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Análisis:

Haití, un año después

En mis 30 años de experiencia en el desarrollo internacional he visto muchas cosas como resultado de haber trabajado en Liberia y Sierra Leona y algunos de los Estados más frágiles de África. Sin embargo, me cuesta recordar una tragedia más terrible que la causada por el terremoto que azotó a Haití hace un año, comparable solo con las peores catástrofes que ha enfrentado el mundo.

El movimiento telúrico terminó con la vida de por lo menos 230.000 personas y dejó a 1,3 millones más sin un lugar donde vivir. Este terremoto de grado 7 azotó justo el corazón económico del país y enterró bajo los escombros gran parte de los medios de sustento de la nación; todos los avances alcanzados en la década anterior en la lucha contra la pobreza quedaron reducidos a nada. En frías cifras, las pérdidas y daños alcanzaron los 7.900 millones de dólares, el equivalente al 120% del producto interno bruto del país.

Sin lugar a dudas, la magnitud de la tragedia se explica en gran medida por la alta densidad demográfica, pero también por la profundidad de la pobreza. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, era el peor preparado para enfrentar un desastre y el que se encuentra en las condiciones más deficientes para emprender la reconstrucción.

Luego del terremoto, la comunidad internacional unió esfuerzos para ayudar al país a atender sus necesidades más urgentes. Los trabajadores internacionales de socorro salvaron miles de vidas, atendieron a los heridos, acogieron a los 1,3 millones de desplazados durante un año completo y les proveyeron de agua, alimento y servicios de salud y educación. Los masivos esfuerzos de limpieza y reconstrucción continúan, pero el avance es mucho más lento de lo que cualquiera esperaría, obstaculizado por un huracán y un brote de cólera que se ha cobrado hasta la fecha 3.000 vidas.

Un año después, la mayoría de los desplazados sigue viviendo en campamentos provisorios. La comisión interina para la recuperación de Haití, presidida por el primer ministro, Jean-Max Bellerive, y el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, enviado especial de la ONU para Haití, lidera los esfuerzos para proporcionar alternativas habitacionales y de servicios. No obstante, el ritmo de progreso en el sector de la vivienda ejemplifica como ningún otro las dificultades que enfrentan las autoridades locales y los expertos internacionales en las iniciativas de recuperación de un país tan pobre como Haití.

En vecindarios densamente poblados cuyo desarrollo urbano no sigue ningún orden ni concierto y donde no existen códigos básicos de construcción y tampoco títulos de propiedad, un equipo de 280 ingenieros locales -capacitados a través de un programa financiado por el Banco Mundial y otros donantes internacionales- ha inspeccionado unos 400.000 edificios para determinar cuáles son habitables, cuáles se pueden reparar y cuáles deben ser demolidos. El próximo paso será garantizar que los desplazados, la mayoría de los cuales son arrendatarios y no propietarios, obtengan un lugar donde vivir: en viviendas nuevas o reparadas y en vecindarios con servicios básicos mejorados y, por lo tanto, con mejores condiciones para realizar actividades económicas.

Para equilibrar las necesidades de grandes cantidades de potenciales arrendatarios con las de los propietarios se requieren ideas innovadoras. Con ese fin, el Banco Mundial ha ayudado a desarrollar una política de vivienda que, entre otras cosas, haga posible reconstruir los hogares a cambio del compromiso de los propietarios de fijar montos de arrendamiento que sean estables y asequibles para los cientos de miles que necesitan vivienda.

Una de nuestras principales preocupaciones es apoyar al Gobierno de Haití, que no se quedó atrás en materia de daños. El terremoto fue justo antes de las cinco de la tarde, lo que significa que muchos funcionarios públicos estaban en sus puestos de trabajo, en particular las autoridades de rango alto. Murieron muchos empleados y casi todos los edificios públicos quedaron destruidos.

Aunque los donantes han ayudado al Gobierno a recuperar las funciones básicas (gestión económica, recaudación de impuestos, servicios de educación, transporte), aún se necesita muchísimo apoyo para construir la capacidad de organización que exige la reconstrucción. El Gobierno también deberá mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones en general para hacerlas más eficientes.

Otro aspecto esencial es que el pueblo de Haití pueda confiar en los resultados del proceso electoral. Ello no sólo garantizaría la estabilidad, sino que también fomentaría un mayor apoyo internacional y del sector privado.

La comunidad internacional ha reaccionado de una manera inédita. Según Naciones Unidas, a fines de diciembre ya se había entregado alrededor de la mitad de los 5.300 millones de dólares comprometidos por los donantes para los próximos dos años. El Grupo del Banco Mundial ha comprometido 479 millones hasta la fecha, de los cuales dos terceras partes ya fueron aprobadas para proyectos específicos de limpieza de canales y escombros, reconstrucción de viviendas e infraestructura y apoyo a la buena gestión económica y la educación, así como al desarrollo del sector privado.

Reconstruir la infraestructura destruida por el terremoto puede tardar más de 10 años. Sin embargo, se puede hacer mucho para ayudar a los haitianos en el corto plazo. En 2011, junto con otros donantes, nos concentraremos en combatir el cólera, ampliar el acceso a la educación, continuar fortaleciendo la capacidad institucional y proporcionando alternativas a los campamentos en comunidades que cuenten con mejor equipamiento y donde las personas pueden reconstruir no solo sus viviendas, sino también sus vidas.

Tengo fe. El mundo ha sido testigo de primera mano de la resistencia y la inventiva del pueblo haitiano. Creo que con su perseverancia y el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional, Haití será capaz de construir un futuro mejor.

Alexandre Abrantes es enviado especial del Banco Mundial para Haití.