Los pueblos indígenas, en un buen momento par defender sus derechos
El relator de Naciones Unidas James Anaya asegura que ahora son más conscientes de sus derechos pero alerta de problemas por el aumento de la actividad extractiva
El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de Pueblos Indígenas, James Anaya, ha recogido unas 100 denuncias debido a la actividad de las industrias extractivas y de producción de energía en el mundo. Su equipo aún sigue procesando los datos que llegaron a su página web hasta inicios de abril. De 55 casos con información preliminar sobre industrias extractivas y de energía, 30 corresponden a problemas causados por minería y 17 por hidroeléctricas.
El abogado y catedrático de la Universidad de Arizona es estadounidense y tiene ancestros apaches y purépechas. Dio una conferencia magistral este jueves en Lima, en español, durante un foro latinoamericano sobre el papel de las Defensorías del Pueblo (ombudsman) en los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho acuerdo ha sido ratificado por 14 países en América Latina.
El relator visitó Lima durante un día y no vino en misión oficial. Se reunió además con dirigentes indígenas peruanos y líderes sindicales que promueven la idea de un ministerio de pueblos indígenas. Su última misión en el Perú fue en 2009, cuando investigó un enfrentamiento en la selva norte, entre nativos y policías, que dejó 23 efectivos y nueve civiles muertos. Durante su estancia, Anaya sostuvo un breve diálogo con EL PAÍS
Pregunta. El Comité de Eliminación de Discriminación Racial de Naciones Unidas expresó al Estado peruano su preocupación por una operación de exploración de gas que podría afectar a un pueblo indígena voluntariamente aislado, en la selva sur del Perú. ¿Ha tenido comunicación con el Comité por este motivo?
Respuesta. Es un asunto que estoy estudiando y en su momento apropiado haré una exposición pública sobre ello.
P. Como relator realizó la primera investigación de las muertes de un grave conflicto del año 2009 en Perú: el enfrentamiento en Bagua. ¿Ha seguido al caso?
R. Sí, y el gobierno ha cooperado conmigo en informarme de los pasos que ha tomado.
P. Hay un proceso judicial contra los nativos acusados por la muerte de los policías, pero no sobre los responsables de las muertes de los civiles.
R. He recibido información y el Estado debe asegurar que las partes del mismo Estado no se quede en la impunidad, eso le he comunicado.
P. ¿Durante su período como relator ha notado un incremento en los problemas entre pueblos indígenas, Estado, e industrias extractivas?
R. Desde el inicio fue así. Tiene que ver como dijo el doctor Diego García Sayán –presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– con el conocimiento de los pueblos de sus derechos y la capacidad de enfrentar situaciones que no son nuevas, vienen de antes. Los pueblos ahora son más conscientes de sus derechos y están en mejores condiciones de defenderlos. Pero también hay un crecimiento en muchos lugares de la actividad extractiva por la demanda internacional. Lo importante es que haya procesos para asegurar consultas previas adecuadas y que los derechos de los pueblos indígenas sean protegidos.
P. En la página web de la relatoría invitaron a reportar datos para un estudio sobre industrias extractivas y pueblos indígenas hasta inicios de abril. ¿Cuántos casos han recibido?
R. Ya están registrados más de cien casos en la base de datos, pero ha habido muchos otros casos que se están procesando ahora. Proceden de todos los países americanos, varios en África y Asia.
P. ¿Cuál es la región del mundo con mayor cantidad de casos de este tipo de conflictos?
R. La región donde hay más indígenas: en América, pero también en Asia y África donde se autoidentifican como tales, incluso en Norteamérica. Aunque a la par de los conflictos ha habido algunos logros en la protección de los derechos. Muchos de los casos que estamos viendo en relación a industrias extractivas son de buenas prácticas y no solo de conflictos.
P. ¿Cuántas personas hay en su equipo?
R. Son varias personas pero no suficientes. Tengo un asistente de tiempo completo en Ginebra, algunos que me ayudan administrativamente allí, en la sede del sistema. Tengo un equipo en Arizona, en mi universidad, son dos abogados que trabajan a tiempo completo en la relatoría y estudiantes de Derecho que ayudan, como parte de sus estudios. Y contratamos a consultores para trabajos puntuales, específicos. Pero yo soy el relator, no somos una comisión. Aunque puedo delegar trabajo, tengo que responsabilizarme por ese trabajo y hacerlo mío.
P. Usted llega a los países en momentos de mucha convulsión y violencia, ¿cómo administra esta condición de su trabajo?
R. Simplemente lo hago. Intento hacer mi trabajo, llego y hago lo mejor que pueda: revisar el asunto, ver qué se puede hacer, dialogar con las partes, intentar impulsar soluciones y luego ir al siguiente lugar.
R. ¿Siente una carga por después de una misión en un país donde ha ocurrido un episodio trágico vinculado con pueblos indígenas?
R. Sí es una carga.
P. ¿Qué hace con ella?
R. (Ríe) No pienso en ello. Simplemente intento hacer el trabajo.
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