Militares peruanos buscan ganarse a los vecinos de zonas en conflicto

En la lucha contra lo que queda del grupo terrorista Sendero Luminoso en la selva y en la sierra central de Perú, las fuerzas armadas dejaron de patrullar para no ser blanco fácil, como ocurría desde 2007. Por primera vez trabajan en coordinación con la Fiscalía, la Policía y la DEA para interceptar comunicaciones de sospechosos en la zona donde también opera el narcotráfico, pero necesitan una mejor relación con los civiles, quienes han preferido mantenerse al margen por su seguridad o porque han sido víctimas circunstanciales de las operaciones contrasubversivas.

Los militares, en coordinación con otras entidades públicas, “llevan el Estado”, es decir, atención médica y asesoría legal, con el mensaje de que es mejor estar de su lado que con los alzados en armas, y muestran su relación preferente con los miembros de los comités de autodefensa. El problema es que tres días después, cuando levantan las carpas, el Estado vuelve a estar ausente.

Los comités de autodefensa se inspiraron en las rondas, patrullas rurales contra el delito que se convirtieron en la institución comunal por excelencia en Cajamarca (sierra norte) a mediados de los años 70 y que contuvieron a Sendero Luminoso en los 80. En la década siguiente, el gobierno de Alberto Fujimori promovió en el resto del país el vínculo del Ejército con otras rondas, a las que llamó comités de autodefensa (CAD) y entregó viejas escopetas a sus integrantes. Consultado por EL PAÍS, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indica que actualmente existen 2.544 CAD que agrupan a más de 155.000 peruanos.

En lo que va de año, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha realizado operaciones humanitarias en localidades del Valle de los Ríos Apurímac y Ene, donde Sendero Luminoso operaba o transita. Los lugares elegidos fueron Huanta, San Miguel, Pichari, Centro Somabeni, Pichiwillca, Patibamba, Huachocolpa y Río Negro: sus habitantes llevan dos o tres décadas en estado de emergencia. En estas acciones cívicas, los militares arman carpas para que personal de salud de Essalud (la seguridad social) y del Ejército, abogados y estilistas atiendan a la población que se acerque. Si luego de la consulta el médico prescribe medicinas, las entregan gracias a donativos privados.

Doris Molina, una ecografista de Essalud, quien ha trabajado en cuatro de estas acciones cívicas, se sorprendió de ver las largas colas en Huachocolpa esperando su servicio. “En Río Negro [distrito en Junín, selva central] hubo muchas gestantes, más que en las otras localidades”, comentó a EL PAÍS. Molina se dice satisfecha de servir en lugares del país con tanta demanda de servicios de salud, tanto así que fue a trabajar a Río Negro aún estando de vacaciones.

El jueves, en el último día de la operación humanitaria en Río Negro, una mujer lamentaba que no hubiera oftalmólogo. “Ya no veo por este ojo”, dijo señalando el izquierdo. “¿Y no hay médico para diabetes?”, preguntó luego de leer los carteles de las especialidades. A falta de orientación, alguien que esperaba el desfile en la plaza le sugirió ir a medicina general.

El coordinador médico de Essalud, Rafael Marmanillo, indicó que realizaron 1.800 atenciones en Río Negro con un equipo de 12 médicos, incluidos nueve del Ejército.

Al cabo de dos o tres días, las operaciones humanitarias terminan con una ceremonia de entrega de donaciones por parte de autoridades civiles y militares, y un desfile, en la plaza principal, de militares, comités de autodefensa, empleados estatales, escolares, y estudiantes de institutos tecnológicos –si los hay, como en Río Negro, un distrito de 26.000 habitantes, el 35% de ellos de comunidades nativas-.

El alcalde Edgar Zevallos, en la ceremonia, describe la jurisdicción como un “distrito intercultural, por el respeto que tenemos en la convivencia del pueblo colono y el pueblo asháninka”. Los asháninka fueron la etnia que más sufrió en la década de los 80 porque Sendero Luminoso mantuvo a unos 5.000 en condición de trabajo esclavo y en cautiverio; en el caso de las mujeres, hubo servidumbre sexual.

Sin embargo, las donaciones de calzado, herramientas de labranza, camisetas, mochilas, y complementos alimenticios que consiguen para las operaciones humanitarias se destinan solo a los miembros de los comités de autodefensa. Los militares compensan así a estos civiles que por años han luchado contra Sendero Luminoso a cambio de nada; por ejemplo, gestionaron que el programa estatal Beca 18 conceda una beca universitaria a la hija de Luis Olivera, un líder que ha cumplido 33 años en el CAD de Patibamba (Ayacucho). De esta manera, dejan claro que si más personas se suman a los comités de autodefensa recibirán estas ayudas. En las ceremonias de clausura el Comando Conjunto también canjea escopetas reparadas -a cambio de las inservibles- y entrega una pequeña cantidad de balas.

“Es una larga lucha que hemos tenido con el elemento terrorista”, comentó Jorge Ribeck, el presidente distrital de los comités de autodefensa durante la clausura de la operación humanitaria. Si bien una gran cantidad de integrantes de los CAD son jóvenes, aún están activos los fundadores, como Domínica Arana, de 47 años, procedente de Alto Río Bertha, o Luis Rice Caja, quien llegó ese día desde Pampa Hermosa a Río Negro luego de un trayecto de tres horas en motocicleta.

El general de la Fuerza Aérea, José Miguel Davis, cabeza de las operaciones humanitarias que han llegado a 18.000 personas en 2013, y jefe de una de las divisiones de estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que en Río Negro ya son 22 años de violencia “que lamentablemente aún no termina”.

Davis sostiene que los militares han enfrentado en el país una situación indeseada: “porque luchamos contra peruanos, hermanos equivocados que no buscan el bien común. A ningún peruano de bien le conviene que ellos sigan en el valle de los ríos Apurímac y Ene, no podemos permitir que caminen alrededor de nuestras casas”, agregó.

“Esta guerra no se va a ganar solo con las armas, es una guerra contra la desigualdad, la pobreza: todo esfuerzo suma”, explica Davis a EL PAÍS al mencionar a las instituciones privadas donantes.

Al final del desfile y al cierre de la operación humanitaria, una ciudadana caminaba con expresión de tristeza: “No me he enterado, acabo de llegar de la chacra y veo que ya está terminando”, explicó a EL PAÍS. ¿Y por qué no va al centro de salud?, “no es igual, no es igual”, replicó con pena.

“En el valle de los ríos Apurímac y Ene viven unas 400.000 personas, el 80% menor de 29 años”, indica a EL PAÍS el coronel en retiro Luis Rojas, secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo de dicho valle. Rojas tiene rango de viceministro y debe coordinar las acciones de los ministerios para que la inversión del Estado sea más notoria para la población. El funcionario argumenta que el presupuesto público se ha incrementado sustantivamente este año para dotar de infraestructura de transporte y bancos de la Nación esta zona tradicionalmente postergada. Confía en que ello generará más actividad comercial y será una alternativa a las fuerzas ilegales contra las que el Estado peruano lucha hace 30 años.