La dictadura militar brasileña causó 421 muertos y desaparecidos

Casi 30 años después del fin de la dictadura militar brasileña, comienzan a surgir las primeras cifras oficiales de muertos y desaparecidos. Las primeras conclusiones del informe que la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) presentará el 10 de diciembre indican que los militares fueron responsables de 421 asesinatos y desapariciones de adversarios políticos del régimen que gobernó el país de 1964 a 1985.

La lista de víctimas puede ser mayor ya que, según la comisión, las Fuerzas Armadas apenas han colaborado para esclarecer los hechos. Antes del inicio de las investigaciones, en mayo de 2012, los integrantes de la CNV estimaban que el régimen militar había causado entre 350 y 370 víctimas. La dictadura de Chile, entre 1973 y 1989, causó 3.065 muertos y desaparecidos, y la de Argentina, entre 1976 y 1983, cerca de 30.000.

Antes de la instalación de la CNV, ya se habían encontrado 181 cadáveres. En los últimos años, 32 más fueron localizados por familiares, policías, Ministerio Público y, uno de ellos, por la propia Comisión. Se ignora aún el paradero de 208 desaparecidos. Entre ellos figuran 70 de los que lucharon en la Guerrilla del Araguaia, uno de los principales movimientos contra la dictadura.

En esos dos años de investigaciones, la CNV identificó la existencia de centros ilegales de torturas usados por el régimen y recopiló pruebas del apoyo de los civiles a los militares. La comisión apuntó también que cerca de 80 empresas espiaron a trabajadores y sindicalistas a fin de de colaborar con la dictadura. Entre estas compañías, según un informe de la CNV, están las multinacionales Volkswagen, Chrysler, Ford, General Motors, Toyota, Rolls-Royce, Mercedes Benz, además de las brasileñas Petrobras y Embraer.

La identificación de los muertos y desaparecidos no implica que haya penas para los involucrados. La Ley de Amnistía, promulgada en 1979, perdonó los crímenes cometidos durante la dictadura. Liberó a más de 25.000 presos políticos y garantizó que los militares y sus seguidores no fueran juzgados. El informe final de CNV, en principio, servirá como un documento oficial que afirma que el Estado brasileño cometió violaciones de derechos humanos y crímenes contra sus ciudadanos.