El Gobierno italiano aprueba un ajuste de 5.500 millones para cumplir el Pacto de Estabilidad

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado hoy un ajuste presupuestario de 5.500 millones de euros, cuya finalidad es hacer posible que el déficit público a final de año esté por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), uno de los requisitos del Pacto de Estabilidad europeo. Esta medida se produce en un momento en el que los socios de Gobierno están gravemente enfrentados por asuntos como la reforma fiscal o la posibilidad de cambios en el Gabinete. Este plan es uno de los pocos proyectos no cuestionados, y la única discrepancia de fondo ha sido la expresada por los democristianos de UDC, que se han mostrado preocupados porque uno de los recortes afecta a los fondos para el desarrollo de las regiones meridionales, las menos favorecidas.

A través de un decreto, el Consejo de Ministros ha adoptado una serie de medidas de recorte de gasto que se ampliará con otras de tipo administrativo en un futuro inmediato para conseguir un ahorro adicional de 2.000 millones de euros, por lo que en su conjunto la reducción alcanzará los 7.500 millones de euros. El efecto se notará en la segunda parte del año para evitar así el riesgo de que, con la evolución del gasto público en lo que va de año, el déficit se situara al final por encima del 3% del PIB.

El estado de las cuentas públicas italianas despierta preocupación en el Gobierno de centroderecha y fue la causa de que el primer ministro y titular interino de Economía, Silvio Berlusconi, acudiera el pasado lunes al Ecofin de Bruselas para explicar las líneas generales del decreto aprobado hoy. Berlusconi satisfizo a los ministros de Economía y Finanzas comunitarios y salvó así a Italia de una "alerta preventiva" por déficit excesivo.

Recortes en los fondos para el Sur

En detalle, las medidas previstas hoy prevén un recorte estructural de gastos de 4.200 millones de euros y un aumento de los ingresos de 1.300 millones, lo que supone el 0,45% del PIB. La rebaja saldrá de la reducción de unos 1.300 millones en subsidios a empresas y al fomento del desarrollo de las regiones del sur, mientras en el consumo corriente y en las inversiones de los ministerios en bienes y servicios habrá un ahorro de 2.800 millones de euros. En concreto, la Administración Pública (con la excepción de las universidades y los centros de investigación) deberá reducir un 15% el gasto medio que tuvo en el bienio 2001-02.

Las empresas públicas, como la de ferrocarriles y Correos y las misiones militares en el extranjero, también verán recortadas algunas partidas, así como los fondos destinados a asesorías externas (cien millones). En cuanto a los ingresos, deberán contribuir en mayor medida los bancos a través del impuesto regional de actividades productivas (IRAP), mientras que se aumentará el precio del tabaco y se prorrogará hasta finales de año la legislación para regularizar la posesión no declarada de viviendas con el pago de una cantidad inferior a la exigible. Esta última fórmula, conocida como pago "una tantum", es un recurso excepcional para conseguir ingresos que en ocasiones precedentes ha sido criticada por Bruselas.

En cuanto a los 2.000 millones de euros que completan el ajuste y que suponen el 0,17% del PIB, "se generarán por medio de medidas administrativas, es decir, acciones discrecionales posibilitadas por la legislación vigente", según la referencia del Consejo. El decreto deberá ahora ser convalidado por el Parlamento y la intención del Ejecutivo es que lo sea antes de que culmine julio, ya que agosto es festivo y de ese modo se perderían casi dos meses, un retraso que podría impedir el objetivo de cumplir el criterio de déficit del Pacto de Estabilidad. Entre los elementos más polémicos está la reducción de las ayudas a las regiones del sur, tradicionalmente las menos desarrolladas de Italia, así como el pago de la multa para legalizar la posesión de bienes inmuebles, iniciativas que fueron las más criticadas por la oposición de centroizquierda y los principales sindicatos.