Las denuncias por el caso Petrobras anuncian un terremoto político

“En Brasilia todo se termina los viernes a las dos de la tarde”, bromean los taxistas a los periodistas que salen de los edificios oficiales sin haber logrado su objetivo: saber quiénes son las decenas de políticos —entre ellos senadores y exgobernadores— que serán formalmente imputados por la Fiscalía por haber recibido millonarios sobornos provenientes de Petrobras. El Procurador General, Rodrigo Janot, había sugerido que la lista de acusados que presentará ante el Tribunal Supremo Federal (TSF) se conocería antes de que terminase el mes, pero, según indican fuentes oficiales, los fiscales dedicados a la Operación Lava Jato necesitan unos días más para terminar el sumario y, sobre todo, revisar con lupa un caso que tiene un alto riesgo de politización. El proceso ha sido dividido en varias causas para dificultar una interrupción general del mismo por algún defecto formal y por su magnitud en sí, muy superior al célebre Caso Mensalão.

Se trata de una nueva y crucial fase de la Operación Lava Jato: castigar a los cargos electos implicados en el caso, la mayor parte señalados por alguno de los 13 delatores, que por su posición tienen un estatus privilegiado y solo pueden ser juzgados en Brasilia. Es decir, los supuestos miembros de la trama que no ocupen cargos políticos (como el tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari, por ejemplo), no formarán parte de esta fase. La Fiscalía puede solicitar el archivo de las investigaciones sobre un político, la apertura de una investigación formal en su contra y una denuncia por delitos concretos.

No obstante, la presentación de la acusación no implica que los nombres de los políticos se hagan públicos, pues sobre ellos pesa el secreto de sumario que solo puede levantar, a instancias de la Fiscalía, el ministro del TSF Teori Zavascki. Se da por sentado que algunos casos seguirán en secreto.

Aunque las filtraciones a los medios brasileños han sido constantes desde la detención de los empresarios constructores (y corruptores) en noviembre, este periódico ha podido averiguar que habrá también algunas “sorpresas”, aunque no con “grandes” nombres. No se conoce con exactitud el número de políticos comprometidos. Pero es seguro que la próxima semana marcará un antes y un después en la política brasileña. A largo plazo, por el ejemplo que debería sentar un caso de semejante envergadura: lo robado podría ascender a 10.000 millones de dólares en ocho años. A corto, porque se sabe que la mayoría de los implicados pertenecen al PT y a sus aliados (el PMDB y el PP): una poderosa arma política para una oposición que ha logrado que la palabra impeachment (proceso de destitución), en el vocabulario brasileño cotidiano.