Brasil espera en vilo la lista de políticos involucrados en el ‘caso Petrobras’

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, aseguró este martes en Brasilia al dirigirse a un grupo de manifestantes que le apoyaban como a una especie de héroe nacional: “Quien tenga que pagar, va a pagar”. La frase no es baladí y el momento aún lo es menos. Janot ha comenzado ya a remitir al Tribunal Superior de Justicia los nombres de los diputados y senadores implicados en el caso Petrobras. Son 28 denuncias contra 54 personas, entre ellos, varios políticos. Aún no se sabe cuándo esta auténtica lista negra, que desencadenará un terremoto político de consecuencias imprevisibles, será hecha pública en su totalidad. Pero no tardará mucho.

La prensa brasileña habla de decenas de nombres, hasta 40 políticos, la mayoría del Partido de los Trabajadores (formación a la que pertenece la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula) y de algunos de los partidos que le apoyan en el Parlamento. Las especulaciones apuntan a los presidentes del Congreso, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros. También parece seguro que estará incluido el tesorero del PT, João Vaccari, acusado de desviar fondos de la petrolera a las arcas del partido para financiar campañas electorales.

Los nombres han sido proporcionados por los ex altos cargos de Petrobras acusados formalmente a cambio de rebajas en la condena y por altos ejecutivos de empresas que, según la fiscalía, sobornaban a esos ex altos cargos para hacerse con contratos millonarios de la gigantesca empresa que más invierte en Brasil en obras públicas.

La divulgación de los nombres sacudirá un Congreso ya de por sí convulso y ultrafragmentado 

Sean quienes sean y sean cuantos sean, la divulgación de los nombres va a cambiarlo todo. Y esto sucede en un momento delicado y sacudirá un ya de por sí Congreso convulso e ultrafragmentado en el que las alianzas se calibran al milímetro. Jaques Wagner, ministro de Defensa, del PT, exgobernador de Bahía y muy próximo a Rousseff, manifestó hace dos días que la publicación de la lista de políticos acusados generará una suerte de “perturbación social”: “Es obvio que va a haber turbulencias, y las va a haber en un momento en que el país más necesita de tranquilidad”.

Los datos económicos no son buenos. Brasil está a un paso de volver a la recesión y, cuando menos, su economía sigue estancada. El paro (el indicador al que más se agarra Rousseff para defender su gestión) subió en enero hasta el 5,3% (en enero de 2014 rozaba el 4,8%). El viernes se hará público también el dato de inflación, que seguramente será más alta de la meta autoimpuesta por el Gobierno. Esta subida paraliza más el ya desanimado consumo.

Porque si la política está casi en suspenso, a la espera de que la lista del oprobio de los 40 nombres se divulgue por fin (Brasil lleva meses haciendo conjeturas sobre quiénes serán los imputados y por qué), la economía también. Los empresarios nacionales, como los consumidores, esperan a la hora de invertir a saber hacia dónde se dirige el país y los extranjeros aguardan a que se cumplan todas las promesas de ajustes y recortes que el ministro de Economía, Joaquim Levy, se comprometió a llevar a cabo. Poco a poco, las está cumpliendo. La semana pasada retiró una exención de impuestos a las empresas que Rousseff había instaurado en 2011 y ordenó la reducción de gastos en todos los ministerios. Paralelamente, el Gobierno ha anunciado una subida de la tarifa eléctrica que, para determinadas familias de clase de media, sobre todo en São Paulo, significará un 30% más en el recibo de la luz. Levy, elegido por su fama de experto en el ajuste, se comprometió a ahorrar unos 24.700 millones de dólares y “llegar a un equilibrio fiscal”.

La semana pasada, Moody’s rebajó de golpe dos escalones la calificación de la ya cuarteada Petrobras, dejando sus acciones al nivel de “no seguras para la inversión”. Un batacazo para la petrolera, envuelta en una crisis que le carcome desde todos los ángulos: desde la corrupción a la caída del precio del barril. Con todo, el Gobierno de Rousseff batalla (a base de ajustes y de respaldar al ministro de Economía) para que estas agencias de calificación no rebajen la nota a Brasil, ahora en un modesto estable (BAA2). Para ello, los miembros del Gobierno, el ministro de Economía, la propia Rousseff y hasta el expresidente Lula maniobran para que un Congreso hostil hasta ahora transija y apruebe los ajustes que, por otra parte, nadie prometió durante la pasada campaña electoral.