El pasado sábado, 17 de junio, durante la jornada de constitución de los ayuntamientos, Santiago Abascal prometió hacer desaparecer “concejalías ideológicas como las de Igualdad” en los consistorios donde existiera dicha cartera y en los que Vox ha accedido al poder con el PP. La amenaza del líder del partido ultra primero se materializó en Talavera de la Reina (Toledo), Orihuela y Elche (Alicante). Y después se ha replicado en otras grandes ciudades conforme avanza la conformación de los gobiernos locales. Este lunes, en Valladolid y Toledo también fue fulminada; y, este martes, ha sido borrada a su vez del Ayuntamiento de Huelva, donde los populares alcanzaron con Vox un acuerdo programático, sin que los ultras hayan entrado en el Consistorio. Entre tanto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que no darán marcha atrás en la lucha contra la violencia machista.

En Huelva, el Partido Popular ni siquiera necesitaba a Vox para hacerse con el bastón de mando al quedarse a solo un concejal de la mayoría absoluta el 28-M. Pero, aun así, ambas formaciones firmaron un pacto programático el viernes a cambio del voto a favor de la formación ultra en el pleno de investidura. Este martes, la alcaldesa popular, Pilar Miranda, que desalojó al socialista Pedro Rodríguez, ha anunciado que prescinde de la concejalía de Políticas Sociales para sustituirla por Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad para fomentar la natalidad en la ciudad. La coyuntura es similar a la de otros ayuntamientos con alianzas de PP y Vox, donde las concejalías de Igualdad suprimidas han dado paso a la creación de carteras de Familia. “La igualdad y la familia no son conceptos contradictorios, ni la familia conlleva la desigualdad; hay gobiernos en los que Economía y Hacienda van juntos, y en otros van separados”, argumento Feijóo en una entrevista en la Cadena SER, en la noche de este lunes.

En la lucha contra la violencia machista, autonomías y gobiernos locales tienen una importancia central por varias cuestiones. Son las administraciones de mayor proximidad para las mujeres, las que tienen las competencias y las que reciben y ejecutan los presupuestos. Toda la red que España lleva creando y fortaleciendo desde hace dos décadas —desde centros de la mujer o asociaciones que asisten a víctimas, hasta las casas de acogida o los centros de crisis para violencia sexual— puede “peligrar” si quienes tienen que poner personal y recursos a su disposición “son ejecutivos que afirman que la violencia machista no existe”, explica Begoña Leyra, directora de la Unidad de Género de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Antropología.

Con estos cambios, además, se mezclan en una misma concejalía competencias que no persiguen los mismos propósitos. En el caso de la concejalía de Igualdad: la no discriminación de la mujer, la promoción efectiva de la igualdad en todas las esferas y medidas para atajar la violencia machista. Mientras que las carteras de Familia centran su acción en las ayudas e iniciativas tendentes a sustentar y proteger los núcleos familiares. Por lo que la sustitución de una por otra diluye el propósito de la primera. Es más, en algunos ayuntamientos populares, sin Vox, se contemplaban en el pasado estas concejalías de Igualdad. Los populares asumen este cambio para poder alcanzar las alianzas allí donde se han apoyado en los ultras. En Burgos, Valladolid y Toledo fue el PSOE la candidatura más votada en las urnas del 28 de mayo, pese a la insistencia de Feijóo en ofrecer a Sánchez que gobierne la lista más votada.

Ofrecimiento de votos

En Castilla-La Mancha, el PSOE de Emiliano García Page ha ofrecido este martes sus votos para, durante el mandato que ahora empieza, apoyar normativas en materias de igualdad que promueva el Partido Popular en los Ayuntamientos y se oponga Vox. En el caso de las Concejalías, en cualquier caso, queda a la discrecionalidad de la Alcaldía al no tener que someterse a votación en la Corporación local.

También se está cambiando en los distintos territorios en común el concepto de violencia machista por el de violencia intrafamiliar. Como en el último acuerdo de Baleares para acordar la composición de la mesa, sellado este lunes, o el pactado para gobernar conjuntamente en la Comunidad Valenciana, firmado la semana pasada. “La violencia machista es una obviedad. Lo obvio no debe llamarnos la atención que no esté en los textos. No porque lo diga el PP, no le guste a Vox o le guste mucho a la izquierda, sino porque lo dicen los jueces, y hay sentencias que lo acreditan”, subrayó Feijóo en la Cadena SER.

En esa entrevista, el líder del PP se refirió al caso de Carlos Flores, candidato de Vox por Valencia, condenado por violencia machista hace dos décadas. “Tuvo un divorcio duro” que “conllevó abuso verbal hacia su exmujer”. “Es un catedrático de Derecho Constitucional, ha cumplido la sanción y se ha producido hace 20 años, es verdad”. Unas declaraciones contra las que ha cargado, en la misma emisora y en la mañana de este martes, la vicepresidenta Yolanda Díaz: “El señor Feijóo ha legitimado que se maltrate a las mujeres física e intelectualmente porque alguien está en un proceso de separación y esto le invalida para gobernar nuestro país”. El portavoz de campaña, Borja Sémper, en una entrevista en TVE, también en la mañana de este martes, ha replicado. “Un condenado por violencia machista no tiene que estar en una institución pública y ser vicepresidente. Y eso es lo que ha sucedido”, ha señalado Sémper, quien ha señalado que el presidente de su partido solo recogía las “justificaciones” que “algunos mantenían” para “minimizar el impacto” de la condena, pero ha insistido en que la posición del PP es “clara”, que se trata de un “principio político inamovible”, y que es algo que Feijóo también “comparte”. “Él [Feijóo] recoge algunas de las cosas que nos decían para minimizar la importancia de este hecho. Y a las pruebas me remito de que no surtió ningún efecto en el PP”, ha sentenciado.

Náquera, sin bandera LGTBI ni concentraciones contra la violencia machista

En el municipio valenciano de Náquera, que desde este sábado está gobernado por Vox, no colgará este fin de semana, coincidiendo con la celebración del Orgullo, la bandera LGTBI en el Ayuntamiento, tal como consta en el acuerdo firmado con el PP para el gobierno de la localidad. Según el texto, tampoco se celebrarán concentraciones contra la violencia machista y estas se sustituirán por otras bajo el lema “no a la violencia” o “condenamos toda violencia”. Vox fue el partido más votado en Náquera el pasado 28-M pero ha precisado del voto de los tres concejales del PP para acceder a la Alcaldía.