Trinitario Casanova: el rey del ‘pelotazo’ exprés inmobiliario

Nada de lo que hace pasa inadvertido. El empresario Trinitario Casanova (Orihuela, 1964) alimenta su leyenda a base de operaciones controvertidas y puestas en escena efectistas alejadas de las formas de otros señores del ladrillo. Fundador del Grupo Baraka, es el artífice de algunas de las operaciones inmobiliarias más polémicas de los últimos dos años, como la compraventa del Edificio España, a cuya firma acudió vestido de torero, y la entrada en la Operación Chamartín, para repartir "justicia a un millar de familias a las que el BBVA ha dado la espalda".

Antes ya había hecho fortuna con el ladrillo, sobre todo en Murcia, y ya había tenido que responder ante la justicia. Fue condenado a una multa de 108.000 euros por difundir en 2008 rumores de una opa en el Banco Popular para aumentar el precio de las acciones. Además, tiene asuntos pendientes en el juzgado por presunto fraude fiscal de la época en la que fue el dueño del grupo Hispania. Su fortuna no aparece en la lista Forbes, pero es más que suficiente para la reciente compra de una vivienda en La Moraleja por algo más de 12 millones de euros, o para atesorar coches muy caros: tiene un Bentley, un Ferrari, un Rolls-Royce. Además, este hombre acostumbrado a lidiar con el escándalo es amante de la moda, el fútbol (fue presidente del Águilas), las rancheras (va a grabar el segundo disco) y, por encima de todo, su familia.

En el sector inmobiliario ha sido bautizado como el rey de la plusvalía exprés o del pelotazo. Dice no sentirse identificado con estas etiquetas, aunque tampoco le molestan. Porque Casanova compra y vende activos, aunque sea a los cinco minutos. Lo aprendió muy pronto, cuando a los 21 años hizo su primera operación adquiriendo 22 plazas de garaje en Beniaján (Murcia). Costaban cuatro millones de pesetas (24.000 euros). "La plaza salía a 1.200 euros y dije: 'Esto es muy barato'. Salió muy bien y empecé a tener el gusanillo". Mucho antes, cuando tenía 16 años, ya compraba y vendía, aunque se trataba de naranjas y limones. "Mis orígenes empezaron con mi padre comprando cítricos en los campos de Orihuela que se vendían en el mercado".

En todos estos años ha aprendido que el tiempo es el peor enemigo y el mejor aliado. Él juega con el corto plazo como nadie. Un par de horas después de haber comprado el Edificio España al grupo chino Wanda por 272 millones de euros, Casanova lo vendió a la cadena hotelera Riu. Nunca hizo público por cuánto. Fueron 300 millones de euros. Poco importaba que el empresario oriolano no tuviera fondos propios — es poco amigo de la financiación externa— para asumir la compra, como así se rumoreó, porque sin salir de la notaría se desprendió del activo. ¿Qué hizo con esa plusvalía? "Volver a invertirlo, no me acuerdo en qué, sería en comprar otro solar, otro edificio o local comercial".

Esa operación exprés fue el germen de la primera trifulca judicial entre Riu y Baraka. "Vendimos por 300 cuando podíamos haber vendido por 350 millones, porque en el pacto figura que Riu me vendía los locales comerciales en 140 millones. Si no, lo hubiese vendido más caro porque tenía ofertas más altas. Pero acepté porque nuestro interés primordial era quedarnos con los locales y por eso pusimos un precio económico. Riu se ha portado muy mal porque ha aparecido Corpfin Capital, que ofrece 20 millones más que yo y se ponen a firmar con ellos". Hoy, esos locales, que suman 15.000 metros cuadrados, valen mucho más, por lo que serían una tentación para su reventa. Aun así, Casanova dice querer tenerlos en patrimonio para alquilar. ¿A qué operadores? "No lo sabré hasta que no se resuelva el proceso judicial. No soy tan loco como Corpfin, que ya está diciendo que está en negociaciones". Para Casanova lo más grave es que al ser Corpfin una Socimi está en juego el dinero de miles de inversores. "El dinero no es del señor Javier Basagoiti y no puede engañar al mercado diciendo que ha comprado unos locales cuando están en un juicio y Baraka es el que ostenta ese derecho".

Las familias Casanova y Riu están enzarzadas en otro proceso judicial por las obras de rehabilitación del Edificio España. Casanova denuncia que Riu se ha ahorrado 12 millones de euros en el refuerzo estructural del edificio y que el arquitecto Luis Galiano se ha visto obligado a dimitir. Aunque la primera batalla la ha ganado Riu (se ha levantado la suspensión de las obras), "tenemos otro juicio el 24 de abril donde se aclarará". Y se pregunta: ¿Qué arquitecto deja una obra como el Edificio España por su propio gusto? Ninguno. "Lo han puesto contra la espada y la pared".

Operación Chamartín

Por si fuera poco, el pasado año el empresario aterrizó en la también polémica operación Madrid Nuevo Norte (antes Chamartín), de la que dice estar enamorado. Ha comprado los derechos de reversión a un millar de familias. "Con esta operación, que alcanzará los 400 millones, esas familias cobrarán por los suelos que les fueron expropiados hace más de dos décadas. De momento, "nuestra inversión es de 50 millones, entre lo que las familias han cobrado, proyectos y abogados". Sabe que asume un riesgo: "Si yo pierdo, lo pierdo todo; y si gano, cada uno tiene un décimo de lotería premiado". Incluido él.

La batalla con DCN (San José y BBVA), propietaria de gran parte de los terrenos, se presume larga y cruenta. Casanova asevera que la ley está de su parte: "La sentencia dice que cuando el suelo se desafecte entrará en vigor el derecho de reversión". Y, de nuevo, asegura que si gana no revenderá los terrenos (1,2 millones de metros cuadrados). "Ahí promoveremos oficinas, viviendas y hoteles". Estos dos proyectos no le quitan el sueño —solo la salud de su familia—, pero sí concentran sus mayores esfuerzos.

Baraka facturó 502,5 millones de euros en 2017 y logró un beneficio de 16,6 millones. La deuda casi rozó los 56 millones. El grupo opera en viviendas (promueve entre 100 y 120 unidades al año a precios entre 80.000 y más de un millón de euros), hoteles, parques comerciales, desarrollos urbanísticos, logística y alquiler de pisos. Al grupo, con más de 300 empleados, le han echado el ojo algunos de los fondos que operan en España. No da nombres. "Nos han propuesto asociarnos, pero queremos mantener nuestra independencia empresarial", dice Casanova, que critica la lentitud de la Administración para desarrollar suelos, que cree que no hay burbuja, que tan mala es la extrema derecha como la extrema izquierda y que a la pregunta de si piensa meterse en política contesta enérgico: "¡Dios me libre!".