La Constitución europea, al rescate de la Unión

¿Cuántas veces ha leído u oído usted aquello de “la fracasada Constitución Europea”? ¿O lo otro de “los diez años que la UE perdió en debates institucionales”, a propósito de su elaboración y posterior y accidentada trayectoria? Sí, muchas, ya lo sabemos. Lo hemos sufrido.

Seguro que coincidimos también en que las conclusiones del Consejo Europeo de junio no están nada mal. Incluso pensamos —con las debidas dudas provocadas por los precedentes, que solo el tiempo y la voluntad política de los gobiernos despejarán— que quizás estemos al comienzo del principio de un nuevo período de la construcción comunitaria que nos termine llevando a una verdadera unión económica (con todos los lados de la figura incluidos: fiscal, bancario, presupuestario, ¿social?) y a tener los instrumentos para salir de la crisis de la deuda de una vez por todas.

En realidad, pocas veces antes se han incluido tantas cosas en tan pocas líneas: un par de folios de acuerdos han sido más que suficientes para provocar una sensación de alivio que ha recorrido la UE, desde sus ciudadanos a sus mercados de valores.

En esos dos folios hay un párrafo especialmente importante que identifica como un objetivo de la UE romper el círculo vicioso entre bancos y emisores soberanos (léase estados que emiten deuda pública) gracias a que, en el inmediato futuro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, con sus cientos de miles de millones de euros disponibles, pueda recapitalizar directamente a los bancos en dificultades a través del correspondiente Memorando de acuerdo, por supuesto.

Se dice que eso se hará realidad una vez se establezca un mecanismo único y efectivo de supervisión, en el que participe el Banco Central Europeo, para los bancos de la zona del euro.

Para ello, se pide a la Comisión Europea que presente en breve propuestas en tal sentido para que sean estudiadas por el Consejo Europeo antes de finales de 2012.

La Comisión presentará tales propuestas y, en consecuencia, el Consejo adoptará su decisión, basándose en el punto 6 del artículo 127 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el segundo tomo del Tratado de Lisboa, para entendernos.

Tal punto 6 afirma que “el Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo, podrá encomendar al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otra entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros”.

Hablamos, pues, de una piedra angular en la futura unión bancaria y, para los españoles, de que la mala situación de algunos de nuestros bancos no termine convirtiendo el rescate europeo ahora establecido en un incremento de nuestra deuda que termine costándonos, vía subida de la primera de riesgo, sudor y lágrimas.

¿Saben ustedes cuando entró el vigor el Tratado de Lisboa? El 1 de diciembre de 2009. Y parece que al final va a servir para algo porque sin el punto 6 de su artículo 127 hubiera sido legalmente imposible –al fin y al cabo, la Unión es una construcción de derecho en la que las decisiones necesitan bases jurídicas para ser adoptadas, que si no luego viene el Tribunal Constitucional alemán a sacar la tarjeta roja- que la cumbre adoptara un acuerdo de tanto calado como el indicado, que nos va a salvar, literalmente, la cartera.

Pero eso no es lo mejor. Ahora vamos. El punto 6 del artículo 127 que nos ha dado, como Unión y como España, el oxígeno que necesitábamos, lo adoptó la Convención y lo incluyó en la Constitución Europea. Por eso existe: de ella lo heredó directamente el Tratado de Lisboa.

Parece, años después, que con su muy mayoritario SÍ a aquella Constitución en el referéndum de 2005 los españoles no se equivocaron. Tras el no de franceses y holandeses, el voto español ayudó bastante a que el texto continuara andando y se convirtiese en su 95 % en el Tratado de Lisboa que hoy nos permite seguir adelante y a tiempo.

¿Década perdida? ¿Constitución fracasada?

Diego López Garrido, diputado socialista, y Carlos Carnero, Director Gerente de la Fundación Alternativas, fueron miembros de la Convención que redactó la Constitución Europea (2002-2003)