Nicaragua demanda nuevamente a Colombia ante la Corte Internacional
Managua pide al máximo órgano judicial de Naciones Unidas que delimité la frontera entre ambos países en el Caribe, más allá de los límites establecidos en 2012
El Gobierno de Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, una nueva demanda contra Colombia para que ese órgano judicial de Naciones Unidas delimite el “rumbo exacto” de la frontera marítima que separa a ambos países. La demanda pretende que la Corte se pronuncie más allá de los límites que ya determinó en noviembre de 2012, cuando entregó al país centroamericano una vasta extensión de mar en el Caribe en detrimento de los intereses de Bogotá. Según Managua, esa superficie asciende a unos 90 mil kilómetros cuadrados.
Con esta nueva demanda, el Gobierno Daniel Ortega espera “terminar de definir” los espacios marítimos entre Nicaragua y Colombia, “sin perjuicio de terceros Estados”, según un comunicado difundido este lunes por Rosario Murillo, primera dama y vocera del Gobierno nicaragüense. Tras conocer la noticia, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos denunció lo que calificó de “infundadas pretensiones” de Managua para ampliar sus espacios en el Caribe.
La respuesta de Nicaragua no deja de ser sorpresiva, principalmente después del discurso conciliador pronunciado por Ortega la semana pasada cuando, tras conocer que Santos había dicho que el fallo de la CIJ era inaplicable, el mandatario nicaragüense hizo un llamado al diálogo aunque exigió con firmeza que Colombia acatara la resolución. El sandinista, además, propuso a Santos que se formaran comisiones en ambos países para diseñar un tratado que garantizara el pacífico cumplimiento de lo establecido por el máximo órgano judicial de la ONU.
Con esta nueva demanda, Nicaragua no sólo responde a la negativa colombiana de acatar el fallo sino también al anuncio hecho el jueves pasado por el presidente Santos, quien presentó ante la Corte Constitucional de su país una demanda para que los magistrados declaren inconstitucional el llamado Pacto de Bogotá. En este pacto, firmado en 1948, los Estados de la OEA se comprometieron a solucionar de forma pacífica sus controversias y aceptan la jurisdicción de la CIJ.
“La posibilidad de una negociación bilateral ha sido excluida por la reacción de Colombia a la sentencia del 19 de noviembre de 2012, que ha sido ampliamente difundida y conocida por la comunidad internacional. Actualmente, Colombia está utilizando su derecho interno como un vano pretexto para violar sus obligaciones internacionales, y ha declarado la "inaplicabilidad" de la sentencia. Tal ambiente, y la denuncia de Colombia del Pacto de Bogotá (que es la base jurisdiccional con la que la Corte resolvió el caso), han llevado a Nicaragua a tomar acción sobre este asunto”, se lee en la demanda enviada este lunes por Nicaragua a la CIJ, que está firmada por Carlos Argüello, embajador de Nicaragua ante la Corte.
En su demanda, Nicaragua solicita a los magistrados de la CIJ que delimiten de forma “precisa” la frontera de la plataforma continental de Nicaragua en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas definidas por la Corte el año pasado. Además, también pide que esa institución establezca los derechos y deberes de ambos Estados sobre las zonas que les pertenecen en el Caribe, así como el uso de sus recursos. En el documento, Nicaragua reconoce la jurisdicción de la CIJ para fallar sobre esta nueva solicitud.
Tras conocer la demanda, el Gobierno de Colombia anunció que se prepara para enfrentar lo que catalogó como “infundadas pretensiones de Nicaragua” de ampliar su plataforma en el Caribe, según un comunicado de la Cancillería colombiana. En el documento, Colombia afirma que la demanda de Nicaragua es contraria al derecho internacional y daña a terceros países que cuentan con mar en el Caribe, como Costa Rica, nación con la que Nicaragua mantiene otra disputa en La Haya.
Las relaciones entre Nicaragua y Colombia han sido tensas desde que este país centroamericano decidió desconocer - tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979- un tratado que según Managua violentaba su soberanía sobre una amplia plataforma marítima en el Caribe. Ambos países decidieron acudir a la CIJ para resolver la disputa, que concluyó con el fallo del año pasado. Las diferencias entre Managua y Bogotá hicieron que sus distintos gobiernos tomaran decisiones que afectan a sus ciudadanos, como el cobro de visados. Si un nicaragüense quiere viajar a Colombia, por ejemplo, debe pagar en el Consulado de Managua una visa cuyo costo asciende a 150 dólares.
Colombia califica de “desmedidas” las nuevas pretensiones de Nicaragua
Ante la nueva demanda presentada por Nicaragua ante la CIJ, Colombia dijo no estar sorprendida. En un comunicado, la Cancillería colombiana aseguró que la pretensión de Nicaragua es contraria al derecho internacional y explicó que “la plataforma continental de las Islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia el Archipiélago en al menos 200 millas”.
La Cancillería recordó que, el pasado 9 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció la estrategia que adoptará Colombia frente al fallo de La Haya –que redefinió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua hace ya diez meses– y explicó, mapa en mano, que acababa de expedir un decreto presidencial donde declaró una plataforma continental continua e integrada. Esto quiere decir que Colombia unió todos los territorios insulares donde seguirá ejerciendo soberanía en el mar Caribe occidental, que van desde la isla de San Andrés hasta Cartagena.
Para Bogotá, "la desmedida ambición de Nicaragua afecta no solo a áreas que le corresponden a Colombia, sino también de otros países como Panamá, Costa Rica y Jamaica". Este argumento ya lo mencionó Santos la semana pasada cuando aseguró que, junto a estos países, suscribirá una carta de protesta al Secretario General de Naciones Unidas para advertirle de lo que calificó como las "ambiciones expansionistas de Nicaragua".
Precisamente, al declarar una plataforma continental integrada, su Gobierno se estaba anticipando a esta nueva pretensión de Nicaragua. Santos ha dicho que el fallo de la CIJ no es aplicable hasta que se suscriba un tratado que “defienda los derechos de los colombianos” y que deberá ser aprobado por el Congreso, como lo dispone la Constitución de su país. Por esa misma razón, el jueves pasado el mandatario colombiano presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Pacto de Bogotá, el tratado internacional que le da jurisdicción a la Corte de La Haya en litigios con otros países y que Colombia suscribió en 1961.
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