La CIDH recibe las actas de la historia más oscura de Argentina

Son páginas y más páginas que registran lo que jamás debió suceder y que por tanto constituyen un testimonio de lo que muchos trataron que nunca se supiera que ocurrió. Desde este martes, una copia de las actas de las 280 reuniones que celebró la Junta Militar argentina entre 1976 y 1983 forma parte del archivo en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo un papel trascendental a la hora de denunciar las violaciones masivas de derechos humanos durante la dictadura y, sobre todo, las desapariciones forzadas en muchos casos aún no resueltas en el país sudamericano.

Las actas, halladas a finales de 2013 en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, constituyen el primer documento que se obtiene "hecho por el máximo organismo del poder institucional durante esos siete años, la Junta que representaba el máximo poder institucional", destacó el ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, tras entregar una copia de las actas al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en Washington.

Y permiten conocer lo que para la Junta era y no era importante, al revelar qué decisiones delegaba y cuáles tomaba directamente saltándose al ministro responsable, como en el caso de la educación superior, donde cuestiones como la supresión de la autonomía universitaria o la eliminación de los centros de estudiantes fueron tomadas directamente por los comandantes en jefe.

"Son 280 reuniones que reflejan los distintos momentos y los distintos estados de la época durante ese proceso", subrayó Rossi, para quien más allá del posible valor histórico o jurídico de los documentos, "sobre todo hacen un aporte enorme a esto que ya es un paradigma cultural de la sociedad argentina que es el de la memoria, verdad y justicia".

"La construcción de la memoria es un hecho evolutivo, dinámico, continuo y la aparición de esta documentación ayuda a consolidar" esta memoria, insistió.

Álvarez Icaza por su parte destacó no sólo el “inconmensurable valor histórico y jurídico” de las actas entregadas. Su hallazgo y manejo reflejan además “una política de búsqueda de la verdad”, algo que calificó de “inspirador y valioso”.

Los documentos, subrayó, “recogen un pasado muy doloroso, pero indispensable para la búsqueda de justicia”, agregó, según la CIDH.

Desde su hallazgo, el gobierno argentino ha ido entregando copias de las actas a diversas universidades y organizaciones de derechos humanos tanto en Argentina como en el extranjero, incluidos México o España.

Su llegada a la CIDH tiene sin embargo un valor simbólico agregado, en vista del papel crucial que el organismo desempeñó en el pasado aún reciente del país.

Al fin y al cabo, fue la Comisión Interamericana la que, con su histórica visita a Argentina, precisamente durante un mes de septiembre en 1979, abrió los ojos del mundo a lo que estaba sucediendo en el país sudamericano.

Sin ambages, en su informe sobre el país publicado en abril de 1980, la CIDH denunció las ”numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos” durante la dictadura -más de 5.500 casos- y, especialmente, la “situación de los miles de detenidos desaparecidos que (…) se puede presumir fundadamente que han muerto”.

“Como han dicho muchas víctimas directas de la dictadura argentina, hay un antes y un después de la dictadura argentina en relación con la visita de la CIDH”, dijo a EL PAÍS el exsecretario ejecutivo del organismo Santiago Canton (1998-2001).

Más de tres décadas después, en 2011, varios de esos documentos -un centenar de fotos e informes de las autoridades uruguayas sobre los cuerpos, presuntamente de desaparecidos argentinos, hallados con signos de tortura en sus costas y aguas territoriales- que habían recopilados durante ese histórico viaje por la CIDH iniciaron el camino de vuelta a Argentina. El propio Canton viajó a Argentina a entregar el material, que se convirtió en una prueba de los “vuelos de la muerte” en el juicio contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura.

No parece que las actas de la Junta Militar ahora halladas vayan a proporcionar pruebas tan fehacientes como el material de 1979, aunque Rossi destacó que los documentos revelan entre otros los esfuerzos de la dictadura, precisamente tras la visita de la CIDH, de “dejar de usar la palabra desaparecido” creando una nueva categoría en el Código Civil, la de “ciudadano con presunción de fallecimiento”. O la “mucha documentación valiosa” sobre los últimos momentos de la Junta y la creación del decreto de autoamnistía que fue la Ley de Pacificación Nacional rápidamente derogada por el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

En todo caso, según el ministro de Defensa, la idea es mantener el contacto con la CIDH para “compatibilizar e intercambiar las distintas miradas que surjan del análisis de la documentación”.

Un hecho para Canton saludable, ya que a su juicio el diálogo entre Estados y la Comisión “es importante para la memoria histórica de la región, y la memoria histórica es importante para que estas cosas no vuelvan a pasar”.