Venezuela solicita a Interpol que capture al líder opositor Rosales
"Un demócrata no se entrega a un dictador", advierte el alcalde desde Perú
Los tribunales venezolanos solicitaron ayer a Interpol la captura del líder opositor Manuel Rosales, que el martes pidió asilo en Perú esgrimiendo una persecución judicial por parte del Gobierno de Hugo Chávez. Al mismo tiempo, Rosales reapareció en las emisoras privadas de televisión en Venezuela para enviar un mensaje desde Lima, un mes después de haber declarado su clandestinidad. "Un demócrata no se entrega a un dictador, y mucho menos si ese dictador es un cobarde", dijo ayer el ex candidato a la presidencia de Venezuela, ex gobernador del Estado petrolero de Zulia y actual alcalde de Maracaibo.
Rosales formuló el martes una petición de asilo territorial ante el Gobierno de Perú con el argumento de que el Gobierno de Hugo Chávez ha emprendido una persecución judicial en su contra. "Yo no podía complacer, avalar una decisión judicial amañada, manipulada, para que disfrutaran atropellándome y metiéndome en un hueco para humillarme, para destruirme, y mucho menos les podía permitir que me asesinen", justificó Rosales. Y prometió: "Seguiremos en la lucha, moviéndome en otros países y en otras instancias. Hoy más que nunca necesitamos un movimiento firme, fuerte, que defienda nuestra historia (...). Hago un llamado para que cada quien ocupe su puesto de lucha y para que quienes están allá [en Venezuela] se miren en el espejo de los que hoy están perseguidos".
Al tiempo que Rosales emitía su declaración a través de las emisoras privadas de televisión de Venezuela, los tribunales aprobaban una medida de "privación de libertad" contra el alcalde, dado que "ha demostrado no poseer voluntad de someterse al proceso seguido en su contra". "Quiero ser enfático en aclarar que a Rosales se le señala por presuntos delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción, y negamos que sea un perseguido del Gobierno y que los delitos que se le imputan sean de naturaleza política", dijo al respecto el ministro del Interior y Justicia venezolano, Tareck El Aissami, que calificó a Rosales de prófugo de la justicia de su país.
Durante la campaña electoral para las elecciones regionales de 2008, en las que Rosales resultó elegido alcalde de Maracaibo, Chávez había manifestado abiertamente su voluntad de llevar a la cárcel al líder de la oposición. "Manuel Rosales, vas preso", dijo en octubre pasado. En los días que siguieron, tanto la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional como la Contraloría General (tribunal de cuentas) investigaron y acusaron a Rosales de varios delitos de corrupción. Más tarde, el 11 de diciembre de 2008, la fiscalía de Venezuela acusó formalmente a Manuel Rosales de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometido durante su gestión como gobernador del Estado de Zulia.
Juicio transparente
Tras denunciar que su derecho a la defensa había sido vulnerado durante la investigación a la que estaba sometido, a principios de abril de este año Rosales anunció que se mantendría "bajo resguardo" y en la clandestinidad hasta que los tribunales venezolanos le garantizaran un juicio transparente. El pasado domingo, el alcalde llegó a Lima con un visado de turista, y ahora está a la espera de que el Gobierno peruano le conceda el asilo solicitado.
En referencia a las declaraciones públicas ofrecidas ayer por Rosales, el canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde, le pidió que no utilice su territorio como plataforma política y que respete el proceso en el que se evalúa si se le otorga o no el beneficio del asilo. "El Perú no puede ser utilizado como plataforma política por ningún extranjero, porque eso entonces violaría la naturaleza misma del refugio o asilo político que se le puede otorgar", advirtió García Belaúnde. Según el canciller peruano, este proceso de evaluación puede durar un par de semanas.
Mientras, en Caracas, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Mario Isea, presidente de la comisión que investigó a Rosales desde el Parlamento, planteó ayer la posibilidad de que se investigue el entorno político y familiar del acusado por haber actuado como "encubridores" y "cómplices" de la "fuga" del alcalde a Perú.
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