España en los programas electorales | Listas de espera y salud mental: retos en la sanidad tras el 23-J
Todas las formaciones se proponen acabar con la saturación del sistema, pero en realidad la mayoría de las competencias y el presupuesto están en manos de las comunidades
Cuando hablan de sanidad, los programas electorales de los grandes partidos suelen incluir aspiraciones que no siempre dejan claro cómo conseguir. Dos que se repiten siempre son mejorar la atención primaria y reducir las listas de espera. Todos suscriben el objetivo, pero las vías para alcanzarlo son más discutibles, o directamente no se explicitan. Ambos son aspectos que necesitan cambios tras la pandemia: las demoras para intervenciones quirúrgicas y para ver a un especialista han batido récords, la demanda en los centros de salud no ha parado de subir, y el número de médicos baja sin cesar desde hace años.
La función de la red de primaria, esto es, atender en uno o dos días a los ciudadanos para sus dolencias más cotidianas, no se cumple para la mayoría de la población en ninguna comunidad autónoma —excepto en Navarra, donde el 57% de los ciudadanos consigue cita el mismo día o el siguiente—, según el barómetro sanitario de 2022. La media española es del 23,4% (solo ese porcentaje de pacientes logra cita el mismo día o el siguiente) y la mayoría de las regiones más pobladas están por debajo de esa cifra: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid, Baleares y Canarias, además de la ciudad autónoma de Ceuta.
Uno de los problemas que explica esta situación es que no hay suficientes médicos. La oferta de plazas MIR (la residencia para especializarse que suelen hacer los graduados en Medicina al terminar la carrera) cayó durante los años posteriores a la crisis financiera de 2008 y, aunque se ha ido recuperando en los últimos ejercicios, el ritmo de jubilaciones es mucho mayor que el de especialistas que salen acreditados para cubrir sus plazas. Las sociedades científicas calculan que hay un déficit de unos 5.000 médicos de familia en toda España, y que será de 9.000 en 2027. En el Sistema Nacional de Salud español hay 167.972 médicos, de los cuales 36.075 son de atención primaria.
Pero estas sociedades apuntan que el problema no es solo que no se formen suficientes médicos, sino también que las condiciones laborales que se les ofrecen en los centros de salud les llevan a buscar alternativas —como marcharse al extranjero o trabajar en urgencias— mejor remuneradas. En las dos últimas convocatorias MIR han quedado plazas sin cubrir en medicina de familia: 131 vacantes en el año 2023 y 200 en 2022.
El futuro Gobierno que salga de las urnas del 23-J tiene en su mano parte de la solución para los problemas del sistema sanitario, pero en realidad el grueso recae en las comunidades autónomas porque son estas las que, desde principios de este siglo, tienen transferida la competencia en sanidad. El Ministerio de Sanidad ha perdido casi todo su peso, y más aún después de que Pedro Sánchez lo trocease en tres partes: Sanidad, Consumo y Asuntos sociales.
El ministerio sí tuvo un papel protagonista —que nadie podía haber imaginado al comenzar la legislatura— durante la crisis por la covid, pero una vez que la emergencia sanitaria se ha dado por cerrada vuelve a un papel secundario, en el que son las comunidades las que manejan los grandes presupuestos para sanidad; el Gobierno central es más bien un árbitro que legisla y que marca el camino a las autonomías, con inversiones y planes a las que estas se suman. Puede establecer objetivos obligatorios por ley, pero son las comunidades las que luego tienen que decidir de qué manera, con qué medidas conseguir esos objetivos.
Es el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, el que tiene la decisión final en la convocatoria de plazas MIR, pero para ello los gobiernos regionales las tienen que solicitar, acreditar y financiar.
Otro ejemplo: el Gobierno impulsó un plan de 100 millones de inversión en salud mental en tres años, que tiene que ser implementado y complementado por las autonomías con sus presupuestos.
España está muy por detrás en los medios que destina a este problema con respecto a sus vecinos: hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la red pública, tres veces menos que la media europea. También escasean los psiquiatras: 11 por cada 100.000 personas, casi cinco veces menos que en Suiza (52) y la mitad que en Francia (23), Alemania (27) o Países Bajos (24), según los últimos datos de Eurostat.
Con respecto a las listas de espera, más personas que nunca están esperando una intervención quirúrgica: 793.521. La media en España es de 122 días para una operación y 95 para una cita con el especialista, con una gran variación entre comunidades.
Lo que sí está en manos del Gobierno es una legislación sanitaria que determine a quién atender y cómo. Puede imponer modelos a las autonomías y también regular la universalidad de la sanidad.
En 2012, el Gobierno del PP recortó los derechos sanitarios a inmigrantes irregulares, que solo podían ser atendidos en urgencias o en los servicios de maternidad. Cuando el PSOE recuperó el poder, en 2018, uno de los primeros decretos que impulsó buscaba recuperar esta asistencia, aunque las ONG se quejan de que los resquicios burocráticos todavía dejan fuera a los migrantes en muchas ocasiones y piden eliminar todas las trabas.
Este es un resumen de las propuestas en sanidad de los cuatro principales partidos que concurren a las elecciones el 23 de julio.
PSOE: defender la sanidad pública
El PSOE inicia su programa sanitario con una declaración de intenciones: “Frente a la derecha [...] defender una sanidad pública, gratuita y universal”. Además de sacar pecho por la ley de eutanasia, el aumento de plazas MIR (para formar a médicos especialistas) o la inversión en atención primaria (que, a pesar de todo, está en una situación crítica desde la pandemia), entre otras muchas actuaciones en los últimos cinco años, establece varios compromisos.
El más destacado es acabar con las listas de espera, estableciendo “por ley” unos tiempos máximos de espera de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días la cita con el especialista y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia del ciudadano. Sería una forma de exigir resultados a las comunidades autónomas, que, al estar la competencia transferida, serían las que tendrían que poner los medios para alcanzar esas metas. También se comprometen los socialistas a “establecer garantías” para que la espera en asistencia a la salud mental sea de un máximo de 15 días en menores de 21 años.
Además, propone ampliar la cobertura de la salud bucodental, que ya inició la pasada legislatura, y añade como novedades una ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a niños y niñas menores de 18 años para familias con pocos recursos y un IVA superreducido para los alimentos sin gluten especiales para personas celiacas. El documento también aboga por revisar la legislación antitabaco, algo que debía haber hecho en la anterior legislatura con una estrategia nacional que dejó guardada en un cajón.
Partido Popular: reforzar la atención primaria
El refuerzo de la atención primaria es la propuesta estrella del PP en el ámbito sanitario. Feijóo apuesta por crear 1.000 plazas adicionales de MIR para medicina de familia y “hacer más atractiva” esta especialidad, aunque no explica cómo. Quiere reformar la jubilación activa, que ya puso en marcha el actual Gobierno, y crear una especialidad de medicina de urgencias, cuyos trámites también están ya en marcha. Una propuesta que incluye el programa, muy reclamada por las sociedades médicas, es impulsar la figura del personal administrativo sanitario, profesionales especializados que ampliarían sus competencias y ayudarían a desatascar el trabajo burocrático de médicos y enfermeras.
El programa menciona la eutanasia, pero no entra en detalles sobre lo que hará con ella: se limita a decir que reformará la ley “tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética” y que impulsará los cuidados paliativos. Aunque no queda claro qué será de esta norma si el PP gana, especialmente si necesita a Vox (radicalmente contrario a ella), es una modulación de la postura que habían mantenido los populares, que votaron en contra de este derecho en el Congreso cuando se aprobó y lo recurrieron al Tribunal Constitucional.
Vox: devolver las competencias al Gobierno central
Vox quiere devolver las competencias en materia sanitaria al Gobierno central y, para reducir las listas de espera, propone reforzar los conciertos con la privada. Hace mención a aumentar la inversión en atención primaria, con especial atención al ámbito rural, aunque sin dar detalles. Promete derogar las leyes de eutanasia y del aborto, que garantizan el derecho a morir dignamente y a interrumpir el embarazo voluntariamente. También propone restringir derechos sanitarios a los inmigrantes en situación irregular: “La atención abarcará las situaciones de urgencia vital y enfermedades infecto-contagiosas”.
El programa del partido ultra quiere ampliar prestaciones relacionadas con la salud bucodental y oftalmológica. Y añade: “Suprimiremos de la Sanidad Pública aquellas intervenciones quirúrgicas y hormonales ajenas a la salud (cambio de sexo, aborto, eutanasia, etc.), protegiendo especialmente a los menores de estas prácticas”.
Sumar: aumentar el gasto público
El programa de Sumar se compromete a subir cada año medio punto de PIB de inversión hasta llegar al nivel de los países europeos qué más dinero destinan en esta área —España invierte en Sanidad un 10,7% de su PIB, ligeramente por debajo de la media comunitaria (10,9%) y claramente menos que países como Alemania (12,8%) o Francia (12,2%)—. Con ello, la plataforma pretende ampliar prestaciones en disciplinas como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia.
Sumar quiere “impedir las formas de gestión privatizadas” mediante un “plan de desprivatización” que incluirá los servicios de limpieza, hostelería o lavandería en los centros sanitarios. Promulga también un “plan de choque” para la atención primaria, aunque no entra en ningún detalle de en qué consistirá. Sí se extiende en una de las banderas que han enarbolado los miembros de esta coalición: la salud mental. Quiere promover un pacto de Estado que, entre otras cosas, incremente el número de profesionales de psicología clínica, enfermería especializada en salud mental, trabajo social y psiquiatría de la red sanitaria pública.
PSOE
- Pacto por la salud mental, estableciendo garantías para que el tiempo máximo de espera sea de 15 días para menores de 21 años. Incrementar hasta el 30% las plazas de formación en especialidades de Salud Mental.
- Salud bucodental y visual: incorporación progresiva de servicios como empastes o implantes dentales a los mayores de 75 años. Ayudas para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos.
PP
- Crear la especialidad de medicina de urgencias.
- Reformar la Ley de Eutanasia “tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética”.
- Estrategia Nacional en Salud Mental, centrada en la atención temprana a niños y adolescentes, con programas de salud mental en las escuelas y un Plan Nacional de Prevención del Suicidio.
Vox
- Suprimir de la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas y hormonales “ajenas a la salud” (cambio de sexo, aborto, eutanasia).
- Incluir en la cartera de servicios la salud bucodental y oftalmológica.
- Derogar las leyes de eutanasia y del aborto.
- Reforzar la Estrategia Nacional de Salud Mental.
- Preferencia sanitaria a todo español y residente legal. Los inmigrantes en situación de ilegalidad solo podrán ser atendidos en situaciones de urgencia vital y enfermedades infectocontagiosas.
Sumar
- Incorporar a la red pública prestaciones en salud bucodental, nutrición, salud óptica, audioprótesis, psicoterapia, terapia ocupacional y fisioterapia.
- Ley de listas de espera que establezca tiempos máximos.
- Acabar con las guardias de 24 horas de matronas y enfermeras.
- Pacto de Estado por la salud mental, con atención específica en centros educativos.
- Creación de una empresa farmacéutica pública que fabrique y comercialice medicamentos, terapias y vacunas. Eliminación progresiva del copago farmacéutico.
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