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Obama condena la discriminación fiscal contra el Tea Party

El organismo encargado de la recaudación de impuestos habría sometido a mayor escrutinio a organizaciones conservadoras

El presidente Obama comparece ante la prensa este lunes en la Casa Blanca.
El presidente Obama comparece ante la prensa este lunes en la Casa Blanca. Bloomberg

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó este lunes las supuestas actividades de una de las oficinas del Internal Revenue Service -la agencia encargada de la recaudación de impuestos-, que habría discriminado en contra de grupos conservadores o afiliados al Tea Party. Según datos de una auditoría revelada el pasado viernes, el IRS varió el nivel de escrutinio al que somete a las organizaciones en función de su orientación política.

“Es muy sencillo”, declaró el presidente durante su comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca. “Si de verdad el personal de hacienda participó en el tipo de prácticas de las que se ha informado y de verdad tenían entre sus objetivos a grupos conservadores, eso es algo indignante e inaceptable”.

Obama defendió además que los responsables de tales actividades deberán rendir cuentas porque la agencia “al tratarse de entidad independiente [del Gobierno], requiere de una integridad absoluta”. La auditoría, encargada por la oficina del abogado del Estado, tenía como objetivo determinar si los agentes del IRS habían discriminado en contra de determinadas organizaciones que solicitaron quedar exentas de pagos de impuestos.

Es algo indignante e inaceptable”

Según adelantó el diario The Washington Post, que pudo acceder a los documentos de la auditoría, La agencia tributaria estadounidense habría identificado a grupos que contienen en sus títulos palabras como Tea Party o “patriota”. El IRS también había cuestionado las peticiones de grupos que cuestionan “cómo se está dirigiendo la nación” o que educan a los ciudadanos “acerca de la Constitución” y sus derechos.

Varios republicanos rechazaron este fin de semana las supuestas prácticas discriminatorias del organismo, que habrían comenzado en 2010, coincidiendo con el auge del Tea Party antes de las elecciones legislativas de ese año. La agencia reconoció este viernes que llevaron a cabo las prácticas denunciadas por los auditores, pero que no respondieron a ninguna motivación ideológica.

“Es verdaderamente indignante”, denunció la senadora Susan Collins en declaraciones a la cadena CNN este domingo. “El presidente debe dejar claro que esto es totalmente inaceptable en Estados Unidos”. Collins expresó además que la petición del portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, para que se abra una nueva investigación de lo sucedido, es insuficiente.

Otros documentos obtenidos por la agencia Reuters revelan que la oficina encargada de determinar los criterios para revisar las solicitudes de diferentes organizaciones cambiaron sin una justificación clara. “Existe confusión en cuanto a cómo gestionar las solicitudes, retrasos en el proceso y una falta de supervisión y dirección”, dice el informe.

Este abuso de poder, durante años, es un asalto a la libertad de expresión de los americanos”

El presidente reconoció que la neutralidad del organismo que recauda los impuestos de ciudadanos y empresas es algo que “preocupa” a todo el mundo. “No voy a comentar los hallazgos en sí, pero puedo asegurar que si hacienda opera de un modo que no sea neutral ni afiliado a ningún partido, eso es inexcusable, contrario a nuestras tradiciones y que debe ser remediado”.

Sin embargo, otros republicanos, como el senador Marco Rubio, han ido más allá al pedir la dimisión del responsable de IRS. En una carta enviada al secretario del Tesoro, Jack Lew, recientemente nombrado por Obama, Rubio pide la plena colaboración del departamento “en todas las investigaciones de este escándalo”.

“Este abuso de poder, durante años, es un asalto a la libertad de expresión de los americanos”, afirma Rubio, cuya carrera política fue impulsada en 2010 por el Tea Party en Florida. “Este asalto directo a nuestra Constitución justifica además la falta de confianza de los ciudadanos en el gobierno y su capacidad para aplicar las leyes adecuadamente”.