Ayuso impulsa de urgencia una macroley que rebaja la obligatoriedad de sustituir árboles talados y flexibiliza la ley del suelo

La tramitación a toda prisa de una macroley que rebaja la obligatoriedad de sustituir árboles talados; flexibiliza la construcción de campos de golf, gasolineras y crematorios; y facilita la posibilidad de construir vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos sociales de redes supramunicipales, ha provocado un choque total entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, Más Madrid y Ecologistas en Acción. El encontronazo se cristalizó este jueves, durante una reunión telemática del Consejo de Medio Ambiente en la que el viceconsejero del ramo, Rafael García, y tres directoras generales del ejecutivo, defendieron un proyecto que aspira a modificar en una sola votación artículos de una decena de leyes autonómicas. En el trasfondo, críticas a cambios concretos, y a que la tercera ley ómnibus de la era Ayuso se haya impulsado en verano, y por trámite de urgencia. Sobre la anterior, que modificó a favor del ejecutivo contrapesos institucionales como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia, se tiene que pronunciar aún el Tribunal Constitucional, tras un recurso del PSOE.

“¿Pero qué urgencia puede haber en modificar todas estas leyes en julio cuando la Asamblea de Madrid no puede tramitar textos legislativos hasta octubre?”, critica Alejandro Sánchez, diputado de Equo inscrito en el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional, que ha diseccionado los más de 110 artículos y disposiciones de los que consta la reforma. “Es una burla a los procedimientos de transparencia e información pública”, se responde. “Ayuso procede así a tramitar la modificación de una decena de leyes tan importantes como la del Suelo o la de Protección Animal, sin que la ciudadanía, los Ayuntamientos o las entidades de la sociedad civil tengan un mínimo margen de reacción”, añade.

“Con las modificaciones sucesivas de la ley del suelo [que contiene la reforma] están facilitando la tramitación de grandes proyectos en cualquier parte”, coincide Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, y vocal en el Consejo de Medio Ambiente, sobre el anteproyecto de la Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.

Así resume el proyecto Ángel Juberías, ingeniero y representante de CC OO. “Da los últimos toques a la liberalización total del medio ambiente para que lo utilicen las empresas, porque establece un régimen para que las solicitudes de suministros individuales de grandes consumidores (no ciudadanos de a pie) puedan acogerse a las excepciones previstas en la normativa autonómica, facilitándose con ello la puesta en servicio del suministro [eléctrico] en tanto se finalizan la totalidad de extensiones de red y refuerzos que sean requeridos para el cumplimiento de la normativa”, argumenta. “Todo está enfocado a la especulación en lugar de a un desarrollo urbanístico sostenible”, apunta. “Se invierte la lógica de suelo público-suelo planificado, por la de definir que se puede especular con todo lo que no esté definido como suelo de interés ecológico”.

En el momento de publicación de este artículo, el Gobierno regional no había respondido a una petición de información realizada por EL PAÍS el miércoles por la tarde para contrastar esas afirmaciones. En todo caso, el ejecutivo transmitió en la reunión del Consejo de Medio Ambiente que su objetivo era agilizar la administración y quitar trabas a ciudadanos y empresas, y que en ningún caso se eliminaban controles. Estas son algunas de las reformas contenidas en la ley.

Pagar a cambio de no compensar los árboles talados. Los árboles secos, enfermos según el diagnóstico de un técnico que no se define en la norma, o que supongan un riesgo para la seguridad, podrán ser talados y sustituidos por un solo ejemplar, cuando hasta ahora era obligatorio replantar tantos árboles como años tuviera el talado. E incluso habrá casos en los que ni siquiera será necesario replantarlos. Así, en todas las ocasiones en las que la tala sea la única alternativa, y no haya espacio para replantarlos, el ayuntamiento afectado podrá crear un fondo en el que se ingrese el valor en vivero del árbol que debiera haberlo sustituido, y financiar así estudios de conservación, actuaciones de prevención y sensibilización... Es decir, que tras las polémicas por cómo afectan obras como la de la línea 11 de Metro a los parques de su entorno, habrá ocasiones en las que se podrá pagar por talar y no replantar.

“Es una puerta trasera abierta para eludir la obligación de replantación, en clara respuesta a todos los conflictos ocasionados con la tala de arbolado urbano en los últimos tiempos”, sostiene Sánchez, de Más Madrid. “Lo de cambiar árboles por dinero porque no hay espacio en el municipio es una mala broma cuyo origen está en la furia taladora del señor Almeida y la propia Ayuso”, critica. “¿Cómo no va a haber espacio en un municipio para plantar más árboles? ¿Y quién decide esto?”.

Dejar en el aire los informes medioambientales de campos de golf, gasolineras y crematorios. La reforma borra la obligatoriedad de que las instalaciones de suministro de combustible y los crematorios se sometan a procedimientos de evaluación ambiental. Tanto los ecologistas como Más Madrid entienden que esa salvedad se extiende a los campos de golf, y que estas instalaciones solo deberán cumplir la normativa estatal, aunque el gobierno negó que fuera a haber más facilidades para su construcción durante la reunión del Consejo de Medio Ambiente, y afirmó que se estudiaría caso a caso.

“¿Pero eso dónde lo dice?”, se pregunta Nieto, de Ecologistas en Acción. “Si me eliminas de un plumazo la única línea de una ley de Madrid que lo exige, ¿basándose en qué se va a hacer o decir que se debe emitir un informe?”, insiste. “Todas las modificaciones, imaginamos, son porque tienen proyectos en cartera en los que les molesta la normativa, y la actualizan para adaptarla a los casos, pero no de campos de golf sueltos, sino de grandes proyectos tipo Eurovegas”.

Poder absoluto del consejero. La reforma habilita al Consejero del área a determinar mediante una orden del departamento qué proyectos no van a provocar efectos adversos en espacios protegidos, y que, por tanto, no van a necesitar informe ambiental. “Porque él lo dice y lo vale”, ironizan en Más Madrid, cuyo diputado Sánchez señala que cuando la Consejería quiera se podrán hacer simultáneamente la evaluación ambiental estratégica de un plan o programa y la de cada uno de los proyectos que la componen, en lugar de una antes de las otras. Su plazo de vigencia, además, aumenta de dos a cinco años.

Terrenos para viviendas públicas. La tercera ley ómnibus flexibiliza la construcción de viviendas públicas protegidas “en suelos vacantes de la red de servicios o equipamientos” al eximir de los requisitos vigentes a los que están situados en redes supramunicipales. En ellas están los terrenos que se están empleando para el Plan Vive, las promociones de viviendas de alquiler que impulsa el Gobierno de Ayuso.

¿Qué quiere decir eso? “Que la respuesta de Ayuso a la crisis de la vivienda es darle más carta blanca al sector inmobiliario y que se pueda construir incluso donde ahora por normativa tendría que ir un colegio, una biblioteca o una zona verde, y esto se puede hacer incluso en el suelo urbano no sectorizado o no consolidado, o sea en los nuevos barrios de repente donde se suponía que tenía que ir un colegio ahora te plantan más pisos”, sostiene Sánchez, de Más Madrid. “Es un despropósito”.

Las cotorras, problema de los Ayuntamientos. La nueva norma deja en manos de los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes “el otorgamiento de autorizaciones para su control y erradicación (...) excepto en el caso de parques urbanos y periurbanos gestionados por la Comunidad de Madrid”. Así lo ven en Más Madrid: “Un claro movimiento para escurrir el bulto de sus competencias en el control de las cotorras”.

Expropiaciones forzosas a favor del Canal de Isabel II. El proyecto del Gobierno de Ayuso añade un artículo 15 a la norma que regula el abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, declarando de interés de la Comunidad las obras “necesarias para garantizar ininterrumpida y adecuadamente los servicios de aducción, depuración y reutilización del agua”. Eso implicará que no estarán sujetas a licencia previa, ni sometidas a otros actos de control preventivo municipal. Pero no solo eso. “La aprobación del proyecto técnico de las obras de interés de la Comunidad de Madrid comportará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos correspondientes a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres”, se lee en el texto.

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