Arturo: ¿el primero de una nueva generación de huracanes?

En cuestión de días, la costa Este de los Estados Unidos sufrirá los embates de Arturo, la primera tormenta tropical de 2014. Con vientos de hasta 100 kilómetros por hora con un recorrido previsto desde Florida hasta Massachusetts, el fenómeno es parte de una nueva generación de huracanes que se alimenta y desplaza en océanos cuyo nivel ha subido 3,2 mm por año en los últimos 20 años (el doble que en los 80 años anteriores).

Cuando concluya su recorrido, hacia finales de esta semana, Arturo, y los daños que deje a su paso, se sumarán a otros nombres y cifras que han quedado registrados en la historia de los desastres naturales de los últimos 20 años: daños por 212.000 millones de dólares, casi el doble del PIB de todos los países caribeños, por ejemplo.

Y si bien los meteorólogos prevén una temporada de huracanes menos activa que en el pasado, lo cierto es que éstos provocan sus mayores impactos en las pequeñas islas del Caribe, una región desproporcionalmente afectada ya por inundaciones y terremotos.

Para esta parte del mundo donde siete de cada 10 personas viven cerca de la costa —y con casi todas de sus ciudades más importantes a menos de 1,5 kilómetros del mar—, es imperativa una respuesta regional para protegerse frente esta amenaza.

A ese panorama se añade la alta vulnerabilidad de las islas a los efectos de cambio climático. Todavía no se sabe definitivamente cuál será el resultado del aumento en la temperatura promedio mundial en el ciclo de tormentas, pero los expertos sí están de acuerdo de que el Caribe se llevará la peor parte.

“Es un área gris, todavía no hay evidencia del incremento en intensidad o el número de tormentas,” explica Jerry Meier, un experto en cambio climático. “Pero lo que es indiscutible es que el nivel del mar aumenta”.

Aunque de momento es imposible evitar que los huracanes toquen tierra en el Caribe, sí se pueden tomar algunas medidas para impedir que el fenómeno se convierta en una catástrofe una vez que llega a las costas. O al menos para disminuir su impacto.

En el Caribe, siete de cada 10 personas viven cerca de la costa. 

“Cada país puede reducir su vulnerabilidad,” destaca Remi Trier, especialista en agua y saneamiento del Banco Mundial. “Anticipar los peligros y evaluar las vulnerabilidades de la población y la infraestructura es el eje de la gestión del riesgo de desastres”.

Es una advertencia que la mayor parte de los países del Caribe han tomado muy en serio.

Los pobres, los más afectados

En 1979, el huracán David dejó 2.000 muertos solo en la República Dominicana y más de 2.600 millones de dólares en pérdidas. Después de este evento y otros similares, hoy la mayoría de los países del Caribe cuentan con programas para gestionar el riesgo de los desastres naturales que enfrentan todos los años, entre los que destaca una mejor gestión de las ciudades.

Estos desastres, además, se ensañan especialmente con los más pobres. De hecho, cuando la República Dominicana se vio afectada por el ciclón Noel en 2007, el 90% de las víctimas directas vivían por debajo de la línea de pobreza.

“Los efectos adversos de desastres naturales no se limitan al corto plazo,” comentó Trier. “Pueden impulsar a los hogares a caer en la pobreza, de la cual no sería posible recuperarse sin asistencia externa”.

En una región en la que entre el 14% (Bahamas) y el 65% (Haití) de la población es pobre, con viviendas endebles o en lugares donde no hay infraestructura adecuada, las comunidades tienen menos recursos para prepararse ante la amenaza de huracanes o tormentas, y las inundaciones que provocan.

La situación es tan preocupante para las familias como para los países. En Jamaica, por ejemplo, se calcula que el 96% de su PIB se ve amenazado por dos o más riesgos naturales. No es solo el peligro de un huracán, sino también los 120 ríos y arroyos, que aumentan el riesgo de inundaciones tras una tormenta tropical.

En 2007, 16 países caribeños se juntaron para formar un fondo común para hacer frente al riesgo de una catástrofe y mitigar los efectos económicos de un posible desastre. Se trata de una especie de seguro colectivo que representa un cambio de paradigma para la región en cuanto a la forma de hacer frente al riesgo y de cómo prepararse para una catástrofe natural.