Un mes de escándalos sacude a las fuerzas militares en Colombia

Las supuestas escuchas ilegales a las personas que negocian la paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el espionaje de los correos de los periodistas que cubren esas negociaciones y la interceptación de los correos del presidente Juan Manuel Santos han provocado un cisma en la cúpula militar. Lo peor es que aún hay mucho que aclarar y la crisis amenaza con ahondarse a medida que se tire de la manta.

“Estos 23 días han sido una pesadilla”. La frase la pronunció el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, el jueves pasado, durante un foro en Washington, y resume la reciente tormenta que han vivido las Fuerzas Armadas por cuenta de los escándalos revelados por la revista Semana, que ya se han cobrado la cabeza de una docena de generales.

El primero de esos escándalos estalló el 4 de febrero, por las supuestas escuchas ilegales que habrían hecho algunos militares a los negociadores de paz del Gobierno desde un centro camuflado del servicio secreto que operaba en Bogotá. El asunto está por resolverse, pero entretanto dos generales fueron relevados de sus cargos. Uno de ellos, el general Jorge Zuluaga, jefe de inteligencia técnica del Ejército, ha defendido la operación cuestionada, diciendo que todo allí fue lícito. Sin embargo, la fiscalía ya encontró correos que fueron pirateados desde ese centro de operaciones.

El segundo escándalo se conoció una semana después y está relacionado con lo que podría ser una red de corrupción en la contrata de servicios del Ejército, cuyo protagonista es un coronel que se encuentra detenido. Al mismo militar se le investiga por el asesinato de dos campesinos que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Este escándalo ya ha costado el puesto a siete generales del Ejército y dos altos mandos de la policía. Algunos hablaron de un “complot contra las Fuerzas Militares”.

Uno de ellos fue el comandante de las Fuerzas Militares general Leonardo Barrero, y no porque fuera corrupto sino porque se mofó de la justicia colombiana en una conversación que sostuvo hace dos años con el coronel ahora detenido, a propósito del caso, que en Colombia se conoce como falso positivo, civiles ejecutados que eran disfrazados como guerrilleros muertos en combate. El presidente Juan Manuel Santos no tuvo otra opción que destituirlo, pero llamó la atención que al entregar su cargo, Barrero hiciera una referencia al proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana. “Con la unión y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro, y bajo ninguna circunstancia”, dijo.

Tanto las posibles escuchas ilegales a los negociadores de paz como esta advertencia de Barrero han dejado sobre la mesa la preocupación de que existe un sector de los militares molesto por lo que se está negociando con la guerrilla. Para el analista Héctor Riveros se trata de una especie de desconfianza “que hace que algunos sectores crean que puede haber acuerdos por debajo de la mesa para reestructurar o reformar las fuerzas militares tras el final del conflicto. Pero resolvieron usar herramientas ilegítimas para tratar de saber e incluso para filtrar información que puede terminar afectando al proceso de paz”.

También hay preocupación por el futuro jurídico que se les pueda dar a los militares que han cometido delitos en el marco del conflicto. Temen que se pacten beneficios jurídicos para la subversión y a cambio se termine sacrificando a las fuerzas militares que han sido fundamentales en el éxito reciente de la lucha contra las guerrillas, en particular la de las FARC. “Pero hay una distorsión y es creer que los casos de militares sindicados de delitos en el marco del conflicto son una injusticia y eso es inaceptable porque es evidente que se han cometido violaciones de derechos humanos por parte de agentes oficiales”, dice Riveros. Una cosa son los soldados que han enfrentado la violencia en el marco de la ley y otra quienes han delinquido.

El presidente Santos ha insistido en que los militares no son parte de la agenda de negociación con las FARC y que es precisamente gracias a los duros golpes que le han dado a esa guerrilla por lo que hoy están negociando el fin del conflicto. El recién comandante del Ejército, el general Jaime Lasprilla, también ha salido a defender la fidelidad de la institución castrense ante los diálogos de paz, donde Santos tiene sentados a dos generales retirados que fueron comandantes, uno del Ejército y otro de la policía, para generar confianza.

Por otro lado, esta crisis también ha destapado varios hechos que dejan muy mal parados a los militares, ya que las denuncias de la prensa mostraron que en el seno de la institución hay redes de corrupción que manejan a su antojo una parte del enorme presupuesto del Ministerio de Defensa, que supera los 5.300 millones de euros al año, parte del cual, según se divulgó, en algunos casos es asignado a contratistas sin ningún tipo de licitación y mediante tráfico de influencias.

Santos ha tenido que tomar decisiones drásticas en conjunto con el ministro de Defensa, en aras de su política de “cero tolerancia” frente a la corrupción. “Créanme que no es cómodo sacar generales”, aceptó Pinzón en Washington. Pero algunos analistas piensan que esto no es suficiente. Frente a los dos escándalos faltan las respuestas de fondo que tendrán que dar las investigaciones que se adelantan.