Una empresa pide a la Comunidad de Madrid levantar un complejo en una zona protegida de San Lorenzo de El Escorial

Una empresa llamada Universidad Bistlecone ha enviado un proyecto a la Comunidad de Madrid en el que consta que quiere construir un complejo de “innovación e investigación agrícola ganadero” en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en San Lorenzo de El Escorial (18.489 habitantes, en el noroeste de la región). La zona, protegida desde 2006, se conoce como la Cerca Maestra, un terreno que perteneció a Felipe II y cuenta con restos arqueológicos renacentistas. Los planos reflejan que, además de auditorios, aulas docentes y laboratorios, habrá cuatro hoteles, gimnasios, tiendas e incluso un aparcamiento a los pies de una casa fortaleza del siglo XVI conocida como el Palacio del Monesterio, todo ello en una parcela de más de 146 hectáreas. Una modificación aprobada en diciembre de 2022 que flexibiliza la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid permite saltarse todas estas normativas si se declara que el proyecto obedece al interés regional. Detrás de la iniciativa está el empresario Trinitario Casanova, fundador del grupo Baraka y protagonista de varias operaciones urbanísticas muy polémicas, como la compraventa del Edificio España, en Madrid. EL PAÍS ha accedido a la notificación del plan que envió en septiembre la Dirección General de Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a uno de los ayuntamientos de la zona para que presente alegaciones.

El proyecto, que ha sido bautizado como AgroHub, planea construir prácticamente una ciudad desde cero. Está planteado “para que se pueda desarrollar una vida completa en el complejo”, recoge el documento enviado a la Comunidad. En los planos aparecen cuatro hoteles, gimnasios, tiendas, cafeterías, restaurantes, aparcamientos, puntos de carga para coche eléctricos, entre instalaciones sociales. Habrá una parte no urbanizada reservada para cultivos, otra para ganadería y una esquina de la parcela será un “espacio de conservación natural”. Todo ocupará una terreno de 146 hertáreas detro de la Cerca Maestra de Felipe II.

La obra puede salir adelante pese a estar proyectado en un terreno declarado Bien de Interés Cultural. Lo permite la ley ómnibus que se aprobó en diciembre de 2022, que flexibiliza la ley de suelo y que autoriza a las empresas a actuar sobre suelo no urbanizable o protegido. Para hacerlo, la Comunidad tiene que determinar que tiene interés regional, es decir, que tenga una utilidad pública. La decisión de si esto es así no pasa por la Asamblea de Madrid. Basta con que lo determine una consejería. “El interés privado diseña nuestros municipios”, protesta María Ángeles Nieto, portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama, una de las cinco agrupaciones que han investigado el proyecto. “La ley ómnibus es una aberración que anula la función social del urbanismo”.

Para cumplirlo, la empresa alega que con este proyecto quintuplicará el dinero que el sector agrícola deja en la Comunidad. “El Valor Agregado Bruto [el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio] agrícola madrileño podría pasar de los 160,9 millones de euros a 804,5 millones de euros”, recoge el proyecto presentado por la compañía. Afirman que lo lograrán gracias a los estudiantes que lleguen desde fuera de Madrid y los puestos de trabajo que generen. Además, la empresa estima que habrá 20.000 alumnos y 21.000 trabajadores.

No solo habrá aulas. El proyecto contempla una parte importante de parque empresarial. En el documento que han presentado explica que de las siete empresas “con las que se está negociando el arrendamiento” de los espacios que quieren crear, seis son para compañías que producen fertilizantes. Una de ellas los fabrica con base de nitrógeno y otra los hace de fósforo y potasio. El Ministerio de Transición Ecológica considera a ambos de “riesgo para el medio ambiente”. Un estudio publicado en la revista Science of the total Environment revela que el 70% de los fertilizantes acaba en el aire, acuíferos y aguas superficiales.

Historia del lugar

La zona sobre la que se proyecta el complejo urbanístico fue la finca de recreo de Felipe II en el siglo XVI, según recoge el decreto por el que se nombró a la zona BIC en junio de 2006. Sin embargo, algunas de las edificaciones que hay allí son aún más antiguas. Es el caso del Palacio de Monesterio, una casa-fortaleza levantada en 1503 que en la actualidad se encuentra en ruinas. La empresa Universidad Bistlecone pretende construir un parking justo al lado.

El terreno no pertenece a la Administración. Pasó a manos privadas con las desamortizaciones del siglo XIX, el proceso por el que la corona vendió varias de sus propiedades. En la actualidad, el recinto sobre el que se quiere construir está alquilado a la empresa Universidad Bistlecone y el término del contrato es “edificaciones de construcción futura”.

No es la primera vez que se plantea una macrooperación urbanística en ese terreno. En el año 2005, el entonces alcalde popular de El Escorial quiso construir un nuevo pueblo con 7.000 viviendas. En aquel momento, suponía duplicar la población del municipio. Un informe arqueológico desestimó el proyecto, entre otras razones, porque la zona “contiene restos arqueológicos e históricos de enorme interés”. Añade que, después de realizar estudios, “parece inevitable dotar esta zona del mayor grado de protección arqueológica posible”. Los valores patrimoniales del lugar en la actualidad siguen siendo los mismos.