Colombia abre la puerta a la entrada en política de guerrilleros de las FARC

El camino para que la guerrilla colombiana de las FARC participe en política después de que deje las armas ha empezado a despejarse esta semana. La Corte Constitucional de Colombia dio vía libre el pasado miércoles para que los combatientes que se desmovilicen —si es que el proceso de paz llega a buen término— puedan ocupar cargos públicos con excepción de los condenados por delitos de genocidio y de lesa humanidad. Entre estos crímenes figuran el secuestro, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

Sin embargo, la resolución del alto tribunal no aclara con exactitud qué guerrilleros serán los que finalmente puedan participar en política, y, sobre todo, si podrán hacerlo los máximos jefes de las FARC. Según avaló el Constitucional, el Congreso de Colombia será el responsable de definir qué delitos no impedirán que los guerrilleros puedan acceder a cargos de elección popular. Pero eso sólo ocurrirá una vez que se firme el acuerdo de paz.

Aún así, la decisión que tomó este miércoles el Tribunal Constitucional es un espaldarazo a la estrategia jurídica que inició el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el llamado Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en 2012, con el que se busca poner en marcha los acuerdos necesarios que permitan la desmovilización de la guerrilla, su sometimiento a un sistema de justicia de transición, de reparación a las víctimas y su participación en política.

“Esta decisión fortalece el proceso de paz al descalificar las críticas que se le habían hecho al Marco por permitir la posibilidad de que los exguerrilleros participen en política. Esa posibilidad quedó en firme, aunque no cobija a los que cometieron delitos de lesa humanidad, algo que ya contemplaba el Marco”, dice el analista Juan Carlos Palou.

Las críticas vienen principalmente del Centro Democrático, el partido que encabeza el expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor de Santos y del proceso de paz, que, según insiste, traerá impunidad.

Precisamente, el pronunciamiento de la Corte fue una respuesta a la demanda del uribista Rafael Guarín, que buscaba evitar que los exguerrilleros pudieran participar en política. De la misma opinión son muchos colombianos que apoyan el proceso de paz, pero no quieren que los exguerrilleros se conviertan en parlamentarios o alcaldes sin pagar un solo día de cárcel por los delitos cometidos. Para unos y otros es inadmisible que después de haber cometido violaciones de los derechos humanos, los miembros de las FARC accedan directamente a instituciones como el Congreso.

Pero el hecho de que el Constitucional, una entidad que goza de gran prestigio internacional, haya avalado el Marco para la Paz podría moderar ese rechazo. “Demuestra que el Gobierno no está improvisando, sino que intenta hacer las cosas bien”, dice Palou.

El senador Roy Barreras, uno de los autores del Marco, considera que ese aval deja sin base el argumento de la oposición de que las negociaciones con las FARC traerán impunidad y “cierra la boca a los enemigos de la paz”. Santos también lo advirtió en su discurso de investidura como presidente del Gobierno esta semana, consciente de que el proceso judicial de los exguerrilleros es uno de los más sensibles: “No será una justicia perfecta, pero tendrá que asegurar un máximo de satisfacción a las víctimas”, prometió el presidente colombiano.

También celebró la decisión del Constitucional el procurador general (fiscal general), Alejandro Ordóñez, a pesar de sus críticas al proceso de paz. Para Ordóñez, lo más positivo del fallo del alto tribunal es que veta a los máximos comandantes de la guerrilla. “En principio, los responsables de tales crímenes internacionales son al menos la cúpula”, señaló en un comunicado. Sin embargo, según la fiscalía, hasta ahora no hay ningún jefe de las FARC condenado por delitos de lesa humanidad.

Los uribistas interpretan el fallo de la Corte desde su propia perspectiva. Aunque deja intacto el Marco para la Paz, introduce requisitos que deberán cumplir los exguerrilleros que quieran participar en política. “Esas condiciones son que hayan contribuido a la verdad, a la reparación de las víctimas y cumplido la pena que se le haya impuesto”, explica Rafael Guarín, para quien la participación política no será automática. Esta interpretación la comparte el procurador general. Sin embargo, otros analistas estiman que los guerrilleros desmovilizados podrán cumplir con sus obligaciones la justicia, la verdad y la reparación a la vez que participan en política.

Solo el Congreso podrá despejar estas dudas una vez que regule la participación en política de los guerrilleros, Por ahora, las FARC, que siempre han rechazado el Marco para la Paz porque lo ven como una imposición del Gobierno, no se han pronunciado al respecto. Su máximo líder, Rodrigo Londoño Echeverri, en un comunicado publicado el viernes, se limitó a señalar que “tras el acuerdo de paz, Colombia no seguirá siendo la misma”.