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El Gobierno cierra oficialmente la emergencia sanitaria por la covid después de más de tres años

El Consejo de Ministros certifica el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en las farmacias, residencias y centros sanitarios

Clientes de una farmacia compran mascarillas en Soto del Real (Madrid).Foto: SANTI BURGOS | Vídeo: EUROPA PRESS
Pablo Linde

La covid-19 ya es, oficialmente, una enfermedad como otra cualquiera en España. El Consejo de Ministros de este martes ha decretado el final de la emergencia sanitaria que ha durado casi 40 meses y que se cierra con el cese de la obligatoriedad de las mascarillas en los últimos lugares donde no eran optativas: centros sanitarios, residencias y farmacias.

El fin de la crisis y de las mascarillas, que ya no estarán reguladas por ley y tendrán el mismo uso que antes de la pandemia, serán oficiales con su publicación en el BOE, previsiblemente este miércoles (aunque podría demorarse al jueves).

“Salimos mucho más fuertes”, ha dicho el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones. “1.207 días después [del comienzo del estado de alarma], damos por finalizada la situación de crisis y todas las medidas extraordinarias adoptadas durante estos meses. Podemos decir, sin bajar la guardia, adiós a una pandemia que ha marcado nuestras vidas en estos años”, ha añadido.

La medida se apoya en un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que fue compartido con las comunidades autónomas el pasado 23 de junio. Miñones ha tenido un recuerdo para las víctimas de la covid y ha incidido en la importancia que han tenido las vacunas para salir de la crisis “ahora que hay antivacunas al frente de las administraciones”.

Pese al fin de la emergencia, el ministro de Sanidad ha abogado por mantener “la cultura de responsabilidad”, aprender del proceso que el país ha vivido, al tiempo que ha pedido que se mantenga la utilización de las mascarillas y otras medidas higiénicas en las personas con síntomas de infección respiratoria.

A efectos prácticos, en lo que respecta al día a día de los ciudadanos, la terminación de la emergencia sanitaria se traduce sobre todo en el fin de las mascarillas obligatorias. Pero también decae un marco jurídico que se puso en marcha tras los estados de alarma y que permitía agilizar decisiones y normativas, así como suprimir burocracia a la hora de producir medicamentos y productos sanitarios.

La decisión del Consejo de Ministros también influye en las notificaciones relativas a los contagios. Aunque se seguirá monitorizando la covid, se hará como con otras enfermedades, como puede ser el caso de la gripe. Los informes semanales sobre la situación epidemiológica entre los mayores de 60 años del Ministerio de Sanidad, dejarán previsiblemente de publicarse.

Según el último boletín, publicado el pasado viernes, desde el comienzo de la pandemia, en España se han diagnosticado más de 13,9 millones de casos, lo que se queda muy por debajo de la cifra real de infecciones, que ya es prácticamente imposible de calcular con precisión. Han fallecido, de acuerdo con estas estadísticas, 121.760 personas desde que lo hiciera la primera víctima, el 13 de febrero de 2020 (aunque se conoció días después).

Los hospitales atraviesan por la mejor situación desde que hay registros: 1.297 ingresados en planta y 86 en cuidados intensivos. Muchos de ellos, ni siquiera fueron hospitalizados por culpa del coronavirus, sino que se infectaron allí o dieron positivo cuando acudían por otros motivos. “La covid es ahora la menor de nuestras preocupaciones”, dice Rafael M. Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, quien cree que, a falta de leer el texto que apruebe el Consejo de Ministros, no va a suponer ningún cambio en los procedimientos sanitarios.

La medida del Gobierno, dice José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, sirve para “dar coherencia” a la normativa española con respecto al fin de la emergencia sanitaria internacional, que la Organización Mundial de la Salud decretó el pasado 5 de mayo. No quiere decir que el virus no circule, ni que deje de causar enfermedad, pero sí que es hora de abordarlo con otras herramientas y sin recurrir a las que se usan en casos de emergencia.

Tareas pendientes

Martínez Olmos recuerda que esta crisis sanitaria se ha cerrado sin conocer las conclusiones que el Gobierno encargó a un grupo de expertos independientes, que tenía la misión de elaborar una evaluación sobre las medidas que se tomaron en la pandemia con una serie de recomendaciones para las que puedan venir en el futuro. “Tienen un trabajo claro: que sean capaces de mirar hacia el futuro. Han de proponer medidas para futuras crisis, contribuir a generar conocimiento de valor para todas las autoridades sanitarias. Tienen que evaluar el desempeño de todo el Sistema Nacional de Salud”, dijo la por entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando encomendó la tarea a cuatro expertos. De eso hace casi dos años.

En opinión de Martínez Olmos, hay algunos aprendizajes que sí han calado: “Parte de la población es consciente de que la posibilidad de una pandemia es real. Ha quedado claro el papel importante de las autoridades sanitarias y que hay que tener reservas estratégicas con materiales de protección, algo que sí se ha aprendido, porque la Unión Europea ha hecho acopio de esa reserva. También me parece que ha quedado claro el papel de la salud pública, hay que reforzarla”.

El abrupto fin de la legislatura ha dejado sin concluir una meta que se había propuesto este Gobierno: la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que tendrá que concluir el Congreso que salga de las elecciones del 23 de julio.

Alberto Infante, profesor emérito de salud internacional en la Escuela Nacional de Salud, resalta que también ha quedado pendiente aplicar algunas conclusiones del informe de la Comisión de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el Congreso en julio de 2020. Algunas que le parecen relevantes son fortalecer la vigilancia de los riesgos y daños para la salud (con médicos centinela, laboratorios, suministro de insumos críticos, etc), la educación para la salud y la atención primaria. “Y, también, revisar el marco normativo para que la respuesta a este tipo de situaciones sea más rápida y eficiente desde el primer momento”, añade.

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Sobre la firma

Pablo Linde
Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en Andalucía.

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