El Gobierno apura plazos para crear la Agencia Estatal de Salud Pública esta legislatura

El Gobierno pretende que la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) comience a funcionar esta misma legislatura. Los plazos son muy justos, pero técnicamente podría ponerse en marcha este mismo año. El Consejo de Ministros ha enviado el anteproyecto de ley al Congreso por vía de urgencia para cumplir un viejo compromiso que data de 2011, pero cuya necesidad se ha puesto claramente de manifiesto con la pandemia.

Una vez que llegan al Congreso, las leyes suelen demorarse unos cinco meses, pero la vía de urgencia puede reducir los tiempos a la mitad. Tras su aprobación por las dos cámaras, se pondrá en marcha un plazo de un máximo de seis meses para crear sus estatutos, que son los que tendrán que determinar desde su ubicación hasta qué organismos dependerán de la AESP, pasando por la forma de elección de su dirección.

Este nuevo organismo, que dependerá del Ministerio de Sanidad, tendrá la misión de dar respuestas a las emergencias de salud que surjan y, según ha dicho la ministra Carolina Darias, irá un paso más allá: se encargará de “vigilar, identificar y evaluar estado de salud población, de los problemas y amenazas, prestando especial atención a desigualdades sociales”.

La nueva ley, ha señalado Darias, obligará al resto de las administraciones a aportar información y datos a la Agencia, que tendrá la misión de unificarlos, coordinar su acción y servir de interlocutora con organismos internacionales, como el Centro Europeo de Control de Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud.

Parte de estas tareas estaban asignadas hasta ahora a un pequeño departamento del Ministerio de Sanidad: el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dirigido por Fernando Simón. La idea es que crezca, gane en autonomía e incorpore bajo su tutela a otros organismos, aunque está por determinar cuáles y cómo.

La propia naturaleza jurídica (de agencia y no una dirección, por ejemplo) está pensada, entre otras cosas, para paliar problemas que se vieron durante la pandemia, como la contratación de personal de forma más ágil. También para ganar una mayor efectividad en el tratamiento y la centralización de estadísticas, que fue una auténtica pesadilla para las autoridades sanitarias durante los primeros meses de crisis sanitaria y que es un mal endémico desde la descentralización de las competencias sanitarias, a principios de siglo.

“La agencia servirá para ser capaces de planificar y anticiparnos al futuro. Y lo hacemos por la determinación y compromiso para generar estructuras organizativas operativas, ágiles, autónomas y eficaces, capaces de hacer frente a nuevos riesgos y amenazas de salud. Era una iniciativa demandada tanto por los profesionales, la ciudadanía, y el arco parlamentario”, ha señalado Darias.

Se mantiene una de las principales incógnitas sobre la AESP: su ubicación, que tendrá que decidirse en sus estatutos. Dentro de la descentralización de organismos que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez, varias comunidades autónomas se han ofrecido a albergarlo. Fuentes sanitarias señalan, sin embargo, que aunque haya alguna sede institucional fuera de Madrid, será muy complicado que todo el peso del nuevo organismo salga de la capital, ya que tendrá que trabajar (si no absorber) grandes organismos, como el Centro de Salud Carlos III, que están establecidos en Madrid.