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Santos pide a la OEA flexibilidad con los abusos de derechos para asegurar la paz

El presidente de Colombia defiende el modelo de justicia transicional para resolver el conflicto con las FARC

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. EFE

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha hecho este martes una encendida defensa de la justicia transicional como el mecanismo más eficaz resolver el conflicto con la guerrilla de las FARC. En su primera intervención en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), el mandatario ha instado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a que sea flexible a la hora de tratar las violaciones de los derechos humanos perpetradas en su país a lo largo de los 50 años que ha durado esta guerra y que permita que sean juzgados de manera interna en Colombia en aras de garantizar un equilibrio entre justicia y paz en el que ésta última no se vea perjudicada.

“Si se asumen posiciones fundamentalistas y rígidas va a ser muy difícil llegar al final de este conflicto”, ha sostenido Santos. “El SIDH debe abordar el caso colombiano desde la perspectiva de un país en conflicto, en un conflicto armado que está buscando lograr un acuerdo político para terminar con él e iniciar una fase de transición hacia la paz”, ha insistido.

Aunque el presidente de Colombia ha recibido el apoyo generalizado de la comunidad internacional al proceso de diálogo con las FARC, los organismos supranacionales de Justicia, desde la Corte Penal Internacional (CPI), hasta la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han trasladado al mandatario sus recelos y reticencias hacia un sistema que sólo garantiza juzgar a los “máximos responsables” de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, de acuerdo con el Marco para la Paz aprobado en verano de 2012 en Colombia, y que, sostienen, podría conducir hacia la impunidad.

Santos tiene interés en blindar el proceso de paz a la intervención de tribunales internacionales, con competencia, una vez agotadas las instancias nacionales, para conocer de delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos, como muchos de los que se atribuyen a las guerrillas de las FARC y a los paramilitares que las combatieron. En este sentido, el presidente ha garantizado que su Gobierno “cumplirá con las obligaciones legales e internacionales” en la resolución del conflicto. “La justicia no debe ser nunca un obstáculo para el valor supremo de cualquier sociedad, que es la paz”, ha defendido Santos.

No es la primera vez que el mandatario colombiano defiende su cuestionado equilibrio entre justicia, paz e impunidad. En septiembre, gran parte de su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas giró en torno a la reivindicación de la soberanía nacional y del modelo de justicia transicional para resolver el conflicto con las FARC. Este martes ha hecho lo mismo en la sede de la OEA donde ha pedido a los diferentes organismos internacionales que adopten una posición de consenso en el caso de Colombia. “Si podemos poder de acuerdo al SIDH, a su Comisión y a su Corte, o a la Corte Penal Internacional sobre este aspecto, eso nos facilitaría muchísimo poder llegar al fin del conflicto”, ha insistido.

El llamamiento a la flexibilidad de Santos se produce el mismo día en que el procurador general de su país, Alejandro Ordóñez, se reunía en La Haya con miembros de la CPI para exigirles que actúen en el caso de que en una potencial resolución del conflicto se deje al margen sanciones penales exigidas en el Estatuto de Roma -el instrumento que regula el funcionamiento de la CPI y que se aplica por primera ven en el caso colombiano-. “Eso supondría impunidad, una paz insostenible que podría impulsar posteriores actos de violencia en el país”.

A diferencia de Santos, la procuraduría de su país sí aboga por la aplicación de la normativa internacional en la resolución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto, en una muestra de la división que existe en ese país sobre el Marco para la Paz, hasta el punto de que la Corte Constitucional colombiana tuvo que pronunciarse sobre su legalidad.

Durante su intervención, Santos también ha aludido a un próximo inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una disposición que ya hizo pública a finales del mes de agosto. La mención al ELN es un guiño del presidente justo un día después de que  sus máximos responsables ofrecieran un alto el fuego bilateral y su interés serio por dialogar.

En su discurso, el presidente colombiano también ha instado a la OEA a que dé seguimiento a su estudio sobre drogas, que aboga por la despenalización del consumo y que la organización publicó este año, a instancias, en buena medida,  del propio Santos. Como en el caso de la justicia transicional, el mandatario ha pedido a la comunidad internacional que se aproxime a una nueva estrategia de la lucha contra las drogas “con una mirada amplia, abierta y sin prejuicios”.

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