Ricos en celda compartida

Apenas les dio tiempo para llenar una maleta pequeña con mudas, lecturas y un neceser. Los rumores sobre posibles detenciones de ejecutivos iban en aumento, pero sólo un par de sospechosos se anticiparon y telefonearon a la justicia para llegar a un acuerdo y evitar la cárcel.

Estupefactos, los brasileños se enteraron el viernes pasado por radio, prensa y televisión de que 300 agentes de la policía federal habían detenido en seis Estados a 23 de los empresarios más ricos y poderosos del país. Después, los metieron en varios aviones y enviaron a Curitiba, capital del Estado de Paraná y centro neurálgico de la ya célebre Operación Lava-Jato contra la corrupción en Petrobras. Muchos pertenecían al “club de los mil millones” (en expresión de la revista Veja). Esa noche, y las tres siguientes, compartieron celdas en una comisaría repentinamente saturada y tuvieron incluso que sacar algún colchón al pasillo, dado que en una de las dependencias se halla completamente aislado el cambista arrepentido Alberto Youssef, cuyo testimonio ante la justicia (junto al de un exdirectivo de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y un ejecutivo de la empresa Toyo Setal, Julio Camargo) propició algunas detenciones y cambió el rumbo del mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña.

Entre los arrestados, presidentes y expresidentes de las mayores constructoras de Brasil, oficialmente acusados de haber organizado junto a la petrolera estatal un esquema de sobornos, corrupción y lavado de dinero que entre 2004 y 2012 pudo desviar más de 3.000 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros) y financió irregularmente a los principales partidos políticos (sobre todo al gobernante Partido de los Trabajadores, PT, pero también al PMDB y al PP). Solo dos de las grandes compañías de construcción (Odebrecht y Andrade Gutierrez) se han librado hasta el momento de tener un alto cargo en la cárcel.

Los millonarios —acusados de organización criminal, corrupción, fraude a la ley de licitaciones y lavado de dinero— lavan su ropa al sol y tienen permitido deambular por el recinto penitenciario hasta la caída de la noche. Las celdas son humildes (sólo hay seis: deben compartirlas) y las duchas públicas. No pueden recibir alimentos de fuera, pero almuerzan y cenan dignamente. Algunos tienen derecho a hacer una llamada diaria. Las celdas están menos saturadas desde este jueves, cuando 11 de los detenidos fueron liberados (con la prohibición, eso sí, de salir del país). Salieron en silencio, algunos escondiendo el rostro, en compañía de sus abogados. Al resto se le extendió la prisión preventiva por un mes.

Uno de los encarcelados, Ricardo Pessoa, presidente del grupo UTC / Constran, era, a tenor de las revelaciones, el jefe del club, coordinador del cartel que formaban 13 empresas contratistas. Esos presidentes y directores generales se repartían las obras, calculaban precios, sobrefacturaciones y sobornos y celebraban reuniones periódicas. Los pagos ilícitos se hacían en metálico o mediante transferencias maquilladas con la etiqueta de “servicios de consultoría”, en cuentas brasileñas o de paraísos fiscales. En el selecto club había incluso un subgrupo VIP, formado por las empresas gigantes (Camargo Corrêa, UTC, OAS, Odebrecht y Andrade Gutierrez), cuyos miembros en ocasiones se reunían solos.

Tales son las cantidades presuntamente estafadas, tan voluminoso el expediente judicial y tan inesperadas las revelaciones de los últimos delatores que nadie parece estar muy seguro de nada en Curitiba. Los agentes han cortado la comunicación con los periodistas hasta que acaben las declaraciones de los detenidos. El vestíbulo de entrada, con cámaras de televisión instaladas en la puerta, es un nido de cuchicheos y rumores que amenazan con quebrar el futuro de algunos acusados y la tranquilidad de bastantes personas cuyos nombres no aparecen aún ligados a la investigación (políticos, empresarios e intermediarios). “Es imposible saber dónde va a terminar esto”, reconoce un abogado.