España quiere atar con un “calendario preciso” las tímidas medidas de estímulo

España no espera que de la cumbre de Bruselas salga un Plan Marshall. El marco presupuestario plurianual impone un férreo corsé financiero: 900.000 millones de euros en siete años, el 1% del PIB de la UE. Pero, escarmentado por incumplimientos anteriores, Rajoy espera al menos “atar los resultados” y fijar un “calendario preciso” para las tímidas medidas de estímulo. “Hay que cumplir lo que se acuerda y en un tiempo razonable”, en palabras del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo. Si la Comisión ha impuesto a España una draconiana hoja de ruta —con reformas dolorosas, como la de las pensiones—, las ayudas prometidas no pueden demorarse ad calendas graecas.

Por eso, el Gobierno ha insistido en que en las conclusiones de la cumbre figure el compromiso de que la llamada “iniciativa de empleo juvenil” esté “plenamente operativa” en enero próximo, para que puedan efectuarse ya los primeros desembolsos, al igual que el programa Erasmus plus, de fomento de la formación profesional transfronteriza. Antes de final de año, España tendrá que adoptar un plan para aplicar la “Garantía Juvenil”; es decir, una oferta de trabajo o de formación en un plazo de cuatro meses.

Si la Comisión ha impuesto a España una draconiana hoja de ruta —con reformas dolorosas, como la de las pensiones—, las ayudas prometidas no pueden demorarse demasiado

Rajoy ha convencido a los demás líderes de que los 6.000 millones destinados a combatir el paro juvenil en el periodo 2014-2020 —de los que España espera obtener unos 1.900— se anticipen a los dos primeros años. ¿Qué pasará luego? Las conclusiones del consejo dejan abierta una puerta al señalar que los remanentes de los presupuestos 2014-2016 se utilizarán, entre otros objetivos, para fomentar el empleo de jóvenes. ¿Cuánto dinero será eso? El presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, ha estimado que la cifra podría alcanzar los 2.000 millones. Con un presupuesto tan magro hay que “rebañar” las sobras y evitar que los fondos no gastados se pierdan trasvasándolos al siguiente ejercicio.

Lo que el borrador de conclusiones no dice es que las ayudas a la contratación juvenil no computarán en el procedimiento por déficit excesivo, como pidió Rajoy. Fuentes diplomáticas aseguran que una interpretación flexible del Pacto de Estabilidad, que sacraliza el equilibrio fiscal, permite dejar fuera estas bonificaciones. Habrá que ver si, llegado el momento, la Comisión comparte tal flexibilidad.

La otra gran prioridad española de la cumbre, la financiación de las pymes, queda a cargo del BEI (Banco Europeo de Inversiones). España ha renunciado a un nuevo incremento de su capital hasta 30.000 millones, como propuso Rajoy en París el 28 de mayo, pero quiere que movilice los 10.000 que ya obtuvo para aumentar sus préstamos y, sobre todo, avalar créditos a las pymes, por valor de hasta 100.000 millones, recurriendo al mercado de capitales y compartiendo riesgos con la Comisión. Para no dejar nada al albur, los nuevos instrumentos financieros deberían estar disponibles en enero.