EE UU que autoriza a las municipalidades y corporaciones públicas de los estados de la Unión a acogerse a sus beneficios.

Muy en el fondo, lo que parece haber entrado en crisis es el colonialismo adoptado por EE UU con el objetivo de mantener una posesión de ultramar en el Caribe que le permitiera lidiar con los retos que le presentaban una América Latina convulsa y un mundo bipolar. Las coordenadas de ese mundo han cambiado. Ni EE UU ni Puerto Rico han logrado encontrar un lugar nuevo para esta colonia moderna que está dando señales serias de disfuncionalidad, por un lado, y descontento, a su modo, por otro, a causa, no solo de la crisis fiscal inmediata, sino de las profundas grietas que ha venido acumulando durante más de un siglo.

Efrén Rivera Ramos es catedrático y exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.