El Gobierno chileno comienza a controlar el conflicto social de la Patagonia
El Gobierno del conservador Sebastián Piñera se prepara para un segundo año de mandato marcado por las protestas
![Rocío Montes](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F35dbdf26-bbcb-47d6-8a7e-7daa24ff7d85.png?auth=5e7df9f30b47f39f3915c5c9e578436688034d396f304146aaa50c8773e121b4&width=100&height=100&smart=true)
![Habitantes de Aysén, en Chile, participan en una protesta el pasado 4 de marzo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/O2XL6WMDNNGUKBTWI72G5LHL6E.jpg?auth=aedadd90ab7b06bc26bc8044828a3283c000a2f85ec8b4d13f52d9cbdb37c88c&width=414)
El extenso conflicto social de la región de Aysén, a 1.600 kilómetros al sur de Santiago de Chile, ha comenzado a ser controlado por el Gobierno de Sebastián Piñera. Tras casi tres semanas de negociaciones infructuosas y de protestas ciudadanas, que han sido apoyadas desde diferentes ciudades del país, el Movimiento Social por Aysén decidió el lunes por la noche desbloquear los caminos y permitir el abastecimiento de la zona. El Gobierno, como condición básica para retomar el diálogo, había exigido que se despejaran las rutas de la Patagonia, donde ya escaseaba el alimento y el combustible.
“Requerir el levantamiento de bloqueos obedece a la necesidad y obligación de preservar el orden público y el estado de derecho. Una vez que se practique, el Gobierno está dispuesto a iniciar el diálogo”, dijo el portavoz de La Moneda, Andrés Chadwick, tras conocer la determinación de los movimientos sociales de Aysén. El ministro también indicó que, de establecerse la normalidad en la zona, el Ejecutivo no presentará las querellas criminales contra los líderes de las protestas.
Desde que estalló el conflicto a mediados de febrero, que incluyó violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, el Gobierno de Piñera intentó dar muestras de fuerza. De hecho, en estas tres semanas, La Moneda ha anunciado en varias ocasiones que estudiaba la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que se creó durante la dictadura y que castiga con cárcel a los incitadores de desórdenes públicos. El Ejecutivo tiene el convencimiento de que 2012, al igual que el año pasado, estará marcado por las protestas. De hecho, mientras se produce el movimiento social en Aysén, ya han comenzado a organizarse protestas en otras ciudades del país como Punta Arenas y Calama.
Los patagónicos salieron a las calles porque creen haber sido olvidados por el Gobierno central durante los últimos años. En esta región de clima adverso, donde existe frío gran parte del año, la leña para calentar los hogares es cara y la gasolina cuesta un 40% más que en otras ciudades del país. Las verduras, el doble que en la capital. No existen universidades públicas ni grandes hospitales y los pobladores tienen graves problemas para trasladarse entre un pueblo y otro, debido al mal estado de los caminos. Las demandas de los aiseninos han comenzado a ser apoyadas con manifestaciones en diversas ciudades de Chile. Hoy, de hecho, el principal sindicato de trabajadores y los estudiantes lideraron una marcha en Santiago, la primera tras el receso del verano.
Este miércoles, poco a poco, comenzaron a despejarse los caminos de Aysén que se encontraban bloqueados por los manifestantes. Unos 110 camiones estaban a la espera de ingresar a la región con alimentos y combustible y, durante la tarde, empezó a normalizarse el abastecimiento. El presidente Piñera, que a diferencia de otras ocasiones ha evitado instalarse en la primera línea del conflicto, ordenó el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, que se trasladara de inmediato a la zona. Les presentará a los pobladores una nueva propuesta para mejorar su calidad de vida, que incluye el subsidio a las maderas y combustibles. El inicio del diálogo, sin embargo, no garantiza que el conflicto en la Patagonia se haya extinguido.
Las manifestaciones en Aysén han sido respaldadas por los principales dirigentes sindicales y estudiantiles, que el año pasado protagonizaron el mayor movimiento social que se haya visto en Chile desde el regreso de la democracia en 1990. Hoy en día, cuando aún no se inicia el año escolar en el país, no es clara la fortaleza con que los jóvenes se organizarán para levantar su demanda de educación pública y de calidad. Sin embargo, tal como se prevé desde La Moneda, ya han comenzado a articularse.
Con la economía creciendo al ritmo del 5,5%, y el desempleo controlado en torno al 6,6%, analistas y políticos intentan explicarse a qué se debe el clima de descontento que ha tomado forma de protestas, huelgas y caceroladas durante los últimos diez meses. Una teoría, quizás la más extendida, es que la clase media, que creció abruptamente durante las últimas dos décadas, se hartó de los abusos y la desigualdad, que en Chile llega a niveles alarmantes (el 10% de los chilenos más ricos gana 27 veces más que el 10% más pobre, según un informe de comienzos de año de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Y que esto le explotó al Gobierno de derecha de Piñera, que no tiene el mismo control social que tenía la centroizquierda.
"El movimiento estudiantil y el conflicto en Aysén son parte de un cuestionamiento al modelo económico”, indicó a el analista político Roberto Méndez a una radio local a comienzos de semana. Poco antes había dado a conocer la encuesta Adimark que indicó que el 70% de los chilenos rechazan a la Concertación, un 60% se muestra contrario al Gobierno y más del 60% crítica el trabajo de la Cámara de Diputados y el Senado.
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