Víctimas, pero ahora de los políticos

¿Cómo evitar que las víctimas sean manipuladas y politizadas? Ocurrió en España con las víctimas de la ETA, y en otras naciones, y en Colombia se vienen convirtiendo en el botín de los políticos de izquierda y de derecha. Estos parecen traficar con la angustia de no menos de seis millones de ciudadanos que esperan verdad y reparación, pero que además se están dejando usar como si no tuvieran plenos derechos para hacer respetar su ya dolorosa condición.

Colombia logró un cambio de fondo como sociedad cuando aprobó hace 3 años la conocida Ley de Víctimas. Primero porque reconoció a más de 6 millones de colombianos víctimas del conflicto tanto de grupos al margen de la ley como de agentes del Estado.

Segundo, porque con esa ley generó por primera vez la posibilidad de reparar a las víctimas y no solo con un cheque, como ocurría por vía de mandatos judiciales, sino de manera integral con restitución de tierra, con verdad y rehabilitación, entre otros.

Y tercero, porque implicaba que tarde o temprano los victimarios reconocieran a sus víctimas, y el pasado 7 de junio ocurrió. Las FARC, con su ya característica soberbia, y luego de reiterar que ellas son las primeras víctimas del conflicto, aceptaron su condición de victimarios.

Las FARC no querían responder por sus víctimas con el argumento que lo de ellos es rebelión, y con un cinismo sin límites decían( y siguen diciendo aun hoy) que las víctimas son ellos. Pero resulta que su crueldad ha sido ya ventilada en cientos de foros alrededor del país y los muertos siguen cayendo tras cada atentado contra la población civil, porque en Colombia se está negociando en medio del conflicto y sin exigencia de cese al fuego.

Esta ley otorgó a las víctimas sus derechos y hoy, cuando se llega a ese punto fundamental en la mesa de negociaciones del Gobierno y las FARC en La Habana, es cuando deben hacerlos valer.

Precisamente esta semana se definió una metodología de participación que estará a cargo de las Naciones Unidas y del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal. En buena hora, estas organizaciones estarán al frente para que la selección de las víctimas cumpla con los mínimos de representatividad de todos los sectores sociales afectados por toda clase de violaciones.

En Colombia hay 6 millones 43 mil víctimas, según datos oficiales. Muchas de varios victimarios. Hay víctimas del Estado, del paramilitarismo y de la guerrilla. Las del Estado lograron organizarse. Otras incluso han logrado que el Estado pida perdón como en los casos de las atroces masacres de Chengue, El Salado, La Hacienda Nilo y Mapiripán.

Pero una gran mayoría de víctimas está sola y tocando puertas para rogar que le digan si acaso en donde esta el cadáver de un hijo, o recorriendo un país sembrado de minas antipersona cuando son desplazados. Cinco millones 500 mil corresponden a víctimas de desplazamiento forzado. Un poco más del 40% de ellos identifican que el autor fue la guerrilla; un 30, los paramilitares mientras que el 10% a un agente del Estado.

En Colombia, el riesgo para las víctimas está latente en la medida en que diversos partidos y organizaciones quieren apoderarse de su vocería para hacer de su situación una bandera política. Ya existen 950 mesas de participación municipales, 33 departamentales y una mesa nacional, que representan a las casi 4 mil organizaciones de víctimas.

El gobierno Santos, que inicia su segundo período tiene que lograr un acuerdo real en torno a este tema que es el centro del proceso de paz con las FARC y el que ahora inician con el ELN. Un acuerdo que vuelva intocables a las víctimas y les dé verdaderas respuestas sobre sus derechos, sobre los procesos de verdad y reparación que incluyan reglas de convivencia en paz en un escenario de posconflicto. Y que impida a los guerreristas seguir usándolos para torpedear la reconciliación.