Brasil aprueba una indemnización a sus ‘soldados del caucho’

Los soldados del caucho, trabajadores que en los años cuarenta extrajeron el látex necesario para producir neumáticos y armas para la II Guerra Mundial, recibirán una indemnización de 25.000 reales (cerca de 8.200 euros) por su contribución durante el conflicto. Los familiares directos de los que ya murieron también recibirán esta ayuda, aprobada tras 12 años de permanecer parada en el Congreso brasileño. Los sindicatos consideran que, debido a la explotación sufrida, la indemnización es muy baja.

Unas 60.000 personas fueron enviadas en 1943 a la selva amazónica durante la gestión del presidente Getúlio Vargas (1930-45 y 1950-54). La mayoría provenían del noreste del país, la región más pobre de Brasil. Quedan 4.500 supervivientes y se calcula que hay al menos otros 7.500 descendientes de los trabajadores que podrán acceder al subsidio.

Los trabajadores recibían un pago similar al de los pracinhas (soldados del Ejército brasileño que participaron en el conflicto), que actualmente también perciben pensiones del Estado. Una de las razones por las que urgía la aprobación de la ley “es la edad avanzada de los interesados”, explica el diputado Arlindo Chinaglia, del Partido de los Trabajadores de São Paulo, autor de la propuesta y vicepresidente de la Cámara de Diputados. “Todos tienen más de 80 años, sin excepción”, finaliza.

Uno de los trabajadores supervivientes criticó la ayuda y dijo que era "lo que gastaban los dipuatdos en café"

Pero para Luziel Carvalho, uno de los coordinadores del Sindicato de Jubilados, Pensionistas y Soldados del Látex del Estado de Acre, los soldados del caucho merecían “un sueldo equivalente al de un sargento de las Fuerzas Armadas”, un grado mayor, por el riesgo que implicaba su trabajo. Muchos de los trabajadores (unos 20.000, según France Presse, aunque otros organismos aumentan la cifra a 30.000) murieron por enfermedades como malaria, por desnutrición o por los peligros de la selva. La extracción del látex era, además, “esencial para el esfuerzo de la guerra y para la defensa militar del país”, sostiene la senadora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista de Brasil del Amazonas.

Belizário Costa, de 96 años, fue uno de los que decidieron ir hasta la Amazonia por las promesas que escuchó y que luego resultaron falsas. Por teléfono, cuenta que le contrataron en Belén, capital de Pará, en 1942. “Nos prometieron medicamentos, comida, transporte, casa, pero nada de eso pasó”, cuenta, todavía indignado por haberse creído en la palabra de un desconocido que hablaba en nombre del presidente Vargas. “Yo me quedé allá cuatro años, comiendo harina con sal y la caza que matábamos”, dice. La jornada de trabajo era de semiesclavitud: empezaba a las cuatro de la madrugada y terminaba a las ocho de la tarde. “Pagábamos todo, pero siempre debíamos dinero”.

Costa salió de Pimenta Bueno, a 508 kilómetros de Porto Velho, capital de Rondonia, para contar su historia en Brasilia y, sobre todo, enseñar su insatisfacción con la medida aprobada. Entre sus quejas, Costa garantiza que lo que recibirán de indemnización es poco, “lo que gastan los diputados en café”, dijo al Senado.

La indemnización nunca había sido debatida antes, y los afectados creen que el Gobierno la aprobó para evitar otro debate sobre el monto de las pensiones. Se mantuvo, sin embargo, la pensión de por vida de dos salarios mínimos (478 euros) garantizada por la Constitución, y que será reajustada de acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta era una de las principales demandas de los afectados.

“Es un reconocimiento tardío, pero que tiene que caber dentro del presupuesto”, sostiene Chinaglia. Los sindicatos ya están recurriendo de la decisión. “Tenemos que actuar para resarcir las condiciones al que fueron sometidos. Ellos no pueden hablar porque no conocen la historia del caucho”, defiende Jorge Teles, vicepresidente del Sindicato de los Soldados y Extractores del Estado de Rondonia.