Vulnerables con empleo

Todavía se escucha, generalmente en boca de representantes de la oposición, el tópico de que la mejor política económica es la creación de empleo. Ya no es exactamente así, debido a la cada vez menor calidad de muchos puestos de trabajo que suscitan conceptos como precariedad, devaluación salarial, desigualdad, menor protección social, etcétera. Un día habrá que hacer una estimación de la responsabilidad que en ello han tenido las sucesivas reformas laborales. Lamentablemente no todos los puestos de trabajo sirven para salir de la pobreza, ni siquiera de la pobreza extrema.

Los salarios deben servir para obtener los recursos necesarios que satisfagan las necesidades básicas de los asalariados y sus familias, pero en muchos casos ello no se cumple: en España, si consideramos la pobreza extrema (un grado más intenso de la pobreza media), el 27,5% de los que tienen trabajo pertenecen a estas categorías.

En el mercado de trabajo nos alejamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que contemplan que el “trabajo decente” debe favorecer la integración social, aportar un ingreso justo, seguridad y protección social para las familias. Un estudio realizado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono) concluye que “ninguna de estas condiciones se cumple para el caso de las personas que trabajan y se mantienen en la pobreza severa”. Pobres severos son aquellos que resisten con menos de 281 euros al mes en caso de que vivan en el seno de una familia y con menos de 535 euros al mes si viven solos. En el año 2020, el 9,5% de la población total (unos 4,5 millones de personas) pertenece al segmento de la pobreza extrema.

Se dice que la pandemia ha fulminado el progreso de décadas en la lucha contra la pobreza extrema. Al menos en lo que se refiere a España ello no es cierto, pues la situación ya era insostenible previamente, en 2019 y en 2008, cuando comenzó la Gran Recesión. La gran diferencia está en las políticas sociales que se están aplicando ahora, inéditas en la etapa de la austeridad expansiva. Las políticas públicas paliativas —el denominado “escudo social”—, cuyo objeto es recoger a los que se quedan por el camino, contemplan medidas como el ingreso mínimo vital, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, la garantía en el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los más vulnerables, la suspensión de los procesos de desahucios, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual, etcétera. La red contra la pobreza y la exclusión pone algunas pegas a tal “escudo”: en general, el sistema actual de rentas mínimas es complejo, con escasa cobertura e insuficiente cuantía para proporcionar a las personas en pobreza severa un nivel de ingresos que permita cubrir sus necesidades.

En conclusión, una de las causas más importantes de la vulnerabilidad es estar en paro, pero otra es no disponer de un “trabajo decente”. Se extiende una tendencia generalizada, que afecta sobre todo a los jóvenes (“la pobreza severa es cosa de jóvenes”) y que reduce el carácter protector del trabajo contra la pobreza, basado en la “equívoca y machaconamente repetida idea de que lo importante es la creación de empleo”: se puede conseguir un trabajo y ser pobre, e incluso trabajar y ser muy pobre.

El informe en cuestión es muy oportuno para sustituir los estereotipos y los prejuicios por la realidad. Por ejemplo, la identificación de la pobreza extrema con un determinado grupo social asociado a la emigración, el sinhogarismo, la falta de estudios, etcétera, olvidando hechos tangibles como que más del 70% de los pobres severos son españoles, muchos tienen un nivel educativo medio e incluso alto, y muchos, también, disponen de vivienda. Los pobres severos son, en general, personas que han realizado aquellas acciones que la sociedad exige para tener una vida digna y adecuada a los estándares sociales, y no les ha funcionado.

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